Es conocida la historia de la tumba de un soldado desertor en la que su familia, entre indignada y abochornada, colocó una lápida que decía: Prefiero que digan aquí corrió que aquí murió. Punzante e irónica manera de afirmar que tarde o temprano las facturas nos llegan. Incluso después de muertos, como ocurre con los militares franquistas cuyos nombres se están retirando de muchas calles de España.

A no ser que depositemos nuestras expectativas en la justicia divina, hay que apelar a todos los recursos posibles para que la justicia opere aquí abajo, en este pobre planeta carcomido por la corrupción. Cuando la liga de la impunidad se estira hasta límites insostenibles, y se agota la paciencia de la gente común y corriente, la ruptura puede ser catastrófica. La corrupción, a fin de cuentas, se está apropiando del patrimonio colectivo. Es decir, de aquellos recursos que servirían para responder a las necesidades de los más pobres.

Basta un poquito de voluntad para que algunos procesos judiciales caminen. Lo estamos confirmando a propósito del escándalo de la compra de los helicópteros Dhruv. El caso es paradigmático porque demuestra la capacidad de arrastre que tiene la corrupción: una decisión en las alturas termina comprometiendo a funcionarios de menor rango que, o se dejan tentar, o simplemente tienen recelo de enfrentarse al poder en el momento adecuado.

La estrategia judicial de los acusados, como siempre, rayará en lo inverosímil. La negación coordinada y sucesiva de responsabilidades podría derivar en la inexistencia del delito. Es decir, ni se accidentaron los cuatro helicópteros, ni hubo personas fallecidas, ni un general de las Fuerzas Armadas fue asesinado. Nada. Tal como ha ocurrido con tantos casos de corrupción.

La preocupación ciudadana radica en la advertencia que ha hecho la Fiscalía de que los involucrados podrían ponerse a buen recaudo. Antecedentes abundan. Huir a tiempo de la justicia es una costumbre política instaurada en el país desde tiempos inmemoriales. Solo basta pasar revista a los jerarcas del correísmo involucrados en hechos delictivos para confirmar la regla. Después todo se arregla, reza la consigna de los prófugos. Y así ha ocurrido en incontables ocasiones. 

¡El que juye vive! fue un refrán acuñado por algún combatiente avivato que antepuso la deshonra a la dignidad. Del campo de batalla, el dicho fue trasladado al campo de la política, con el único afán de asegurar a los corruptos el goce de los dineros saqueados al erario nacional. La certeza de que la sucesión interminable de escándalos termina por disolver la memoria pública justifica pasar un buen tiempo por los techos. Incluso ahora que los delitos de peculado no prescriben, siempre habrá la posibilidad de llevar una vida opulenta fuera de las fronteras nacionales. Gobiernos alcahuetes sobran en el mundo.