Hace más de dos años (25 meses), ocurrió un temblor que se sintió en la provincia de El Oro. Esto provocó que la entonces gobernadora, Rosa Lopez Machuca, convocara al COE Provincial. En ese COE Provincial (17 noviembre de 2017) se ordenó la evacuación del Hospital Humberto Molina de la ciudad de Zaruma, hospital público que ha servido al distrito de salud de Zaruma, Portovelo— Atahualpa, durante más de 70 años.  Hasta el día de hoy el Hospital continúa evacuado, sin que se haya ejecutado, por parte del Ministerio de Salud Pública o alguna otra institución del Gobierno Central, obra alguna para resolver las supuestas causas que provocaron su evacuación.

Menos de un mes después de haber evacuado el Hospital Humberto Molina, la Dirección de Infraestructura Sanitaria del MSP en su informe DNIS–20170–797 del 4 de diciembre del 2017, manifestó que “Las estructuras del hospital no colapsaron y se encuentran en regulares condiciones de desempeño sísmico, por lo que pueden ocupar las mismas, previo al reforzamiento estructural estabilizando la cimentación y contrapiso respectivo…”.

En términos similares. la Secretaría Nacional de Riesgos emitía su informe SGR–IASR–08–0175, elaborado el 20 de diciembre de 2017 que en sus conclusiones establecía: “La edificación estructuralmente se encuentra estable, no presenta riesgos significativos de un posible posible colapso”. Esto significa que un mes después de evacuado el Hospital, el Gobierno ya conocía estas circunstancias, pero no hizo nada.

¿Por qué no reabrieron el Hospital Humberto Molina? No existe una respuesta clara por parte del Gobierno. Es mi opinión que quienes eran responsables del tema no lo hicieron porque existió desidia por parte de las autoridades que, desde la bicentralidad que reina en el Ecuador, no sintieron como propio el problema de una población aislada como la de Zaruma, sumado a la incapacidad de los burócratas locales que no han sabido procesar adecuadamente la información producida por las propias instancias del gobierno e informarlas a quienes deben tomar decisiones.

La Defensoría del Pueblo (DPE), a solicitud del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Hospital, inició en el 2018 una investigación donde logró recopilar varios informes, documentos, testimonios y además se realizó una visita a las instalaciones donde ahora se presta el servicio de salud a la ciudadanía de Zaruma. Como resultado de la Investigación, en noviembre de 2018, se dictó la Resolución Defensorial 43–DPE–DPEO–2018–PEM donde se resolvió declarar que se habría vulnerado el derecho a la salud establecido en el artículo 32 de la Constitución por parte de la Función Ejecutiva , ya que no actuó oportunamente para corregir los problemas que llevaron al cierre del Hospital.

Dicha Resolución fue impugnada por las instituciones del gobierno y en Agosto de 2019 se dictó la Resolución de Reconsideración 019–ADHN–DPE–2019 que en su parte medular establece que “efectivamente , con la evacuación del Hospital Humberto Molina, se produjeron afectaciones a los derechos de la salud de las y los habitantes de Zaruma porque las condiciones en las que reciben las prestaciones de salud no son congruentes con los estándares mínimos…”

La atención de salud, que antes se brindaba en las instalaciones del Hospital Humberto Molina, fue trasladada a varios lugares. La atención médica hospitalaria fue trasladada al Centro Materno Infantil del IESS en Zaruma, un centro que acababa de ser inaugurado por el IESS, pero que no tiene el mismo nivel de atención que un Hospital. Por ejemplo, el Hospital tenía capacidad para 20 camas, mientras que el Centro Materno Infantil tiene siete. El Centro no tiene área de aislamiento para el caso de enfermedades infecciosas y según testimonio de médicos y enfermeras se vive un hacinamiento debido a la falta de espacio. Por otro lado, la atención ambulatoria se la realiza en las instalaciones antiguas del IESS ubicadas en el Parque Central de Zaruma. A pesar de la evacuación, el área de estadísticas, las bodegas de farmacia y el centro de imágenes siguen funcionando en el Hospital Humberto Molina, lo que significa que a pesar del “riesgo” que según el Gobierno justificó la evacuación, pacientes y trabajadores siguen expuestos al mismo.

En el expediente de la DPE se incorporó una visita hecha a las instalaciones donde actualmente se presta servicios de salud a los habitantes del distrito de Zaruma–Portovelo–Atahualpa y Paccha. Se recogieron testimonios de una señora que había dado a luz recientemente y que le tocaba compartir cuarto con una persona con enfermedad psiquiátrica, o el caso de un señor al cual habían operado de varias hernias pero que al llegar una niña operada de un problema en el cerebro, le cedió en medio de la noche su cama y le tocó permanecer sentado.

Las personas que deben tener una cirugía, que no sea menor en el Hospital Humberto Molina, deben ser trasladadas en ambulancia al Hospital en la ciudad de Piñas, luego de lo cual regresan casi inmediatamente luego de su cirugía al Hospital en Zaruma, poniendo en riesgo su integridad.

A raíz de esto, y dado el tiempo transcurrido sin que el Gobierno Central haya hecho nada por una situación que ellos mismo han provocado, se interpuso una Acción de Protección.  Los jueces de El Oro, haciendo gala de la nefasta reputación de nuestro sistema judicial, negaron la acción, primero en Zaruma el juez Ruilova, y luego la Sala de lo Penal de la Corte Provincial a través del juez Mejia y las juezas Medina y Zambrano. El argumento es que la atención médica no se ha suspendido, pero absolutamente nada dijeron de la calidad del servicio. Los jueces demostraron ignorar que el Derecho a la Salud involucra un contenido mínimo. Si un centro de salud, por ejemplo, está abierto pero no tiene insumos como medicinas y otros, no se puede decir que se garantiza adecuadamente el derecho a la salud. En el caso de Zaruma es peor porque el servicio de salud ha sufrido un deterioro por la negligencia y falta de acción del gobierno nacional.

La Corte Interamericana en el Caso Gonzáles Lluy y otros vs. Ecuador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó lo siguiente: … “el derecho a la integridad personal se halla directa e inmediatamente vinculado con la atención a la salud humana, y que la falta de atención médica adecuada puede conllevar a la vulneración del artículo 5.1 de la Convención. En este sentido, la Corte ha sostenido que la protección del derecho a la integridad personal supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación”. 

La Corte Constitucional del Ecuador también ha manifestado en reiteradas ocasiones que el derecho a la salud “implica también la obligación que tiene el Estado de actuar de forma preventiva por medio de servicios y prestaciones que permitan un desarrollo adecuado de las capacidades físicas y psíquicas… así como brindar atención médica, tratamiento de enfermedades y suministro de medicamentos a las personas que se ven afectadas en su condición de salud…”

Hace pocos días el Gobierno Nacional declaró a Zaruma como pueblo mágico. Merecido reconocimiento a una ciudad de arquitectura inspiradora, de deliciosa gastronomía y de gente amable y digna. Pero oportuno también porque es realmente mágico que en Zaruma a alguien le puedan garantizar adecuadamente su derecho a la salud, como mágico también es que este patrimonio ecuatoriano no desaparezca en los socavones de la minería legal e ilegal que el Gobierno Nacional es incapaz de controlar.

Es verdad, en junio del 2019 anunciaron que reabrirían el Hospital, sin embargo nada ha pasado hasta el día de hoy. Ante la falta de respuesta de la Justicia, a Zaruma no le queda más que esperar si en el 2020, ahora sí, las autoridades hacen lo que en los últimos dos años no han hecho para reabrir el Hospital Humberto Molina y restituyen, al menos a los niveles previos al 2017 el nivel de atención de salud a los habitantes de los cantones Zaruma, Atahualpa y Paccha de la Provincia de El Oro.