Uno de los rasgos distintivos del régimen autoritario que padecemos ––definido por la propia Secom como dictadura, aunque diga ser “del corazón”––, es el deseo irrefrenable de controlar todas las instancias de la vida privada o institucional, en especial en los ámbitos de la educación y de la prensa, nada nuevo en los proyectos hegemónicos de corte totalitario.

Pero además todo está lleno de trampas, triquiñuelas, abusos y pequeñeces, además de la inconstitucionalidad de las normas que dictan en primer lugar.

Sería imposible hacer un recuento de los formularios que los educadores de todos los niveles han tenido que llenar. Como muestra, un botón: cierto viernes, cuando ejercía las funciones de decano de una universidad privada, de la que me retiré por propia voluntad el año pasado, llegó a las 13 horas un pedido perentorio de entregar información de todos los docentes que habían dado clase en ella en toda la historia de la universidad, pero no una información escueta de su nombre y los años que había trabajado, sino una extensa y detallada que había que escribir en una matriz de Excel, asómbrese usted, de 120 casilleros.

Eran filas individuales de cada docente que había pasado por la universidad en la que se debía hacer constar apellidos y nombres completos, fecha de nacimiento, tipo de sangre, dirección de domicilio, números de teléfono convencional y celular, dirección de correo electrónico, escuelas, colegios y universidades en que había estudiado, con sus respectivas localidades y años, y todas las materias que había dictado en cada una de las universidades en que lo hubiera hecho, la localidad, la calidad (asistente, auxiliar, titular, etc), con los respectivos años en que había dado la materia, la antigüedad, y una descripción del “micro currículo” como ahora se llama al sílabo de cada materia. Lo que pedían era, pues, de alguna manera, una hoja de vida detalladísima de cada profesor en una sola línea horizontal de 120 casilleros.

La información que se recababa, repito, no era de los profesores que entonces se encontraban dictando clases sino de ellos y de todos los que alguna vez las hubieran dado, incluyendo los que dictaron un solo semestre años atrás, y se hallasen vivos o muertos. Y, para más humillación, esa orden llegada a la una de la tarde de un viernes debía ser cumplida hasta las seis de la tarde del domingo. Es decir en 53 horas.

Para cumplir tal cometido había que buscar la información de profesores que habían dado clase uno, cinco, diez, 15 o 20 años antes, casi todos ya retirados, y como digo incluso algunos ya fallecidos, con la circunstancia de que en años pasados no se digitalizaba la información sino que constaba en carpetas físicas, por lo que tocaba rebuscar en archivos pasivos, y ponerse a levantar la información en el dichoso formulario Excel.

Demás está decir que, aunque ese fin de semana trabajamos de sol a sol más de 100 personas en la universidad, fue imposible cumplir el plazo otorgado y hubo que pedir extensión para entregarlo, trabajando a marchas forzadas y descuidando todo lo demás, a mediados de la semana siguiente.

El pretexto de las autoridades de que “es información que debe tener la universidad” era un claro sofisma: por supuesto que se tenía la información, pero no digitalizada ni en el caprichoso formato que pedían las autoridades. Fuera de ello estaba el obvio propósito de arruinar el fin de semana a los funcionarios de la universidad, y la presión y molestias causadas, cuando, por otro lado, se hallaba en pleno curso la acreditación

De esto tuve, en mi paso por ese decanato, cien muestras. Cuando no se trataba de seminarios insulsos e inútiles, eran nuevas exigencias que llenar, contestar o asistir. Y cualquier profesor de escuela, colegio o universidad del Ecuador de estos días, reniega de la cantidad de horas productivas que tiene que pasarse llenando formularios, reportes, cuestionarios, evaluaciones, autoevaluaciones, evaluaciones de pares, actas, constancias, informes, partes, diarios de clase, amén de las evaluaciones, corrección de exámenes, preparación de “micro currículos”, prospectos, y más, descuidando la labor educativa propiamente dicha y la investigación.

En el ámbito de la comunicación hay una fiebre parecida, y aparte de llenar el registro correspondiente, las autoridades de la policía ideológica ahora instaurada exigen a cada momento nuevos datos, informes, formularios que llenar. Algunos de estos formularios son verdaderamente sorprendentes, como el reciente de la Secom en que solicita los nombres, las direcciones físicas y electrónicas (incluyendo correo electrónico,  Facebook y Twitter) de los directivos y de cada uno de los miembros de la redacción y de los colaboradores eventuales, el detalle de las áreas que cubren y de las personas a las que ha entrevistado, etc.

Como ya señalaron algunos periodistas en redes sociales, parte del cuadro que exige llenar la Secom tiene una sección hilarante porque obliga a que el medio, en unas preguntas de alternativa múltiple, declare si ha realizado entrevistas a: a) sr. Presidente; b) sr. Vicepresidente; c) Ninguno. Y, la mejor de todas, la declaración de la Tendencia: a) Afinidad; b) Neutral; c) Oposición.

Creo que no fue equivocación enviar esa parte. Aunque se trate de una sección de evaluación interna de los funcionarios ––funcionarios que, como dice José Hernández, tienen como trabajo “odiar a los periodistas desde que se levantan hasta que se acuestan” ––, la enviaron para que los directivos de los medios sepan la simpleza goebeliana con que la Secom va a evaluarlos.

Junto con esta presión por llenar formularios están las exigencias absurdas que se inventan a cada paso. La última de ellas es el reglamento del Cordicom del 16 de abril, para aplicar el artículo 36 de la inconstitucional Ley de Comunicación que trata de contenidos interculturales de los medios. El artículo de marras obliga a difundir en un espacio equivalente al 5% de la programación diaria audiovisual o de la extensión (número de páginas) de los impresos, contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias.

Pues bien, ahora el reglamento ordena que los contenidos deben producirse en “idiomas originarios” (quichua, shuar, etc.) y ser traducidos al castellano. Es decir, ahora los medios tienen que contratar a periodistas que dominen “idiomas originarios” y luego traducir lo que ellos escriban al castellano. ¿Cómo lo hace una revista especializada en economía o modas o construcción? No solo que los periodistas bilingües son muy escasos sino que los especializados son inexistentes,

El objetivo, por supuesto, no es el diálogo intercultural, la inclusión de nuestro universo pluriétnico, sino crear una norma imposible de cumplir, para tener otro flanco desde el cual perseguir y castigar a los medios, con esa discrecionalidad que acostumbran los organismos de control.

Una muestra indignante de la última semana es la multa de la Supercom al diario La Hora por “no cubrir ni difundir” la rendición de cuentas del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. Reconforta, sin embargo, la valentía de los directivos de ese diario al declararse en resistencia cuando todos sus derechos, especialmente el de seguridad jurídica, han sido vulnerados, en palabras de su editor general, Luis Eduardo Vivanco.

Si no existe norma que defina lo que es interés público, ¿cómo puede asegurarse que una vulgar rendición de cuentas, lo menos noticioso que pueda existir (no, sí hay algo menos noticioso aún: la firma de convenios entre dos instituciones del Estado), es de interés público? Tal vergüenza se subraya con el pedido de la Corte Constitucional que, al resolver una demanda de ilegalidad contra la ley mordaza, pide a la Cordicom que reglamente lo que es interés público. ¡Y ya veremos con lo que salen, teniendo a la vista el reglamento de los contenidos interculturales!

Aparte de la actitud del denunciante José Bolívar Castillo ––coautor de la Ley de Comunicación, inventor de la Superintendencia de Comunicación y perseguidor de otros periodistas––, que sería tema de otro comentario (además de los que ya han hecho José Hernández y Roberto Aguilar, entre otros), la decisión de la Supercom de sancionar al diario por "la omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de  interés público” que califica de “un acto de censura previa" es digna de la antología del disparate.

Son 12 procesos los que ha enfrentado La Hora bajo la ley mordaza. Es una retaliación constante, una persecución, esta sí “deliberada y recurrente”.

En casi 50 años de ejercicio periodístico, jamás he visto una saña igual en perseguir a los medios, solo comparable a la pobreza mental que intenta con sofismas cubrir con una capa intelectual su penoso oficio de policía ideológica.