El Fiscal de la Nación vinculó a Jorge Glas a una investigación penal.  La figura utilizada en contra del vicepresidente es la asociación ilícita, un delito menor de baja punición. Para esto la fiscalía pidió la autorización de la Asamblea Nacional pero, para muchos, esto se trataría de un gran tongo político.

Los oficialistas están insinuando con esto que el vicepresidente Glas ya ni siquiera se merece un juicio político y que se merece, de ahora en adelante, solo un juicio criminal.

Con esta maniobra, la fiscalía asegura un abordaje político de un asunto judicial, la subordinación de la investigación penal a la votación legislativa y una declaración de culpabilidad o inocencia sometida a los criterios poco lúcidos de una mayoría gobiernista disciplinada desde Bélgica.

En un sistema acusatorio como el nuestro, la acusación da vida a un juicio penal. Sin acusación no hay juicio. Pero la acusación es posterior a la instrucción e inclusive responde a etapas procesales distintas. De la misma manera, una instrucción se apertura precisamente para buscar sustanciar la formulación de los cargos acusatorios. Entonces, sin instrucción no hay acusación.
La Constitución ordena a la Asamblea Nacional a autorizar el enjuiciamiento penal al vicepresidente. Por eso, el fiscal nacional Baca Mancheno solicitó tal autorización, que pasa primero por la Corte Nacional de Justicia, obviando las etapas de investigación y acusación anteriores. ¿Puede hacer esto? No. Esto viola el debido proceso penal.

De esta forma, la Asamblea Nacional resolverá esta solicitud bajo estos antecedentes. Bien podría alegar la nulidad procesal, votar en contra del enjuiciamiento (no por falta de pruebas, sino por falta de solemnidades), entrar a valorar la prueba, declararse jueces, desechar todas las evidencias y tirar a la basura la investigación desarrollada por la fiscal Diana Salazar que involucra al vicepresidente Glas en la comisión de delitos en contra la administración pública, que era lo reclamado por el presidente Serrano al desechar su solicitud para el enjuiciamiento político.

La mayoría gobiernista dirá lo de siempre: que no hay prueba alguna y que Glas es inocente sin investigación. Claro, el fiscal nacional ni siquiera ha formulado los cargos de acusación para luego proceder al juicio porque prefirió tirar la pelotita a la arena política, violar la independencia de poderes, politizar una decisión judicial, y pedir a la mayoría gobiernista que lo sustituya en su trabajo.

Como la mayoría oficialista no votará pensando en el derecho o en la justicia, sino en su parcela de poder partidista, entonces existe el riesgo que niegue no solamente el juicio al vicepresidente Glas sino cualquier investigación penal en su contra. De esta manera sellarán la posibilidad de que se levanten cargos o que siquiera se sugiera la posibilidad de ser enjuiciado.

El “enjuiciamiento” al que se refiere la Constitución solo puede ser entendido de una forma. El prefijo “en” que tiene la función de formar un verbo a partir del sustantivo “juicio”, convierte a la palabra “enjuiciar” en la acción de someter a juicio a alguien, según el Diccionario de la RAE. Si juicio y enjuiciar son sinónimas no cabe hacer interpretaciones extensivas que en el mismo derecho penal están prohibidas, así como tampoco es aceptable, bajo la misma restricción, confundir al proceso en general con el juicio en particular.

La Constitución ordena la autorización legislativa en caso de enjuiciamiento, pero la interpretación hecha por el fiscal nacional se extiende a todo el proceso penal, lo que blindaría al vicepresidente de cualquier tipo de investigación o acusación, y sin estas dos será imposible iniciar ningún juicio. Entonces, el doctor Baca Mancheno podrá lavarse las manos tranquilamente, podrá decir a viva voz que lucha todos los días en contra de la corrupción y que se somete democráticamente a las decisiones institucionales del Estado de Derecho. Así habrá caído el telón de la comedia mejor montada, que maquilló una decisión técnica de investigación penal, bajo los adornos de una votación política.

@ghidalgoandrade