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15 de Enero del 2024
Ideas
Lectura: 5 minutos
15 de Enero del 2024
Patricio Moncayo

PhD. Sociólogo. Catedratico universitario y autor de numerosos estudios políticos.

El juego estratégico en el conflicto armado interno
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Lo que el gobierno no puede suponer es que con un solo decreto presidencial pueda alcanzar éxito en esta lucha contra un enemigo situado al margen de la ley y del marco ético- ideológico de la sociedad ecuatoriana.

El tránsito del estado de excepción al de conflicto armado interno supone la adopción de más de una estrategia. La guerra es una medición violenta de fuerzas. En ella intervienen actores, operaciones, medios y tiempo.  El caso Metástasis puso al descubierto un entramado delincuencial que involucró a bandas criminales, políticos, jueces, autoridades. Se trata, entonces, de definir varios medios estratégicos.  La aplicación de la fuerza es uno de ellos. Pero el gobierno debe contemplar otros. 

El decreto 111 en el que se declara el estado de conflicto armado interno constituye el ejercicio de la autoridad. Las Fuerzas Armadas y la Policía se convierten en el principal recurso del poder del Estado. Pero en un régimen democrático hay otros actores: las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional, los movimientos sociales, los comunicadores que permiten la expresión de estas distintas voces con las que se configura la opinión pública, el conjunto de sectores sociales no organizados y en muchos casos, marginados, los países con los cuales el Ecuador mantiene relaciones diplomáticas y comerciales, y el derecho internacional humanitario.

Además de la imposición, por tanto, se deben emplear otros medios estratégicos, como la persuasión, la negociación, la mediación, la coacción, la confrontación, la disuasión y la guerra. Todo ello inserto en el tiempo que impone restricciones. Esto implica establecer una trayectoria, o sea, una secuencia de operaciones y de medios estratégicos en función de los actores y de las operaciones en un juego interactivo que sufrirá modificaciones en el plazo del mandato del actual gobierno.  

En ese recorrido es necesario identificar segmentos críticos en los que se juega su suerte. ¿Con qué apoyos puede contar el gobierno a nivel de la Asamblea y de la población? ¿Con qué objetivos y con qué medios estratégicos? ¿Qué operaciones estratégicas tienen respaldos y cuáles no? ¿Cómo construir viabilidad a tales operaciones clave que carecen de apoyos? ¿Cuáles son los límites ético ideológicos de estos patrocinios?    

Una trayectoria requiere de recursos económicos, operativos, logísticos, organizativos, políticos, pedagógicos. El gobierno debe evaluar la sostenibilidad de las operaciones en el tiempo. Este y el 2025 son años electorales, ¿qué cambios en el contexto del juego podrán darse, y cómo ello afectará las relaciones de fuerza y las alianzas? ¿Cómo afinar los objetivos acordados en este nuevo contexto?

La declaratoria de guerra al crimen organizado va a tener repercusiones en la economía. También en este campo es fundamental tomar medidas que eviten un posible colapso que eventualmente pudiera modificar el apoyo que la población le está dando al gobierno, bajo la esperanza de un pronto retorno a la normalidad.

El gobierno debe evaluar la capacidad de gestión con que cuenta y sus límites. Imaginar su acción en distintos escenarios. También conocer las características del comportamiento de sus oponentes, principalmente de las bandas delincuenciales e identificar sus fortalezas y debilidades, sus nexos con el mundo de la política, del aparato judicial y del financiero. Indagar los lavados de activos, ejercer mayor control de las aduanas y del flujo de las exportaciones e importaciones y combatir la corrupción en los organismos del Estado.  Requiere incentivar cambios en el funcionamiento de los partidos políticos a fin de promover una representación más genuina de los ciudadanos; además, impulsar la generación de empleo.

Lo que el gobierno no puede suponer es que con un solo decreto presidencial pueda alcanzar éxito en esta lucha contra un enemigo situado al margen de la ley y del marco ético- ideológico de la sociedad ecuatoriana. Y que es producto de condiciones sociales precarias que afectan sobre todo a jóvenes y niños carentes de futuro.  El Estado no puede ser indiferente a esta realidad lacerante. El deterioro institucional es un aliado del crimen organizado.  El Estado, en los hechos, no tiene el monopolio legítimo de la fuerza.  Recuperarlo demanda un gran acuerdo nacional. La erosión del tejido social conspira contra este objetivo.

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