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12 de Mayo del 2022
Ideas
Lectura: 4 minutos
12 de Mayo del 2022
Juan Cuvi

Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.

El Gobierno quiere más seguridad y menos política
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Creen que un problema político se resuelve desde la seguridad policial. En el caso ecuatoriano, este discurso ha empujado al Gobierno a optar por la salida más radical. Y la menos adecuada. El viaje del presidente Lasso a Israel pretende, entre otros objetivos, dotarse de insumos y asesoría militar y policial para combatir la inseguridad en el país.

Si alguien tiene dudas respecto de la condición política del narcotráfico debería revisar lo que sucedió en Colombia la semana pasada. El Clan del Golfo decretó un paro armado de cuatro días que sitió al 16 por ciento de los municipios del país, incineró 180 vehículos, provocó la muerte de al menos 24 personas, bloqueó 26 carreteras y obligó a cerrar gran parte de los locales comerciales, escuelas, y universidades en algunas ciudades. En Montería se tuvo que suspender un partido de fútbol del campeonato nacional. En pocas palabras, se trató de un despliegue de fuerza que prácticamente acorraló al Estado colombiano en una extensa zona geográfica del país.

A diferencia de los paros armados decretados por las extintas organizaciones guerrilleras, que siempre plantearon un listado de reivindicaciones de carácter social, económico o político, este paro fue una respuesta frente a la extradición a los Estados Unidos de su principal líder, alias Otoniel. Es decir, planteó una confrontación con el Estado donde las agendas personales (tribales, sería la palabra apropiada) están respaldadas por una movilización inédita en la historia del vecino país. Como lo señala Laura Ardila, periodista de La Silla Vacía, el Clan del Golfo ha demostrado una enorme capacidad de expansión tanto en el control territorial como en la imposición del miedo colectivo.

Creen que un problema político se resuelve desde la seguridad policial. En el caso ecuatoriano, este discurso ha empujado al Gobierno a optar por la salida más radical. Y la menos adecuada. El viaje del presidente Lasso a Israel pretende, entre otros objetivos, dotarse de insumos y asesoría militar y policial para combatir la inseguridad en el país.

Según algunos analistas, este paro armado no solo demuestra que el Estado colombiano está perdiendo el monopolio del uso de la fuerza, sino que amenaza la propia existencia de la nación.

Insistir en el fracaso de la guerra contra el narcotráfico suena a cantaleta. Extensos estudios realizados en países donde este fenómeno data de mucho tiempo atrás, y donde ha alcanzado niveles extremos, lo demuestran hasta la saciedad. La estrategia basada en las acciones militares y policiales solo ha servido para complejizar el problema, además de beneficiar al negocio de la seguridad. En Colombia, la inversión militar ha crecido al mismo ritmo que los cultivos de cocaína.

No obstante, los gobiernos y la clase política de la región continúan insistiendo en las mismas respuestas. Creen que un problema político se resuelve desde la seguridad policial. En el caso ecuatoriano, este discurso ha empujado al Gobierno a optar por la salida más radical. Y la menos adecuada. El viaje del presidente Lasso a Israel pretende, entre otros objetivos, dotarse de insumos y asesoría militar y policial para combatir la inseguridad en el país.

Poco importa que los contextos sean totalmente distintos. Israel ha desarrollado un sistema de seguridad para responder a la amenaza de sus países vecinos y a la del fundamentalismo político-religioso. Desde hace 80 años vive en un estado de guerra permanente. Alrededor de este objetivo político, sus autoridades han conseguido posicionar la idea del control total de la sociedad.
¿Es eso lo que necesitamos en el Ecuador para responder a una amenaza que se nutre de nuestras propias deficiencias como Estado? Si las bandas criminales han alcanzado el nivel que están demostrando es porque ese mismo Estado, hoy amenazado, sigue excluyendo, marginando y empobreciendo a una buena parte de nuestra población. ¿Será que la ultra sofisticada tecnología de seguridad israelí servirá para controlar a tantos millones de excluidos? ¿Será que las medidas de seguridad compensan la ausencia de políticas públicas?

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