Lo que ve un presidente no lo ven los ciudadanos. La realidad no pinta igual para el que la sufre que para el que toma decisiones. Éstas no se adoptan para agradar a quienes votaron por él, a los que votaron en contra, a los que miran los toros de lejos. Unas decisiones pueden satisfacer a unos y afectar a otros. Esta es la gran diferencia entre los que buscan votos como candidatos y los que asumen responsabilidades de gobierno.

Es lo que se constató en la entrevista de Carlos Vera al presidente Guillermo Lasso. El periodista actuó como portador de las percepciones de los gobernados. Se basó en el imaginario de los medios que tienen la capacidad de dar cuenta de lo que acontece en el día a día, pero no de lo que se fragua, a veces imperceptiblemente, contra corriente. El presidente Lasso replicó desde el horizonte visual de un mandatario que se ve obligado a dejar de lado sus puntos de vista personales si ellos le impiden ver lo que no es evidente, porque aún no acontece.    

La realidad que “yo he encontrado”, señaló el presidente “no es la que se me relató”. Un gobierno tiene que responder a los problemas surgidos de la realidad, no a las ilusiones de los electores. Tampoco a preconceptos ideológicos, teóricos o percepciones mediáticas. Por esto es que quien gobierna no puede ser encasillado en una franja del pensamiento filosófico y político o de una clase social.  Si bien adhiere a principios de tal o cual escuela doctrinaria, o a determinados intereses de clase, no puede ser ajeno a los mandatos de la realidad.

Las encuestas miden el grado de aprobación de los mandantes en función de sus expectativas. Un presidente no puede gobernar para obtener altos niveles de aprobación. Esta es la diferencia entre el clientelismo y la responsabilidad gubernamental. 

Los problemas de la realidad son estructurales y coyunturales. No es posible ocuparse de unos en perjuicio de los otros. Ni el inmediatismo ni la mirada larga aseguran el acierto de las decisiones. El encadenamiento de los problemas exige una visión integral. El enfrentamiento de los malestares que afectan a la sociedad desemboca en un intercambio de problemas. Lo que es satisfactorio para unos puede no serlo para otros. De ahí que no cabe hablar de soluciones propiamente dichas. Éstas tienen una validez relativa.

Lo señalado es lo que mostraron las mesas de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas. Éstas lanzan demandas; los representantes gubernamentales acusan recibo de ellas, en medio de un balance entre lo posible y lo improcedente en términos de costos, o de lo que luce inviable, al momento. 

La política es el campo de la negociación. Desde luego que en ella se da una medición de fuerzas. El hecho mismo de que las partes se sentaran a dialogar respondió a la existencia no solo de un conflicto sino de un campo de fuerzas en el que no puede haber vencedores ni perdedores. Hubo un logro implícito. En lugar de represión hubo diálogo. El movimiento indígena depuso la fuerza e hizo uso del discernimiento. Ambas partes se comprometieron a escucharse, lo cual no significa claudicar sino construir acuerdos. 

Fue un encuentro intercultural que enriqueció a la democracia.

En la lucha contra la delincuencia organizada, el narcotráfico, el lavado de dinero, el presidente destacó su complejidad, tanto por sus implicaciones externas como por su multicausalidad. Se trata de un problema estructural que no puede ser encarado desde sus efectos, que tampoco pueden ser ignorados, sino desde sus causas que se remontan a por lo menos un par de décadas atrás. Hay, pues, una responsabilidad compartida con los últimos gobiernos, y por la necesidad de definir estrategias de cooperación internacional. También aflora la existencia de una violencia social que no atañe solamente a la delincuencia común sino a las relaciones interpersonales de pareja, familiares, y las de la convivencia social habitual. El asesinato de María Belén Bernal es un ejemplo de ello. La policía no está exenta del cometimiento de estos desafueros. Tampoco los establecimientos educativos ni deportivos; ni las familias, por respetables que sean.  

Los déficits organizativos del Estado que igualmente se han acumulado en el tiempo son fuente de estos trastornos de la vida colectiva. La educación, la cultura, la psicología social son ámbitos en los que se gestan múltiples desequilibrios. La acción conjunta del Estado y de la sociedad no puede ser obra de un solo gobierno sino de sucesivas administraciones.  Ello permite entender la necesidad de conjugar el gasto corriente con la inversión pública. Está -la inversión- es un motor del crecimiento económico, pero el primero -el gasto corriente- es crucial para un desarrollo social cualitativo, siempre que no devenga en un botín presupuestario.  

En democracia, un presidente tiene que gobernar con la oposición. Ésta puede ser recalcitrantemente obstruccionista o democrática. Las mesas de diálogo entre el ejecutivo y la Asamblea son otro campo de negociación. Lasso explicó por qué conversó con Correa. Le movió el interés por el país, dijo, no compartido por su interlocutor, absorbido éste por su interés personal de impunidad. La existencia de un bloque parlamentario numéricamente significativo liderado por el ex jefe de estado Correa, no podía ser ignorado por el presidente, empeñado en sacar adelante los proyectos de ley sobre inversiones y reformas laborales, pero no a cambio de la impunidad. Correa, al parecer, puso un precio a su colaboración.    

La Corte Constitucional acaba de vetar dos preguntas clave de la consulta popular propuesta por el gobierno. Esto significa que un gobernante que respeta el orden democrático no siempre puede alcanzar lo que se propone. En la decisión de la Corte también está presente una visión incompleta. El sesgo jurídico contraviene la razón    gubernamental que va más allá de la esfera normativa. La muerte cruzada, aunque amparada en la Constitución, no es una medida democrática, porque implica una suerte de dictadura temporal. Quizá por ello, el gobierno no optó por tal camino, a sabiendas de que es más difícil gobernar con una Asamblea obstinada en la desestabilización institucional. 

Derrotar la estrategia golpista de los enemigos de la democracia enquistados en la Asamblea y en las organizaciones sociales, es también tarea insoslayable de un gobierno libremente elegido por el pueblo. La voluntad popular no puede ser violentada desde la agitación callejera supuestamente contestataria, en alianza con el bloque correísta de la Asamblea.  

La evaluación de la gestión de un gobernante no puede dejarse llevar por las apariencias ni por los sondeos de opinión.  Los problemas que debe enfrentar requieren de conocimiento y, en muchos casos, de conocimiento especializado. Es lo que Lasso notó que le faltaba a Vera respecto de la administración pública. Ésta no es un espacio vacío. Los empleados públicos no son ajenos a los avatares políticos. De ahí que incluso a un presidente le toca aprender, mucho más si viene de fuera de ese mundo.
             
Los aprendizajes del entorno gubernamental, dado que estos conocimientos no se imparten en las universidades, tienen que efectuarse en la práctica de su ejercicio. José María Velasco Ibarra, cinco veces presidente del Ecuador, fue uno como profeta, y otro muy diferente como gobernante. Aunque trató siempre de atender los requerimientos de la gente pobre, no pudo pasar por alto las limitaciones de orden económico, político, social e institucional que tuvieron sus sucesivas administraciones. Y no fue un banquero, fue un hombre de una gran cultura humanística, sin embargo, también él, fue educado por la realidad.
       
Hay pues, entonces que dar tiempo al tiempo. Un año y medio de gestión es demasiado corto para un veredicto bien informado y responsable. Los juicios mediáticos son revocables. Nadie es dueño de la verdad. Ésta no es una abstracción.   

Es encomiable que el presidente Lasso no haya rehuido una entrevista dura como la planteada por Carlos Vera en un formato confrontacional. Entre la década de 2007 a 2017 esta habría sido inconcebible. Someterse a un escrutinio público sin tapujos da cuenta de una conducta democrática que no se registra en los regímenes autoritarios.