Back to top
11 de Junio del 2018
Ideas
Lectura: 6 minutos
11 de Junio del 2018
Ramiro Ávila Santamaría

Abogado, experto en derechos humanos y ambientales, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar

El genocidio por goteo en nuestras cárceles
Una democracia que permite la muerte de uno de sus miembros, por pobre o delincuente que sea, es una democracia repudiable, hipócrita, insensible, irresponsable e indeseable. ¿Cuántas personas condenadas por esas muertes existen? ¿Cuántos funcionarios por acción u omisión están investigados? ¿Qué planes existen para evitar más muertes?

Los muertos en nuestras cárceles se multiplican. Once muertos en ocho cárceles del Ecuador en lo que va del año. El dato es escandaloso pero no nos moviliza ni nos sacude. Si en lugar de cárcel pusiéramos algo así como “once muertos en guarderías del país”, o “mueren once ecuatorianos en accidente de aviación”, no dejaríamos de comentar en las casas, en las calles, en las escuelas, en los trabajos. Pero no, no son niños, no son gente de clase media que se transporta en avión. Sólo son once personas presas. Algo habrán hecho y seguramente se merecen, dirán algunos.

La verdad es que son once vidas, con sus respectivas familias y seres queridos. Más allá de si se merecían o no estar en la cárcel, sus vidas son importantes, como cualquier vida en una democracia y en un país que se presta de considerar que el máximo deber del Estado es proteger los derechos.

Pero una muerte en una cárcel es más grave aún. El Estado les encierra para rehabilitarlos y tiene control total de sus vidas. Sí, control total. Esto es: vivienda, comida, salud, bienestar, rehabilitación, estabilidad emocional, seguridad, vestido, recreación. Lo que pase ahí, cualquier cosa que pase, es responsabilidad del Estado. Todos los pretextos que hemos escuchado por parte de las autoridades para justificar las muertes son inaceptables. Si hay riñas, bandas delincuenciales, ambición de caporales, no pago para tener seguridad y más, no importan. Si alguien muere en la cárcel, la responsabilidad es del Estado. El lugar que debería ser el más seguro por tener cámaras por todo lado y guardias de seguridad también por todo lado, resulta ser un lugar donde las posibilidades de salir herido o muerto son inmensas y reales.

A esta condición carcelaria, donde los presos tienen altas posibilidades de morir, el profesor Zaffaroni la llamó “genocidio por goteo.” Genocidio es la eliminación sistemática o generalizada de un grupo humano. El grupo humano víctima tiene que tener algo en común, como la etnia, la nacionalidad o el estar preso; lo sistemático significa que existe una estructura que permite o promueve la muerte y lo generalizado quiere decir que las muertes son múltiples. No es exageración. Si se suman todas las muertes que han sucedido en las cárceles los últimos años, bajo la estructura, control y la organización del Estado, sin duda vamos a encontrar los elementos del genocidio.

Una democracia que permite la muerte de uno de sus miembros, por pobre o delincuente que sea, es una democracia repudiable, hipócrita, insensible, irresponsable e indeseable. ¿Cuántas personas condenadas por esas muertes existen? ¿Cuántos funcionarios por acción u omisión están investigados? ¿Qué planes existen para evitar más muertes?

Estoy convencido que la mejor manera de evitar este genocidio por goteo es aplicar la constitución y sus derechos. En la constitución se establece que uno de los principios rectores de la política criminal es el derecho penal mínimo. Esto quiere decir que si un conflicto puede resolverse por medios distintos a la cárcel, hay que usarlo. La cárcel provoca mucho dolor, sufrimiento, traumas, innecesarios para la vida y que no pueden llamarse rehabilitadores, sino pregunten a quienes han gozado del poder y ahora están presos. Ellos pueden testificar lo estúpido y lo inútil de la cárcel, cuestión que ni pensaron cuando en ejercicio de poder se discutía y se aprobó el famoso el famoso COIP.

Ahora que el Consejo de la Judicatura va a cambiar de miembros, esperamos que también cambie de políticas de justicia, que quizá es lo más importante, en particular los patrones de evaluación de jueces y fiscales. No puede valorarse el número de sentencias condenatorias, el número de acusaciones fiscales, el número de juicios abreviados. El incentivo es tan perverso como premiar a los policías por el número de capturas o de toneladas de drogas. Con esto lo que hemos logrado es tener la tasa de presos más alta de nuestra historia republicana, un hacinamiento que produce violencia, 37 mil presos enjaulados como ratas en un laboratorio. Se tiene que valorar el número de conflictos resueltos, el número de acuerdos reparatorios, el número se inocentes a quienes se les hizo justicia, el número de penas alternativas, el número de sentencias proporcionales. Luchar contra la impunidad no puede significar meter presos a diestra y siniestra, sino resolver restaurativamente los conflictos sociales.

El derecho penal mínimo es la salida. Requerimos una política criminal garantista, una coordinación entre fiscalía, policía y judicatura, un freno al poder punitivo de la policía. La política punitivista y vengativa (más delitos, más penas, más presos, menos visitas, menos recreación, menos salidas alternativas), lo único que está produciendo es que cualquier pena que imponga un juez tiene el agravante de ser equivalente a una pena de muerte.

Si la democracia se mide por las condiciones de las cárceles, como sugiere el profesor Ferrajoli, nuestra democracia -triste herencia del correismo- es autoritaria y genocida.

 

GALERÍA
El genocidio por goteo en nuestras cárceles
 
1

[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

Dulcepamba, el río que quita el sueño a toda una comunidad
Susana Morán
Industria extractiva: ¿quién pone el cascabel al gato?
Redacción Plan V
Las cuatro claves de la nueva relación con Estados Unidos que deja el embajador Todd Chapman
Fermín Vaca Santacruz
Sky Jet, Sinaloa, DGAC, Base de Manta: las piezas otra vez se juntan
Redacción Plan V

[MÁS LEÍ DAS]

Los indicios de presunta concusión contra Duarte, Alvarado y Mera
Jean Cano
La fiesta de posesión de la Prefectura de Pichincha costó por lo menos USD 90.608
Observatorio de Gasto Público
Los "trece de la fama": el prontuario del correísmo
Redacción Plan V
Plan V lanza Sobrevivientes, un especial multimedia sobre violaciones a DDHH
Redacción Plan V