Ex coordinador de la veeduría internacional para la reforma judicial. Es abogado y doctor en Jurisprudencia. Especialista superior en Derecho Procesal. Catedrático.
Posterior a la promulgación de la Constitución Política del Ecuador de 1.998 y una vez que por “última ocasión” se designaba a través de concurso de méritos y oposición a los jueces del sistema judicial, empezó, por medio de cursos aislados la formación de este sector. Por primera vez nos iniciaban en empoderarnos de la Ley Suprema y a no utilizarla solo para “atrancar la puerta”.
En ésa época tuve la visita del doctor Pablo Egas a mi judicatura en Latacunga, quien coordinaba la primera Especialización Superior en Derecho Procesal en la Universidad Andina “Simón Bolívar”. Este profesional dedicó buena parte de su tiempo a promocionar este curso en los despachos judiciales y lograr uno de los primeros objetivos: capacitar a jueces y fiscales en áreas que únicamente las recibimos en la universidad de pre grado.
Tuvimos docentes de la talla de Julio César Trujillo, Ernesto Albán Gómez, Santiago Andrade Ubidia, Arturo Donoso, José Vicente Troya, Alfonso Zambrano Pasquel, Vladimir Villalba, Simón Espinoza, entre otros. Casi todos se desempeñaban, en esa época, en calidad de abogados en libre ejercicio profesional o como Magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, designada en el año de 1996. Sus resoluciones se convirtieron en un referente para adoptar criterios que a diario emitíamos, así como su trascendencia intelectual y académica que hasta la presente fecha se la recuerda y utiliza.
El mismo hecho de no vivir en Quito y que esta oportunidad abría campo a profesionales de otras ciudades como Ambato, Riobamba, Puyo, Lago Agrio, Tulcán, Ibarra; denotaba que la educación superior trascendía en pluralismo y de forma descentralizada. Porque además, la formación superior contenía diversos actores tales como abogados en libre ejercicio profesional, jueces y juezas, fiscales; y, funcionarios públicos.
Pero el ingrediente primordial fue la calidad de docentes, los cuales nos ilustraban de una manera singular, no solo en los aspectos teóricos del Derecho, sino en su aplicación y los fundamentos de las sentencias que se expedían desde el máximo Tribunal de Justicia del Ecuador.
En ésa época no existía residencia universitaria, pero sí una confortable infraestructura con rasgos intercultrurales y democráticos, motivo por el cual cada uno tenía que verse el modo de pernoctar y estudiar cada quince días los viernes y sábados en horario completo. La combinación de ejercicio de la justicia, la realización de los deberes y presentación de trabajos, denotaba esfuerzo, pero a la vez una continua preparación que empezó a beneficiar la calidad de las resoluciones y la respuesta a los usuarios, para hacer justicia en el país de una manera más técnica.
Aunque no guste a los actuales tecnócratas, la Universidad Andina se convirtió en la primera Escuela Judicial, y lo sigue siendo, con el dolor de las reformas que se han implementado, porque no se ha reducido a cursos cortos, sino que ha sido una especie de formación continua.
El compromiso y coherencia entre el estudio y la aplicación del Derecho, fue un plus para el sistema judicial. Se produjeron más actuaciones jurisdiccionales y fiscales comprometidas con la vigencia de la Constitución y la renovación de una justicia con las realidades sociales, además de una lucha constante por generar independencia judicial, siempre abatida por el poder.
Aquella primera promoción fue celebrada por la asociación judicial, Función Judicial, Fiscalía y las autoridades de este Centro Superior. Fue tal vez la primera y última ocasión que coincidíamos en dedicarnos a la justicia, sociedad y democracia. Muchos de estos profesionales fueron ocupando cargos y ascendiendo en sus puestos laborales.
Pero además, a algunos de los estudiantes nos permitieron ser docentes. Otros ocupan cargos de formadores en la Escuela Judicial y Fiscal; es decir, esta cantera académica ha servido y sirve al país de manera reiterada.
Por nuestra cátedra han pasado servidores del Estado, ministros y ministras, subsecretarios de Estado, asesores de la Función Ejecutiva, Legislativa y otros. Es decir, los profesionales del derecho que asesoran y trabajan para esta “revolución ciudadana” son muchos. El orgullo de tener un título de la Andina desborda cualquier expectativa de educación.
Por eso me pregunto: ¿Si el presidente Rafael Correa quiere echar a la Universidad Andina Simón Bolívar del país, y tuviéramos que salir los estudiantes y docentes en este éxodo masivo, quién le quedaría para asesorarle en su gestión presidencial? Los despachos de los revolucionarios quedarían vacíos y sin profesionales.
Este nuevo capricho del poder se acentúo a partir del viernes 16 de enero en la posesión de Cesar Montaño como legítimo rector de la Andina, cuando el espacio académico se nutrió de ese sentimiento antitotalitario, democrático y de rechazo al ultraje a la autonomía universitaria. Para nada les gustó la respuesta que dimos, sin importar que la derecha e izquierda se haya sentado igual para hacer respetar una decisión legítima.
¿Por qué la Andina? ¿Acaso en otras universidades se ha cumplido con los requisitos para ser rector? Basta ver las que regentan los militares, ¿por qué no va allá y hace imperar la Ley ecuatoriana? Simplemente porque no le conviene enojarse con estas Fuerzas.
La Andina se ha convertido en la última reserva académica social, donde coincidimos profesionales que defendemos a los perseguidos del régimen, generamos informes de Derechos Humanos que disgustan al poder. La Andina alberga a los familiares de los desaparecidos, torturados, víctimas de la Comisión de la Verdad, disidentes, activistas, trabajadores, y todos aquellos que no se dejaron burocratizar por los Derechos Humanos, laborales y sociales.
Por ahora y gracias a la coyuntura oportunista, hay quienes ya no les interesa comer del plato de la Andina, porque hay mejor menú en Carondelet. Antes invitados a los estrados académicos ahora enemigos de la Universidad que les albergó, para lo cual no dudan en despertar a un muerto llamado Parlamento Andino que como zombi devora a la sustancia viva y productiva.
En ese mundo decrépito y obsecuente que rodea a la institucionalidad pública, donde el factor miedo es preponderante, debería salir por los fueros tantos profesionales que se formaron y forman en la Andina. Me imagino que en esos seres la indiferencia parecerá a la negación de Pedro hacia Jesús, ojalá no llegue a la tercera ocasión.
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