Lamentablemente, el discurso del odio funciona. Funcionó siempre y quienes han ostentado el poder, lo saben. Alimentar la crueldad innecesaria en aras de aumentar la popularidad resulta un negocio rentable.  

En el año 242 a.C., empezaron los que hoy conocemos como juegos romanos; época en la que la vida era un objeto, y la muerte, instrumento de una diversión colectiva que aumentaba la popularidad de quien la propiciaba. Criminales, opositores, cristianos, enemigos e inocentes fueron condenados a morir en la arena, obligados a luchar atados, en un desesperado intento por sobrevivir. 

1800 años después, supuestamente más cultos y letrados, “respetuosos de los derechos de los demás”, hay quienes hacen absolutamente lo mismo. La nueva arena son las Cortes, y el derecho sacrificado es la libertad. La fórmula perfecta para influir en la opinión pública es sembrar odio en contra de los enemigos, para condenarlos en una corte en la que luchan desesperadamente por su libertad; pero, al igual que en la época del imperio romano, se defienden amarrados y con espadas de madera, sin posibilidades de ganar.

¡La historia no les ha enseñado nada! En estos años vimos cómo juzgaron a los 10 de Luluncoto, El Universo, La Hora,  Sobornos, Singue, Secom: en total desventaja, con sentencias redactadas antes de las audiencias, con jueces que violan cuanto derecho se les atraviesa, si el precio de respetarlo significa libertad.

En ese discurso de venganza perdemos todos. Perdemos como sociedad, pero los que más pierden son los inocentes, aquellas personas que nada tienen que ver, y caen como efecto colateral del odio. Así murieron los esclavos, hijos y esposas de los enemigos de los dueños del poder; así encarcelaron a diez jóvenes inocentes acusándolos de terroristas; a cientos de policías acusándolos de intentar matar a un presidente; así persiguieron indiscriminadamente a periodistas que denunciaba lo que, a su parecer, era corrupción; así encarcelaron a exfuncionarios de la Secon, así violaron todo derecho de Ola Bini; así acusaron a empresarios que nunca han contratado con el Estado; y así persiguen a más de 15 funcionarios, acusados de haberse concertado para perjudicar al Estado, en un contrato en el que el Ecuador ha ganado más de USD 300 millones de dólares.