Mientras que en El Salvador se revela el tiempo en que no se han producido muertes violentas y se han desmantelado a las “maras” que asolaban de violencia a las calles del país centro americano, en el Ecuador del Encuentro, la violencia y el descontrol es la tónica cotidiana.  Desde las escenas de los carnavales empañados por actos bochornosos en plena vía pública, hasta la actual ola de secuestros, dejan clara huella de que las decisiones en materia de seguridad no son las más acertadas.

Se ofreció una inversión de más de mil millones de dólares para potenciar la acción policial, sin embargo, luego de varias declaratorias de emergencia, la condición de la flota vehicular deteriorada y lista para su chatarrización no ha mejorado en nada. El mantenimiento y el combustible para los destartalados patrulleros y motos son requeridos a los propios gendarmes, los cuales recurren a las autoridades seccionales para buscar apoyo y cumplir su misión constitucional; mientras se incrementa la exigencia desde las altas esferas policiales por resultados en su diario accionar. De su parte, los miembros de la Policía carecen de prácticamente todos los elementos indispensables como son uniformes, capacitación en armas y tiro, chalecos antibalas, medios menos letales para la neutralización de violentos, hasta un dormitorio digno para descansar. Todas ellas siguen siendo falencias logísticas aún insatisfechas.

Desde el punto de vista operativo, la situación no es menos precaria, pues si bien son evidentes los operativos y resultados de aprehensiones de personas, no es menos cierto que la relevancia de los detenidos deja en claro que las estructuras criminales están intactas, pues se detiene al gatillero, pero no al cerebro detrás de las operaciones delictivas. Se mantiene la seguridad pública de las estadísticas e indicadores, cuando en la calle se vive diariamente un nivel de violencia nunca antes visto.

Las ciudades se han convertido en zonas de enfrentamiento de orden paramilitar, especialmente en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Guayas y El Oro, sin desmerecer los niveles de violencia del resto del país continental; las toneladas de droga con dudoso porcentaje de alcaloide no cesan de caer, mientras las narco estructuras cada día hacen gala de mejores armas y “condiciones de operación” urbana y rural.

¿Pero qué hacer frente al embate de la violencia, cómo cambiar el rumbo de esta tendencia al incremento exponencial de los indicadores delictivos? Las autoridades de seguridad identifican que es un problema sistémico y que depende de la interacción de los diferentes ministerios para ejercer una presencia real del Estado en las zonas más empobrecidas del país, y de paso asumen que es un problema regional, no solo local, y con ello se justifica que ya no es posible ganar espacios sino que los esfuerzos se centran en la contención del delito. Es obvio que alguien no está cumpliendo con su deber fundamental de garantizar un mínimo de seguridad para los ecuatorianos, y ello, por cuanto no se han ejecutado verdaderas acciones para seguir la ruta del dinero y la logística en el país. Los millones de dólares que generan los ilícitos confluyen en algún punto que no ha sido determinado, y es esta impunidad la que blinda la fortaleza de las macro estructuras delictivas en todos sus niveles.

Este sombrío panorama nos lleva a la encrucijada de la toma de decisiones, con la fuerza y celeridad que se requieren para romper el ciclo de la violencia. Lamentablemente, en ministerios burocráticos y poco estratégicos, como el del Interior y Gobierno, sus titulares (ministros), se han convertido en meros narradores de crónica roja. Con esas condiciones, es poco probable que se produzca un verdadero cambio en el rumbo de las políticas de seguridad pública. 

Como sociedad debemos exigir una oxigenación de la estructura policial, pues no se puede hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Se debe reclamar al gobierno central por su falta de interés en cristalizar los ofrecimientos efectuados en cada discurso pronunciado en las ceremonias o actos públicos. Sin medios es imposible actuar eficientemente contra la delincuencia. De la misma manera, sin capacitación adecuada, las acciones de calle siguen siendo respuestas empíricas a problemas complejos. Y sin la motivación adecuada del talento humano, al que se exige pero no se apoya, es evidente que se configura la ecuación perfecta que tiene como resultado uno de los países más inseguros y violentos de la región.

Ecuador isla de paz, no es más que un viejo recuerdo, mientras tenemos presente lo que es vivir en país de una eterna crisis de seguridad en todos sus niveles, pues no existe un ecuatoriano que pueda sentirse seguro ni aún en su propia casa.