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11 de Septiembre del 2018
Ideas
Lectura: 6 minutos
11 de Septiembre del 2018
Jean Cano

Periodista de investigación, editor general de la revista Criterios de la Cámara de Comercio de Quito. 

El Gran Acuerdo Nacional contra la Corrupción
El gobierno está obligado a unirse al trabajo anticorrupción de las organizaciones de la sociedad civil, de las empresas honestas, de los sindicatos pluralistas y de los medios de comunicación que buscan más democracia. No repetir la entrega del botín político a los amigos, así sea por leves vinculaciones ideológicas, obscuras fidelidades partidistas y con empalagosos pretextos.

Para empezar, vale hacerse unas preguntas: ¿Usted pondría las manos al fuego por alguno de sus compañeros o colegas al afirmar que no han recibido o han entregado sobornos o coimas?, ¿Denunciaría a alguien cercano a usted o su familia si conoce que está involucrado en actos que pudieran parecer ilícitos?, ¿Cree que es mejor estar en cualquier ‘argolla’ de poder antes que fuera de ella?, ¿Trabajaría con alguien que esté implicado en casos de corrupción?, ¿Considera válido pensar en aceptar un trabajo sucio, porque sino alguien más lo hará y ganará lo que uno puede conseguir?, ¿Cree usted que le afecta la lentitud de la justicia ecuatoriana para condenar actos de corrupción?. 

Las respuestas a estos cuestionamientos pueden poner en jaque a muchos. Y hay un motivo... la decisión de combatir la corrupción tiene que ser durísima, hasta con la propia familia, si es el caso. Sin medias tintas. 

Los especialistas en el combate a los actos prohibidos que buscan lucrar de las arcas estatales coinciden en un punto: para iniciar la cruzada contra los corruptos se requiere decisión política al más alto nivel. Y eso puede trasladarse del poder político a la directiva de una empresa, a las autoridades de un establecimiento educativo, de la organización barrial, comunal. 

Hay iniciativas oficiales que han servido para empezar el camino. El Presidente conformó el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que sirvió para diseñar algunas iniciativas para poner cortapisas a los corruptos. Incluso reiniciar la enseñanza en valores en el sistema educativo, que no se concreta por cierto. 

Luego celebramos la Consulta Popular del 4 de febrero de este año, donde se decidió cortar la vida política de los corruptos y retirarles sus bienes. También se cesó al Consejo de Participación correísta. Seguimos en esa transición.

Iniciaron los diálogos del Gobierno con la ONU, a través de la excanciller María Fernanda Espinosa. El objetivo era formar una comisión que ayude a investigar los robos estales. Pero no hubo resultados. O sí... Uno: ahora ella es una altísima autoridad en ese organismo internacional. 

La Asamblea Nacional está ocupada con casos de gran relevancia, pero no hay consenso en el Pleno para determinar los cambios a todo nivel y limpiar al país de la década del robo. 

Finalmente, Lenín anunció hace un par de semanas la creación del Pacto Nacional Anticorrupción. Para buscar, primero, la independencia de las funciones del Estado. “La podredumbre es mayor de la que nos informaron”, dijo el presidente Moreno al anunciar su iniciativa. 

No obstante, todavía hacen cálculos. USD 18 000 millones en contratos entregados a dedo y sin control estatal; USD 30 000 millones que estarían relacionados con la corrupción, y regados dentro y fuera de las fronteras. En total 48 000 millones... Esa cifra supera con USD 14 000 millones al total presupuesto del Estado ecuatoriano aprobado para este año. Es decir, unos cuantos corruptos versus 16,8 millones de ecuatorianos.

Pero todavía son cifras lanzadas al aire. 

De hecho, la Fiscalía General de la Nación todavía abre indagaciones previas por tema de corruptelas de la década del correísmo. Es decir, la ola de la suciedad correísta todavía les pasa por sobre las cabezas de las autoridades. Ayer, el fiscal general Paúl Pérez, recibió la denuncia por los diezmos en la Asamblea Nacional. Pero todavía está pendiente la investigación de los diezmos en Alianza PAIS, el dinero que entregaban al partido decenas de funcionarios públicos de nivel medio y alto. La cuenta que engordaron esos militantes y simpatizantes -que todavía callan de manera cómplice- era de Banecuador.

Para que todos estos actos se hayan ejecutado hubo premeditación, violación de las leyes, abuso de poder, secretismo, complicidad, hasta omisión... en definitiva, impunidad... Esto nos muestra que la corrupción sí ha lastimado los principios de la convivencia en el país. 

Y para que esto se solucione se requieren no solo de las iniciativas gubernamentales, que de paso ya tiene un mandato luego de la Consulta Popular, sino de la sociedad civil, empresas, trabajadores y organismos internacionales. 

La transición que se ha iniciado para salir del correísmo no tendrá resultado sin un acuerdo mayor. Uno que solo tenga como base al gobierno de Moreno, que aguanta a algunos políticos ‘con muertos en el armario’... no funcionará. 

De hecho, el acuerdo no implica apelar a todos para que se unan al gobierno. No. El gobierno está obligado a unirse al trabajo anticorrupción de las organizaciones de la sociedad civil, de las empresas honestas, de los sindicatos pluralistas y de los medios de comunicación que buscan más democracia. 

No repetir la entrega del botín político a los amigos, así sea por leves vinculaciones ideológicas, obscuras fidelidades partidistas y con empalagosos pretextos, como rescatar la Patria o porque la izquierda es la honesta y la derecha es la hambreadora... Ridiculeces.  

Ese gran acuerdo todavía no llega... y la vida sigue.   

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