El gobierno es un campo de juego distinto del electoral y del cognitivo. Es el terreno de la acción, no sólo del pensamiento y de la imagen. Una vez concluido el proceso electoral, la democracia plantea serios desafíos al presidente electo para ejercer un liderazgo distinto del autoritario. Desde luego que tiene que ejercer autoridad, pero en democracia ello tiene sus propias peculiaridades. De ahí la importancia de los resultados electorales.

El pueblo eligió un gobernante que invoca y apela el encuentro, a sabiendas de que la grave crisis que afronta el Ecuador reclama el concurso de todos. Aunque todavía un 47 por ciento del electorado apoyó al otro postulante, la adicción al líder todopoderoso fue menor. Ello exige una definición clara de lo que significa el liderazgo democrático. Y es que un presidente electo por voluntad popular, además de ejercer autoridad, está llamado a ejercitar el liderazgo. La autoridad se aplica a problemas de rutina. Las realidades problemáticas requieren de conducción estratégica.

El país salió de un régimen sustentado en el poder de un líder que entendió su rol en una perspectiva individualista. Este individualismo llevó a Rafael Correa a verse “como el Atlas que puede sostener el mundo por sí solo”. Se echó sobre sus hombros la tarea de abarcar muchas responsabilidades, sin contar con el esfuerzo y participación ni de los suyos, peor de los oponentes. En la década de su mandato fomentó una actitud pasiva entre sus partidarios y simpatizantes que se acostumbraron a dejar que el líder pensara por ellos y resolviera sus problemas.

Recuperar “el más alto cargo de la tierra” que es el de ser ciudadano está implícito en los resultados electorales del 11 de abril.  Todos debemos aportar a la construcción de un liderazgo democrático que tiene como soporte no el individualismo del líder carismático, sino la movilización de la gente para que enfrente, defina y resuelva los problemas que le afectan.

Definir problemas es un trabajo difícil y creativo que no solo le corresponde a la autoridad sino a todos quienes los sufren.  En este marco, por cierto que habrá diferencias, puntos de vista contrarios, intereses y valores de grupos en competencia que se ventilan gracias a las libertades que se respetan. También el pensamiento único salió derrotado en las urnas. Triunfó el derecho a la pluralidad, a la existencia de disensos, a la puesta en debate de los dogmas de fe, religiosos y laicos.

La fuerza social que ganó las elecciones tiene derecho a gobernar. Los que fueron derrotados, a expresarse y a ejercer la oposición. El gobierno debe tener consistencia direccional, lo cual no significa hacer tabla rasa de los vientos que soplan en contra. Lo que no es posible es meter a todos en el mismo saco. De ahí la división de funciones. La lógica de la diversidad que prima en la Asamblea no puede ser trasladada al gobierno. Allá sí caben las coaliciones y las alianzas. En el gobierno, por el contrario, debe primar la coherencia. Tener en el gabinete a representantes de distintas fuerzas sociales sería atentar contra la cohesión programática del gobierno. Otra cosa, por cierto, es la capacidad del presidente de construir viabilidad a los aspectos conflictivos de su propuesta de gobierno.

En un contexto social y político en el que compiten y confrontan apreciaciones, intereses y fuerzas de distinto signo ideológico y partidista, el gobernante acomete la difícil tarea de conjugar el deber ser con el puede ser y el hacer, no solo en el dominio económico sino en sus efectos sobre los campos social, étnico, ecológico, de género. A sabiendas que están articulados.

Desde luego, no todo se puede hacer de golpe. Por eso, un gobierno tiene que establecer prioridades y planificar su acción para el período de su mandato que es limitado. Los obstáculos que tendrá que vencer son múltiples, derivados de una gama de recursos escasos, que no son solamente económicos. Los actos de intervención social requieren también de recursos de poder, de medios organizativos, de generación de conocimientos, de herramientas de gestión.

No puede un gobernante dejarse atrapar por la lógica absorbente de la coyuntura que le desvíe de la dirección del movimiento hacia la situación-objetivo trazada. El horizonte del tiempo disponible para los cuatro años de gobierno exige la mayor eficiencia. La prolongación del mandato, propia de los regímenes autoritarios, revela su incapacidad política, técnica y operativa para hacer realidad sus proyectos.

La democracia comporta un mecanismo adaptativo permanente, lo cual exige reiteradas evaluaciones. Todo este complejo proceso no puede ser producto solo de la voluntad ni de la decisión del gobernante. Hace falta el concurso de la técnica de manera de dar solidez y soporte a las disposiciones gubernamentales.  Ello entraña una relación compleja entre políticos y técnicos, cuyo diálogo no siempre es fácil.

La alternancia implica la continuidad de obras que no pudieron ser terminadas en el período presidencial. De ahí la importancia de la transición que también es un ejercicio técnico y político.  La democracia conlleva un proceso de aprendizaje colectivo siempre abierto por la dinámica de una realidad cambiante.