
Consultor político, experto en comunicación electoral y de gobierno. Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar
Los resultados de las “mesas de diálogo” entre el Gobierno y las tres organizaciones indígenas Conaie, Feine y Fenocin, son complejos dados sus componentes jurídicos, constitucionales y políticos.
Me referiré brevemente a estos últimos.
Las implicaciones políticas de estos diálogos tienen un altísimo impacto tanto simbólico como concreto.
En lo simbólico, son la fotografía de un Gobierno que acudió forzado y derrotado de antemano, a un reality show en el que encajó una cueriza inmisericorde en su plutocrático trasero.
Acostumbrado como es a hablar desde la publicidad y la propaganda política, y no desde los hechos de la realidad que le es tan difícil “mercadear” sin embarrarla y sin embarrarse en ella, el régimen, a través de un exultante libreto de su negociador principal, el ministro Francisco Jiménez, celebró la suscripción de 218 acuerdos, en tanto que el líder indígena Leonidas Iza lo desmintió, y reconoció solo 92.
El Ejecutivo ha preferido surfear en la información pública sobre el condumio de los temas tratados, pues probablemente sabe que deberá asumir tarde o temprano, responsabilidades de diversa naturaleza por haber puesto el futuro político del país al nivel de sus atrofiadas rodillas: en tierra.
También en el campo simbólico, los resultados de las “mesas de diálogo” le han otorgado al movimiento indígena, el carácter de interlocutor político privilegiado, portador de las demandas sociales que el régimen ha sido incompetente para interpretar y menos para tramitar dada su ignorancia sobre la administración del Estado, el olvido de sus promesas de campaña, o la banalización de su gestión pública en manos de una comunicación que en vez de informar y educar cultiva perlas como la que en su más reciente desvarío, promueve la costumbre del palanqueo utilizando la imagen del mismo presidente como “padrino” de quienes aspiran a un préstamo para la recuperación económica de sus familias.
El movimiento indígena pese a su dispersión y a su poca incidencia numérica en la demografía nacional, ha dado y está dando una cátedra de estrategia a un Gobierno fallido.
Y ahora, miremos hacia lo concreto:
Es tanta la disociación provocada por el tratamiento y las concesiones hechas en las “mesas de diálogo”, que ni siquiera los mismos actores principales del reality se ponen de acuerdo en relación a sus resultados, se contradicen respecto al número de “acuerdos” y hasta en la semántica para diferenciar entre “acuerdos” y “consensos”, lo cual más que una sonrisa condescendiente debería encender una primera alarma sobre el respeto y cumplimiento que deberemos esperar, de los contenidos fundamentales o de la hojarasca que ambas partes discutieron y “consensuaron”.
Todo lo que el gobierno aceptó o rechazó como resultado de las “mesas de diálogo”, requiere ser normado, legalizado y reglamentado, quizás hasta mediante decretos, ello supone que deberá someterse al control de la Corte Constitucional para establecer la legalidad y constitucionalidad pertinentes; adicionalmente, es muy probable que se presenten demandas o acciones de protección contra algunos de los 218 contenidos que se tuvieron que tragar, y que la ingenua propaganda oficial pretende vender como un “logro” para disimular que, originalmente, se sentaron acogotados a discutir un pliego de 10 demandas.
¿Cuál será entonces la respuesta del movimiento indígena, liderado por Leonidas Iza?
Siendo este sector, el único organizado, estructurado y con capacidad de movilización e interlocución con el Gobierno, es iluso pensar que una sociedad política tan catatónica como la ecuatoriana, tendrá posibilidades de tensar legítimamente sus desacuerdos con los indígenas.
¿Cómo tramitará el Ejecutivo la reacción del único actor político capaz de pasarse por el poncho la retórica oficial de orden y paz, ante una eventual negativa proveniente del control constitucional? ¿Con qué legitimidad, con qué credibilidad, con qué autoridad pretenderá intervenir el gobierno, si apenas atina a refugiarse tras la sotana mediadora de la curia? ¿Pretenden el presidente y sus publicistas hacernos olvidar que ni siquiera pueden controlar las cárceles ni las calles del país? Tan embobado que vive de las redes sociales ¿no se ha enterado el régimen lo ocurrido estos días en la provincia de Esmeraldas, lo que pasa en Guayas, lo que ya se cierne sobre Manabí y Pichincha?
¿Por qué un sector que conmocionó la economía y la paz de todo el país es el único que participa en las “mesas de diálogo” y en sus “comisiones técnicas,” en las cuales han acordado con el gobierno cambiar políticas públicas tan sensibles como la educación intercultural bilingüe, o la política petrolera y minera, que son del interés de todos?
¿No deberían ser estos temas -por solo mencionar unos ejemplos- puestos al debate profundo de la ciudadanía y resueltos en una consulta o referéndum responsables, no como el mamotreto plebiscitario que se aproxima?
El presidente sabe que se enfrentaría a un juicio político o a la revocatoria del mandato si se aprueban de facto acuerdos políticos que contraríen la ley y la Constitución.
Partidos y movimientos transformados en clubes de amigos o casas de tolerancia electoral, están totalmente ausentes de este debate y de este proceso; el hastío ciudadano frente a la política, el miedo a la violencia criminal, el afán diario por llevar el pan a la mesa de las familias ecuatorianas, el desempleo, han abierto un espacio vacío de participación y representación legítimos y han perfilado un escenario de antagonismo irreconciliable en el que el centro político no reacciona, no incide, no gravita, no existe.
Entontecidos por la pasarela de las redes sociales donde todo se banaliza y se consume, muchos ni siquiera perciben la gravedad de lo que ocurre, ni la tormenta perfecta que se avecina.
Si las elecciones para cambiar de presidente fueran hoy, el movimiento indígena debería estar muy agradecido con Guillermo Lasso y su gobierno, por haber allanado el camino hacia la victoria de la que sin duda es actualmente la candidatura más opcionada.
El movimiento indígena pese a su dispersión y a su poca incidencia numérica en la demografía nacional, ha dado y está dando una cátedra de estrategia a un Gobierno fallido, a la descompuesta clase política criolla que solo ambiciona y vive parasitariamente del reparto, y a una sociedad carente de referentes, desbordada por la incertidumbre y que parece merecer “el padrino” que la adorna desde Carondelet.
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