Hace 20 años, del 8 al 14 de marzo, el Ecuador vivió la semana más extravagante de su historia bancaria: un cierre total de todos los bancos e instituciones financieras decretado para salvar a ciertos bancos, en especial el Banco del Progreso, el más grande del país, y, supuestamente, para contener la caída vertical del sucre (que de una cotización de 7.000 por dólar había llegado a 19.000 la semana anterior), y parar el desangre de divisas.

Nada de eso habría de conseguirse: de todas formas en los meses siguientes quebró el Banco del Progreso, así como muchos otros bancos e instituciones financieras; el sucre falleció nueve meses después, siendo reemplazado por el dólar, y las divisas siguieron fugando del Ecuador.

El feriado bancario fue, así, una medida inútil y, a la par, perversa porque, junto con el congelamiento de fondos decretado antes de que se reabrieran las puertas de los bancos, afectó a la economía de los ecuatorianos y significó un castigo para los clientes de la banca, “particularmente para aquellos depositantes que, a pesar del inminente riesgo, prefirieron confiar en el país y en los bancos nacionales”, como decía la revista Gestión en el número de ese fatídico mes de marzo (No 57, p. 14). 

El feriado no detuvo el descalabro de la economía, que continuó a lo largo del año, y desembocó en la profunda devaluación del sucre (que llegó a cotizarse a 28.000 por dólar en diciembre) y esta, a su vez, en la decisión, el 9 de enero del año 2000, de dolarizar la economía, a la tasa de 25.000 sucres por dólar, la que tampoco pudo evitar la caída de Mahuad el 21 de ese mes de enero.

El anuncio

La mañana del lunes 8 de marzo, quien esto escribe, entonces director de noticias de Telesistema, se aprestaba para salir al aire ––pues se hallaba también como presentador temporal del noticiero matinal–– cuando le informaron que estaba anunciada una cadena nacional de televisión a la insólita hora de las siete de la mañana. No se sabía quién hablaría, pero dedujimos que era algo grave sobre la economía. A la hora indicada, el canal se enlazó a la señal matriz, vimos expectantes que tras la cortina de presentación de la cadena apareció el superintendente de Bancos, Jorge Egas Peña, quien anunció que ese día no abriría ningún banco en el país. “El feriado bancario es para prevenir retiros de depósitos, preservar el nivel de la reserva monetaria internacional, limitar la inestabilidad del mercado cambiario y frenar una aceleración mayor en el incremento de precios”, dijo, cuidando de hacer notar que la medida se tomaba “a pedido de la señorita ministra de Finanzas”.

La señorita a la que se refería era la economista Ana Lucía Armijos, que antes había sido ministra de Gobierno. El frente económico, según se estableció, había estado discutiendo hasta la madrugada de ese mismo día lunes, por lo que, cuando apareció en la cadena de las siete, Egas Peña no había dormido.

Pero el feriado no duró solo un día, sino que se alargó al martes: lo avisó el propio Egas Peña en una nueva cadena esa noche a las 19:45. Y luego continuó el miércoles y jueves en simultáneo con la huelga nacional que el FUT y la Conaie habían decretado desde antes para esos días y, finalmente, tras una cadena nacional el jueves por la noche del presidente Jamil Mahuad, en la que anunció un paquete de medidas, siguió también el viernes 12. Solamente el lunes 15 los bancos volvieron a abrir sus puertas.

Pero para entonces se había decidido la medida del congelamiento de depósitos (Decreto Nº 685, del 11 de marzo), según la cual los depositantes no podían retirar sino hasta 2 millones de sucres o 500 dólares de las cuentas corrientes y hasta 5 millones de las cuentas de ahorros, con un cuadro de porcentajes variables sobre montos mayores (y un tope máximo absoluto de 6 millones de sucres y de 500 dólares), mientras no podían retirar nada por un año quienes tuvieran fondos colocados en depósitos a plazo en bancos, compañías de tarjetas de crédito, administradoras de fondos o similares.

Los antecedentes

El antecedente inmediato lo sabían los banqueros: durante el día viernes 5 de marzo, el Banco del Progreso no había podido compensar cheques de incluso unos pocos cientos de dólares, lo que mostraba no solo un problema de liquidez sino de solvencia.

Este banco había quedado como el más grande del Ecuador luego de que el Filanbanco quebrara en noviembre y cayera en los amorosos brazos de la Agencia de Garantía de Depósitos creada pocas semanas antes. En 1998, además, habían quebrado los bancos de Préstamos y La Previsora.

El Banco del Progreso venía sufriendo un deterioro muy rápido de sus activos, pues, igual que el Filanbanco, sus dueños destinaban los recursos de los depositantes a sus propios negocios y los de sus allegados, con los famosos préstamos vinculados, permitidos por la Ley General de Bancos aprobada en 1994, en la época de la desregulación del gobierno de Sixto Durán y Alberto Dahik, y tolerados por la Superintendencia de Bancos que ejercía muy liviana supervisión.

Por cierto, el dueño del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, habría de revelar desde la prisión (a la que fue conducido por decisión del ministro de Defensa, Gral. Jorge Gallardo Román), que había sido uno de los financistas de la campaña presidencial de Mahuad y de la Democracia Popular en 1998, con aportes por 3,4 millones de dólares. Esa fue una estocada de la que nunca se recuperó Mahuad pues perdió toda credibilidad, especialmente sobre las verdaderas razones de haber decretado el feriado: ayudar a su financista.

Pero que quebraran los bancos Filanbanco, La Previsora, Préstamos y Progreso, se explica tanto por la rapacidad de sus dueños como porque la economía ecuatoriana venía en un declive brutal: el presupuesto del 99 se había aprobado con un desfinanciamiento de 4,5% del PIB, que requería emisión inorgánica del Banco Central, lo que a su vez alimentaba una inflación galopante que disparaba el tipo de cambio y las tasas de interés, mientras caía la Reserva Monetaria Internacional (entre la toma de posesión de Mahuad en agosto de 1998 y febrero de 1999 esta había disminuido en 700 millones de dólares). La caída del precio del petróleo a 7 dólares (desde $ 12), y las consecuencias del Fenómeno del Niño habían sido factores en la compleja situación.

Pero buena parte del problema radicaba en que Mahuad desde el inicio de su Gobierno, y amparado en la ley de salvataje bancario, destinaba ingentes recursos del Estado para atender a los problemas de los bancos privados, supuestamente para proteger los ahorros y el sistema financiero nacional. Algunos de los dueños y directivos de los bancos utilizaron ese dinero para pagar deudas en dólares que sus bancos mantenían con corresponsales del exterior, pero otros continuaron demandando divisas para comprar propiedades en Miami, Nueva York, Buenos Aires y Europa, y alimentar cuentas personales en varias partes del mundo.  Así que la AGD, como se comprobaría después, sería la alcahuete para que los bancos quiebren y sea el Estado, es decir todos los ciudadanos, el que pague a los depositantes de esos bancos, supuestamente a cambio de los activos de los bancos, que muchas veces ya estaban en hueso y pellejo.

Un certero puntillazo a la economía fue la peregrina idea, impulsada por el entonces diputado Jaime Nebot y aceptada por Mahuad (a pesar de la vigorosa oposición de su ministro de Finanzas, Fidel Jaramillo), de suprimir el impuesto a la renta y reemplazarlo por el impuesto del 1% a la circulación de capitales. El absurdo gravamen produjo el efecto de una bomba entre los empresarios, grandes y pequeños, quienes dejaron de invertir y aceleraron la compra de divisas, dado el pernicioso resultado que este impuesto tenía en sus negocios. “Fue como el vecino que llega a ayudar en un incendio llevando un galón de gasolina”, dijo el economista Alberto Acosta. A esto se juntó la aprobación de un presupuesto del Estado con ingresos imaginados y poco sustentados, sin los impuestos solicitados por Finanzas.

Jaramillo, cansado de luchar, renunció, y el 12 de febrero, al día siguiente de la aprobación del presupuesto, el Gobierno decidió poner en práctica otra medida a la que se había opuesto Jaramillo: la flotación del dólar y la eliminación del sistema de bandas cambiarias, lo que disparó a la divisa estadounidense.

El alza de la tasa de interés fue otro componente del caótico cuadro de la economía. El 1o de febrero la tasa interbancaria (a la que los bancos se prestan dinero entre ellos) fue de 98%, el día 11 subió a 125% y aunque el 22 cayó a 46%, ya había causado efectos demoledores, colocándose la tasa activa (la que cobran los bancos por sus créditos al público) en 75%, cuando al iniciarse el gobierno Mahuad era de 40%. Cosa parecida sucedía con la inflación anual, situada sobre el 40%.

El 2 de marzo Jamil Mahuad se presentó en una cadena nacional, supuestamente para tranquilizar al país. Pero su presentación fue tan floja y vacía de soluciones y medidas que revertieran la situación, que tuvo un resultado del todo opuesto al que buscaba: desató la peor ola especulativa de todo el período. El dólar, que estaba a S/. 7.000 se disparó a S/. 17.000 el 3 de marzo.

Todo esto se juntó como una bomba a punto de explotar antes del feriado bancario. Y, a pesar de este, se produjo luego la quiebra en cadena de otras instituciones financieras (Progreso, Pacífico, Popular, Azuay, Financorp, Finagro, Occidente, Bancomex, Unión, Crédito, Solbanco), con lo que, en resumen, desaparecieron la mitad de los 42 bancos y financieras que existían en el país y se generalizó la pobreza en el Ecuador.

Así fue como el pésimo manejo fiscal, monetario y financiero condujo al sistema productivo a la agonía. Uno de los resultados más visibles e inmediatos fue la emigración masiva de ecuatorianos a España, Italia, Holanda, Suecia y Estados Unidos, y también, hay que recordarlo en estos tiempos, a Venezuela, en medio de la espantosa crisis que vivió el país.