En febrero, mi madre de 72 años tuvo una caída cuya consecuencia fue la fractura del pie derecho. La llevé al Hospital San Francisco en Quito del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), allí, luego de tomarle los signos vitales, la transfirieron a la sala de espera donde había alrededor de 100 personas que rogaban por ser aliviadas. Los casos de la mayoría fueron catalogados como graves pero los médicos atendían las emergencias cada tres horas. Cuando fue su turno le indicaron que su caso era de operación y que debía esperar al traumatólogo que estaba atendiendo otros pacientes.

Pasamos a una pequeña y fría sala, ya eran las 10 de la noche y allí se encontraban 11 pacientes más que se retorcían del dolor. Incluso una persona se desmayó, le brindaron una atención breve y le pidieron que siga esperando. Llegó la una de la mañana, doctores y enfermeras pasaban a nuestro lado sin mirarnos, algunos familiares permanecimos de pie, otros ya no aguantaron y se sentaron en el piso de baldosa. Hasta que, avanzada la madrugada, nos indicaron que nos regresemos a la casa porque el traumatólogo no iba a llegar.

Después de la orden de los asistentes médicos recordé las palabras de la Ministra de Salud, Verónica Espinosa, quien asegura que en el Ecuador no faltan médicos para atender en el sector público. La realidad en esa noche decía lo contrario. Me enojé por el trató que nos dieron, por la estupidez de enviarnos de regreso sin atención médica. Reclamé y ordenaron a los guardias que me sacaran, no salí y finalmente esto hizo que colocaran misericordiosamente yeso a los pacientes, que también protestaron por la falta de atención. Pero la pesadilla no terminó allí.

Los yesos fueron puestos a la maldita sea y las indicaciones entregadas por escrito eran erróneas. Mi madre que tenía una fractura en el pie, en el alta resultó con una fractura en el brazo. Lo mismo pasó con el resto de pacientes que desconozco en qué condiciones terminaron. En los siguientes días busqué un nuevo turno para que la valoraran mejor pues afirmaron que su caso era de cirugía. Además, el yeso fue colocado sin una radiografía previa.

Conseguí un turno en el hospital Carlos Andrade Marín y otro en el Hospital del Sur, en los dos centros me indicaron que tenga paciencia porque estaban con crisis de médicos, no había tantos doctores para que atiendan a todos los pacientes. Otra vez retumbó en mi mente las palabras de la Ministra que asegura lo contrario.

Ya pasaron dos meses y medio, y mi madre aún sigue con yeso a la espera de un diagnóstico especializado. En la última cita médica, pactada en el Hospital Carlos Andrade Marín, el doctor no la atendió pues tenía una reunión de emergencia. “Señora, vuelva la otra semana allí la atiendo porque allí tengo tiempo”, indicó mientras una doctora le decía que no saben qué hacer en el hospital ya que en ese momento tenían 20 pacientes sin cama y había que movilizar a otros.

Este relato es más largo y mi caso solo es un grano de arena de los miles que hay en el país, donde la vida de los afiliados al IESS parece no importar, donde los que pagan los aportes son maltratados mientras otros se robaron el dinero descaradamente. El precio por vivir de los afiliados al IESS es doloroso en este sistema corrupto.

Se habla de una cirugía mayor a la corrupción, sin embargo, a pesar de que hace tiempo, en la misma época del excontralor Carlos Pólit, ya se presentó un informe de la Contraloría, en el que se señalan responsabilidades penales en el sector de la Salud, en el IESS, hasta ahora, no se ha hecho nada.

Dicho informe examina las acciones realizadas por el IESS desde el 2012 hasta el 2015. Se determina que se hicieron pagos a proveedores de manera directa y por duplicado. También se dice que se pagaron insumos médicos por un valor superior a lo establecido en el tarifario del Ministerio de Salud Pública y se pagó por medicamentos que jamás fueron administrados a los pacientes. Se indica que solo en ese lapso de tiempo, se produjo un perjuicio al Estado por USD 261.182,66.

El mismo expresidente del Directorio del IESS, Richard Espinosa, indicó que en gestiones anteriores se dieron varias irregularidades, como el robo de medicamentos de las bodegas, funcionarios públicos que se colocaron más aportes para jubilarse y las pérdidas económicas por cada proceso son de 2 a 5 millones de dólares. Solo en la compra excesiva de medicamentos, el perjuicio es de 7 millones de dólares. (Se habla de millones como si fueran centavos).

Informes de la Contraloría ya revelaron esta crisis y sin embargo no se hace nada, cada día la atención al afiliado es más inhumana. Y en este macabro panorama consecuencia de los 10 años de saqueo al IESS, nadie se salva. En lugar de pedir que el afiliado aporte más, deberían tomar medidas contra los que dirigieron el IESS: Fernando Cordero, Ramiro Gónzalez y el mismo Richard Espinosa, quien no pudo explicar a dónde se fueron 2.500 millones de dólares. Ni tampoco explicó por qué su esposa, Katherine Romero, supervisó la construcción de los hospitales del país, que tuvieron un costo de 550 millones de dólares, pero ninguno funciona al 100% y todas las contrataciones se hicieron por régimen especial, según una nota publicada en el portal FOCUS.

Hasta el momento no se ha recuperado un centavo del dinero que mágicamente desapareció en el IESS y en otros sectores, las consecuencias son personas muriendo de dolor en los pasillos, esperando ser aliviadas, como si la salud fuera un favor que deben mendigar y no un derecho.

Para contrarrestar información expuesta en esta columna de opinión solicité una cita con el actual director del IESS, Jaime Garzón, pero no fue posible pues hasta ahora, algunos departamentos de comunicación siguen con las mismas prácticas del régimen correista: “por favor mande por mail sus preguntas y veremos si el director las responde. Gracias”. Pero por más que insistan en poner trabas al periodismo, no pueden ocultar la verdad: el IESS está moribundo y se nota.