La propensión de los políticos autoritarios criollos a obstaculizar los libres flujos de la información y de la comunicación está orientada los últimos años a la búsqueda de controlar y vigilar las redes sociales. ¿Por qué el ojo en estos medios sociales? Porque en el siglo XXI su uso consolida prácticas que hasta hace algunas décadas no eran ni pensables, peor factibles. Y porque la Ley de Comunicación, vigente desde 2013, dejó por fuera de su alcance la producción y emisión de contenidos personales en internet.

En su artículo 4 esta norma estableció que no “regula la información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet”. Parece claro que quien incurriera en actos violatorios a la legislación vigente, a través de las redes sociales o por medio de plataformas en línea, sería sancionado civil o penalmente. Pero el acápite no es suficiente para los titulares del poder político. De ahí su insistencia en presentar propuestas para regular las redes sociales, los nuevos cucos para quienes abominan de la libertad de expresión.

En marzo de 2017, según información de El Telégrafo, en vísperas de la segunda ronda electoral el presidente del Consejo Contencioso Electoral afirmó el imperativo de “encontrar un mecanismo de control de lo que pasa en redes [sociales]" pues imaginaba que “el 99% de cosas en redes son mentiras; se miente, se meten en la vida privada”. Un mes más tarde, el presidente del Consejo Nacional Electoral anunció que en junio de 2017 se reformaría el Código de la Democracia y que uno de los puntos sería “la ‘regulación’ de las redes sociales”. Ad portas de dejar Carondelet el 23 de mayo de 2017, el ex presidente de la República envió a la Asamblea legislativa un proyecto de ley para regular “los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet”. El documento afirmaba que el ambiente en las redes sociales es de creciente confrontación y que su popularización incrementaba la posibilidad de ser víctimas de prácticas ilícitas, así como la comisión de delitos de odio y de actos discriminatorios. A juicio del presentador, la regulación de tales posibles crímenes debía ser compartida  entre el estado y los propietarios de las empresas proveedoras de servicios de internet. En tal razón esos suministradores estaban obligados a informar sobre sus esfuerzos y acciones para “prevenir actos delictivos en sus sitios web o plataformas”. Por la forma como estaba redactado el texto se procuraba obligar a los prestadores de los servicios a controlar lo que sus clientes y usuarios produjeran y divulgaran. Los invitaban a la censura, en otras palabras.

El último intento en el marco descrito ocurrió hace unas semanas y lo planteó un diputado en un proyecto titulado “Ley orgánica del uso responsables de redes sociales”. Aunque el legislador reconoce que el internet es “una plataforma para la libertad de expresión”, añade que no toda la información difundida por estos canales digitales es “verídica ni está soportada por fuentes reales”. Lo cual, agrega, exige actuar con responsabilidad, es decir publicar datos provistos por fuentes confiables, con criticidad, y mediante la corroboración y comprobación de la información. El no hacerlo, añade, “puede implicar una violación a derechos de terceros, un atentado a la dignidad de las personas o afectar la reputación de alguna institución”. Con estas aseveraciones, el legislador prohíbe en el artículo 4, la “divulgación de información falsa, o que no se la haya obtenido por fuente (sic) confiables que perjudiquen (sic) a un tercero, ya sea persona natural, jurídica e incluso que ponga en peligro la seguridad estatal”.

Hace cientos de años, la invención de la imprenta provocó el rechazo entre los sectores poderosos del medioevo, como las jerarquías religiosas y los poderes real y aristocrático, pues con su advenimiento inició una era de democratización del conocimiento sin precedentes. Los monjes dejaron de ser los únicos capaces de reproducir textos, la alfabetización comenzó a extenderse y el saber y la información se ampliaron a muchos más segmentos sociales. Ello extendió la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión y abrió el camino para que tras varias centurias se convirtieran en derechos humanos.

El desarrollo posterior de los medios de comunicación, en especial desde el siglo XIX, produjo nuevos impactos en la interacción social, al crear otras formas de acción y de interacción sociales y, de correlato, propiciar el surgimiento de tipos desconocidos de relaciones sociales. A ello siguió, como lo apunta el sociólogo John B. Thompson, otra innovación: la posibilidad de disociar las variables tiempo y espacio. La interacción cara a cara, presencial, dejó de ser la única practicable, y se introdujo la acción a distancia, que permite la transmisión de información con independencia del tiempo y/o de la ubicación, una de las cuales es la interacción mediática. Hacia fines del siglo XX esta interacción mediática dejó de ser monológica y, con la irrupción de la web, del internet y del correo electrónico comenzó a transformarse en una comunicación más horizontal, en la cual toda persona podía ser productora, trasmisora y usuaria de mensajes. Con la llegada de las redes sociales, ya en el siglo XXI, este nuevo rostro se volvió hegemónico. El cambio trajo consigo mucho de positivo pero también nuevos problemas, nuevos retos y nuevas prácticas. Entre los inconvenientes, la proliferación de noticias falsas, las famosas paparruchas o fake news, que llenan de mentiras, de insinuaciones tramposas, y de nimiedades nuestras cuentas en las tales redes sociales.

Hace unos días el diario El Universo divulgó los nombres de sitios web que el gobierno nacional definió como propagadores de “información manipulada”: “dato certero, república del banano, inapapers, resistencia ciudadana, toque de queda, info dura, dato duro”, entre otros. Varios de ellos, según quienes los han buscado, son riesgosos para quien no disponga de protección contra efectos maliciosos.

No solo los políticos han predicho la debacle con el aparecimiento de nuevas formas de interacción mediática. Incluso investigadores, científicos y estudiosos de la talla del politólogo italiano Giovanni Sartori y del sociólogo francés Pierre Bourdieu suscribieron el recelo y las sospechas tan presentes en la sociedad global frente a los antiguos y a los nuevos medios de comunicación. Sartori (1997) y Bourdieu (1996) alegaron en su momento sobre el riesgo de la supremacía de la televisión.

En su conocido Homo videns, la sociedad teledirigida, publicado en italiano como Homo Videns: Televisione e Post-Pensiero, Sartori sostiene que con el arribo de la televisión el ser humano fue perdiendo su condición de homo sapiens, producido por la cultura escrita, y se transformó en un homo videns, centrado en la imagen. “El homo sapiens comprende sin ver, el homo videns ve sin comprender” afirma Sartori, pues las concepciones mentales no tienen una equivalencia en imágenes.

Una crítica a la posición de Sartori de endilgar a las imágenes el empobrecimiento de las capacidades de razonamiento de quienes se exponen a ellas, la sustentó el semiólogo argentino Eliseo Verón al describir la complejidad creciente del discurso mediático. Con la escritura, y la prensa escrita, prevaleció el orden de lo simbólico. A ello se agregó el orden de lo icónico a través del “universo figurativo de la representación” con la popularización de la fotografía y del cine. Esto se enriqueció en el orden de lo indicial con la integración de los registros sonoros y del contacto, primero con la radio y luego con la televisión, en tanto indican y señalan. En otras palabras, la utilización de más registros significantes y de sentidos en modo alguno empobrece el entendimiento, la comprensión, menos aún la inteligibilidad de y sobre algo. Con esta postura Verón contradijo lo que mantenía Sartori respecto de la presunta y paulatina incapacidad de los individuos para hacerse cargo de lo abstracto, a partir del triunfo de la imagen, por el desplazamiento del homo sapiens por el homo videns como lo aseguraba. Pues, más que disminuir, la imagen y la interacción amplifican las perspectivas, y estimulan la reflexión, la criticidad y el conocimiento.

Con muchísima menos radicalidad y animosidad Pierre Bourdieu con su texto Sobre la televisión, la acusó de ser un peligro para la democracia y la vida política pues daba cabida, en las pantallas francesas, a autores de declaraciones xenófobas, racistas y nacionalistas. Y porque obligaba a que quienes se expresaran a través de ella se vieran forzados a simplificar y a abreviar, de modo que pudieran ser comprendidos por una audiencia masiva. A su juicio, la televisión no favorecía la expresión del pensamiento por estar comprimida por la velocidad. Y concluía que quienes aceptaban participar en la televisión, por las condiciones que ella impone, proponían solo ideas preconcebidas, tópicos, convencionalismos corrientes, discursos banales. 

La escritura, la imagen, la comunicación horizontal e interactiva que permiten las redes sociales no son dañinas, per se. Son sus usos los que pueden ser negativos y la responsabilidad sobre ellos no radica solo en lo tecnológico. Todo dispositivo contiene elementos de origen humano, y estos otorgan un papel crucial a la responsabilidad individual y social. El uso imprudente de las redes sociales para divulgar mentiras, rumores tendenciosos, verdades a medias, calumnias, imágenes forjadas formó parte del repertorio que desplegaron los troll center, los que desaparecieron cuando sus empleados dejaron de constar en las nóminas oficiales, y los que aún subsisten, financiados por quien sabe quiénes. Ni sus destemplanzas ni sus invectivas serán eliminadas porque haya una norma que las prohíba. Más beneficio producirá que todas las instancias competentes promuevan las alfabetizaciones requeridas, aquellas que contribuyan a que los ciudadanos identifiquen la mentira, la desinformación, la mala intención y la ficción propuesta como realidad en los espacios de las redes sociales. Sin que quienes participen en ellas pierdan su derecho y su obligación de escrutar a quienes detentan el poder político, ejercen funciones públicas y deben dar cuenta de sus actos a los ciudadanos.