“Ahora entiendo que mi vida ya no es mía, sino de mi Patria” declaró el 24 de mayo, Rafael Correa con subido tono mesiánico. Esta identificación de él con la patria y de la patria con él es una muestra de la megalomanía que tiene metida dentro del cuerpo y, aunque no estemos para exploraciones sicológicas, ayuda a dimensionar cuánto le habrá costado a Correa anunciar la noche del 15 de junio que retiraba los proyectos de ley de impuestos a las herencias y a la plusvalía, cuando esa misma mañana en un fogoso discurso había dicho que no los retiraría y, más aún, que no retrocedería ni un milímetro, “ni una coma”.

Esta, junto con la pérdida electoral del 23 de febrero de 2014, son las peores derrotas del caudillo.
Claro que aquello de que el retiro era “temporal” arruinó todo el efecto que buscaba, y encorajinó más a la gente, pues lo entendió como una burla a los ecuatorianos, que ya habían hecho sentir su descontento en las protestas escenificadas toda la semana previa en Quito y el país entero (ver Banderas negras). Por eso, porque no le creyeron al presidente siguieron protestando la siguiente semana de diversas maneras, culminando el rechazo en las marchas de Guayaquil, Machala y Cuenca, convocadas estas por sus autoridades seccionales. Decir que hubo 70.000 personas en la de Guayaquil solo se explica porque en el Gobierno se han perdido todos los escalímetros.

La megalomanía debe estar hecha pedazos, porque Correa sigue retrocediendo en su propuesta de las herencias: del 77,5% de tasa máxima a las directas o indirectas bajó a 47,5% para los herederos directos; anunció que podría pagarse con acciones a los trabajadores de la empresa y, en la última sabatina, declaró que se aplicaría la tabla actualmente vigente para las empresas que sean negocios en marcha, porque no son bienes suntuarios sino unidades productivas.

Pero todo esto son reformas a la misma ley, y a más de reconfirmar la improvisación con que Correa actúa (ya visto en las cocinas de inducción, en la compra de los Dhruv, en los acuerdos con Bielorrusia y en tantas otras cosas), comprueban que no capta lo hondo del rechazo popular ni entiende que el ciclo político cambió, que la gente le perdió el miedo y está harta. La única válvula en esta olla de presión que está convirtiéndose el Ecuador sería oír al presidente que archiva esas leyes de manera definitiva. Pero esa ductilidad es ajena a Correa, tozudo, irritable, sanguíneo.

Ahora, si se ve la historia de estos proyectos desde otra perspectiva, tal vez Correa se anime a echarle cabeza y a aparcar por un momento su megalomanía y su mesianismo y ser pragmático. ¿Podrá mostrar, dado lo extremo del caso, alguna flexibilidad? ¿Se dará cuenta de que el archivo de los proyectos no es una derrota, imposible de aceptar por quien se cree el mesías, sino un triunfo de la democracia, de su propia capacidad de gobernar y rectificar? 

De lo que he llegado a saber, estas dos leyes, anunciadas en el mismo discurso del rapto mesiánico del 24 de mayo y enviadas a la Asamblea Nacional poco después, fueron propuestas por el ala más radical de Alianza País, desesperada desde hace meses por recuperar las bases, que se le escapan. Las clases medias las perdió AP hace rato pero en el último año han notado que el fuego de la pretendida “revolución ciudadana” se apaga incluso en los sectores populares. De allí que el ala radical propugnó medidas de tal calado que permitan a Correa enarbolar de nuevo la bandera de izquierda y dar otra vez a su  discurso los tonos de reivindicación y lucha de clases que se han perdido en las miasmas de ocho años de aburguesamiento, pactos con los poderosos y capitalismo de Estado.

Corre el rumor de que en la cúpula gubernamental habría habido voces que se opusieron a lanzar estos dos proyectos de ley, porque anticiparon el pésimo efecto que tendrían en la población. ¿Será cierto o una explicación post factum para salvar la cara de quienes se creen los gurús de la publicidad, los magos de la mercadotecnia política?

En todo caso, la cosa se acabó de hundir con las declaraciones de Correa contra las empresas familiares: “Utilizan unos argumentos que nos convencen que estamos en lo correcto, por ejemplo que el 80% de las empresas tienen estructura familiar. ¿Ustedes creen que eso es bueno? Eso no es bueno, pues el impuesto hace que se democratice la propiedad”. Y no reflotó con el retiro temporal de los proyectos, porque Correa no transmite transparencia, perdió su credibilidad y la gente no confía en que quiera un diálogo de verdad y vaya a escuchar propuestas alternativas y argumentos en contrario, cuando lo único que ha hecho en estos 101 meses de gobierno es imponer su voluntad.

Lo que el Gobierno, o tal vez esos pretendidos gurús, deberían entender es que las protestas ya no son solo contra los dos proyectos de ley. La gente ha salido porque le disgusta la prepotencia de Correa. Porque ya no aguanta la sensación de ahogo que se vive en el país. Porque siente sobre su pecho el poder omnímodo, omnivigilante, omnipresente de un Gobierno succionador. Porque ya le causa arcadas el estilo ramplón y repetitivo de un gobernante que habrá hecho obra física pero que ha minado sistemáticamente la capacidad creativa de la gente y hoy le corta incluso sus ilusiones de futuro.