Impresos en grandes carteles con la leyenda “El Gran Hermano te vigila”, los sombrios ojos de un tenebroso rostro con bigote miran desde todas las esquinas a Winston, recordatorio para él y para todos los ciudadanos de la Gran Bretaña distópica y aterradora concebida por Orwell ensu novela 1984, de que nada de lo que hagan, nada, escapa ni escapará al ojo vigilante del Estado.

En 1984 Orwell nos dibuja un país miserable y gris gobernado con mano de hierro por un partido único dotado de todas las prerrogativas y cuyo fin último es el poder por el poder: “el poder es el valor absoluto y único, para conquistarlo no hay nada en el mundo que no deba ser sacrificado y, una vez alcanzado, nada queda de importante en la vida a no ser la voluntad de conservarlo a cualquier precio”, dice O’Brien a Winston.

Entre lo que debe ser sacrificado están todas las libertades de los ciudadanos, que no pueden mantener ni siquiera su intimidad siendo vigilados día y noche por los ojos del Gran Hermano, una realidad aterradora que al parecer ahora la estaríamos viviendo los ecuatorianos.

De acuerdo a información filtrada recientemente por Wikileaks, el Estado ecuatoriano, a través de la Secretaría de Inteligencia, sería cliente de una cuestionada empresa de espionaje en Internet llamada Hacking Team, conocida como “los enemigos de Internet” y acusada por varios organizaciones y activistas de facilitar la utilización de su software para reprimir derechos humanos en todo el mundo.

Las interioridades de los contratos suscritos entre el Estado ecuatoriano y Hacking Team, los pagos realizados y los servicios prestados y a prestarse están claramente detallados en los portales de Plan V, Gkillcity y La República, los que -no por coincidencia, eso es seguro- han estado bajo ataques cibernéticos desde la divulgación de la información (recordemos también que muchos portales de noticias han sido atacados mientras cubrían los plantones y marchas en contra del gobierno de Rafael Correa). Pero lo que parece estar claro es que esta compañía fue aparentemente contratada por el Estado ecuatoriano para poner en marcha un proyecto denominado Galileo, consistente en un sistema de monitoreo de internet y redes sociales que permite el acceso, sin dejar huella alguna, a nuestros archivos en computadores y teléfonos, incluyendo correos, llamadas de voz online y chats, incluyendo WhatsApp y Telegram.

En este punto es necesario recordar que el numeral 2 del artículo 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) señala que “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”, norma que está en  consonancia con el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los numerales V y X de la Declaración Americana. En armonía con estos preceptos, la Constitución del Ecuador, en el numeral 20 del Art. 66 determina que se reconoce y garantiza a las personas “el derecho a la intimidad personal y familiar.”

De esta forma están incorporados a nuestro ordenamiento jurídico los derechos a la privacidad y a la intimidad, que no son otra cosa que la prohibición a los particulares y a las autoridades públicas de inmiscuirse en el ámbito personal y privado de las personas. La única salvedad que contempla esta prohibición es que sea necesaria para la seguridad nacional o la seguridad pública, pero la misma no podrá ser ni arbitraria ni abusiva y deberá regirse bajo el debido proceso.

Bajo estas consideraciones, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que la recopilación y registro de información personal en computadoras, bases de datos y otros medios que realicen autoridades públicas o entes privados deben estar debidamente reglamentados en la ley, además de que esos datos deben estar debidamente protegidos para que no sean mal utilizados. Esta protección también incluye a toda comunicación telefónica o por otros medios como mensajes, chats o correos electrónicos.

Así, contra este derecho atentan no solo toda divulgación ilegítima relacionada con la vida privada o de una persona (como por ejemplo la divulgación de chats privados que se hiciera en días pasados de gente planificando, con todo el derecho que les asiste, marchas en contra del gobierno), sino también toda investigación ilegítima de los acontecimientos propios de esa vida, incluyendo la intercepción de comunicaciones de cualquier índole.

En concordancia, el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal señala que la violación a la intimidad se da cuando, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, alguien “acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio”.

De demostrarse que el gobierno ecuatoriano ha estado vigilando a sus ciudadanos de forma ilegal e ilegítima, estaríamos ante la más grande violación de derechos humanos de la historia del país y dado que no estamos en la Gran Bretaña distópica de 1984 (aunque algunos esfuerzos gubernamentales vayan por ese lado), es obligación del Fiscal General de la Nación investigar a fondo la información divulgada por Wikileaks y determinar responsabilidades, y nuestro deber como ciudadanos es exigir que así se haga, porque a diferencia de Winston, nosotros no podemos conformarnos ni rendirnos, debemos luchar por nuestros derechos y combatir sin tregua al Gran Hermano.