Culiacán, 10 de octubre de 2019: hay que recordar el lugar y la fecha, porque marca un punto de inflexión en la política latinoamericana. Es la derrota del Estado frente al crimen organizado; es la faceta más brutal y descarada del capitalismo.

Se equivocan quienes quieren endilgarle al gobierno de López Obrador la decisión de liberar al hijo del Chapo Guzmán para evitar una masacre indiscriminada. Quien cedió no fue el gobierno, sino el Estado mexicano, lo cual configura un panorama aún más desolador. El viejo sueño liberal del Estado como árbitro de la sociedad y la economía se diluye frente a la crudeza de la descomposición social.

El monstruo del narcotráfico se ha alimentado durante décadas –y continúa alimentándose– de la pobreza y la marginalidad. No se trata de un asunto moral; es un dilema político. Mientras el narcotráfico siga siendo la única posibilidad para que millones de personas le apuesten al imaginario del consumo y el bienestar, el proceso de desintegración institucional será incontenible.

No obstante, las élites globales siguen apostadas tras el discurso de la tecnocracia internacional. El Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha convertido en un aprendiz de brujo de la economía mundial. Imbuidos de una soberbia académica que les turba el entendimiento, sus funcionarios no se explican por qué las recetas que prescriben generan efectos absolutamente contrarios a los esperados.

Los argumentos de los burócratas del FMI son tan deleznables como los que utilizan las élites políticas para explicar la convulsión social que se esparce por el planeta. Hablar de guerra o de subversión, como lo hacen los gobiernos de Chile y Ecuador, es un despropósito. Es atribuirles la calentura a las sábanas.  Lo que ocurre en nuestros países es que un modelo económico que ahonda la marginalidad social está colapsando. Eso es todo. No se puede exigir resignación a millones de seres humanos que son condenados a la pobreza desde su nacimiento. Peor aún cuando las dinámicas informáticas muestran a diario, y en tiempo real, las profundas diferencias que imperan en nuestras sociedades.

El discurso de la sedición y el terrorismo con que ciertos personajes pretenden explicar el estallido popular durante el paro de octubre sirve para la propaganda, pero no llega al fondo del problema. Lo que se percibió en el país, y particularmente en las calles de Quito, fue la conexión espontánea de muchos sectores ciudadanos con la indignación sacada a flote por la movilización indígena. Los focos de violencia callejera resultan secundarios frente a la reacción generalizada de la población. Tan es así que apenas se anunció la derogatoria del Decreto 883 las protestas terminaron.

Pero los grupos más reaccionarios de la derecha insisten en las salidas autoritarias. Como si la pobreza y el descontento social se solucionaran a tiros. Atrincherados en sus burbujas urbanas, no alcanzan a prever lo que significa la institucionalización de la violencia criminal como única opción para los pobres. El infierno mexicano no está tan lejos de nosotros.