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20 de Mayo del 2015
Ideas
Lectura: 9 minutos
20 de Mayo del 2015
Andrés Ortiz Lemos

Escritor y académico.

El Quinto Poder tras las rejas
Si el gobierno no tuvo ningún empacho en encarcelar y amedrentar judicialmente a uno de los representantes la quinta función del estado (que teóricamente está a nivel del Ejecutivo o del Legislativo) imagínate lo que te va a pasar a ti, lector, si algún día te sales del guión impuesto por este modelo disciplinario y se te ocurre reclamar por tus derechos cuando los veas pisoteados.

Hay dos maneras de contrarrestar la división de poderes que un sistema democrático requiere para subsistir: La primera, la obvia, consiste en abolir a las otras funciones de estado y dejar al mando a un único  líder o caudillo.  Esta opción, sin embargo, es arriesgada  pues conlleva tener que lidiar con aquellos actores políticos y civiles dispuestos a defender la institucionalidad política. La segunda posibilidad es sutil, y radica en generar más funciones de estado, de modo que el equilibrio de poderes quede contrarrestado, haciendo pensar al grueso de la sociedad que este acontecimiento inaudito ha sido establecido por el bien de la democracia. Después de todo mientras  más funciones del estado mejor se distribuye el poder ¿no es así? Al menos eso se hizo creer, en su momento, a la ingenua sociedad civil ecuatoriana.

En efecto, la poco feliz Constitución del 2008 optó por la segunda estrategia. A la función Ejecutiva, Legislativa y Judicial, se le sumaron la Electoral y la de Transparencia y Control Social. Durante el surreal período de transición que va desde el fin de labores de la  Asamblea Constituyente hasta la instauración de nuevas autoridades en el 2009, estas dos nuevas funciones fueron ocupadas por consejos transitorios. En el caso de la función Electoral, las cuotas fueron llenadas, a vista y paciencia de la aturdida sociedad civil ecuatoriana, por asesores y colaboradores del correismo. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se realizó un concurso para escoger consejeros transitorios, pero estos no cumplieron prácticamente ninguna actividad relevante. En efecto la ley orgánica del CPCCS fue definida desde el Congresillo (y luego la Asamblea), sin darle mayor importancia al trabajo del Consejo transitorio cuyas labores cesaron sin haber realizado una sola elección de autoridades de control como se había dispuesto al principio. Cabe recalcar que su presidente, Julián Guamán, quien alcanzó el puntaje más alto del concurso, mantuvo una posición moderadamente crítica a la intervención estatal en la participación civil por lo que sería válido preguntarse si esta fue una de las razones de la corta y poco fructífera vida de esta institución. 

Posterior a esto, el  concurso para consejeros definitivos del CPCCS lo realizó el Concejo Nacional Electoral transitorio, (que como dije antes estaba conformado por asesores y simpatizantes de Alianza País), a través de  un proceso altamente cuestionado por los veedores que lo monitorearon. Bástese decir que Julián Guamán, que había obtenido el puntaje más alto en el concurso anterior, ahora no alcanzó ni siquiera un escaño como suplente. De los siete consejeros electos cuatro eran declarados simpatizantes del régimen, dos eran jóvenes relacionados a las organizaciones afines al MPD (en ese entonces un partido aliado al régimen), y apenas uno, Luis Pachala, era abiertamente crítico al gobierno. El control del partido oficialista sobre esta organismo era obvio y no vale la pena dar mayor explicación al respecto.  Como dato curioso, sería el CPCCS el que a su vez organizaría el proceso de elección de miembros del Consejo Nacional Electoral definitivo en un coqueto loop de simbiosis política.

Al poco tiempo el MPD y varios otros movimientos de izquierda retiraron su apoyo al proyecto de la revolución ciudadana -por razones bien conocidas- por lo cual los dos consejeros identificados con este movimiento, es decir David Rosero y Andrea Rivera, se constituyeron en voces críticas a la injerencia de la voluntad gubernamental en ese organismo. Sin embargo su condición de minoría no les permitió generar  mayor resistencia. Cabe decir que  absolutamente todos los cuadros propuestos por el brazo ejecutivo para liderar los organismos de control fueron quienes finalmente asumieron los cargos, entre ellos el fiscal Galo Chiriboga, familiar del presidente Rafael Correa. Además se debe recordar la silente sumisión del CPCCS a las reformas para la  elección del Consejo de la Judicatura, en 2011, que según la Constitución debió ser manejado desde el "Quinto Poder".

A partir de entonces no ha sido raro ver a David Rosero como una voz crítica, y cada vez más comprometida en denunciar el meteórico crecimiento de la influencia gubernamental en las otras funciones de estado e inclusive en la esfera de la sociedad civil. La condición de miembro del "Quinto Poder" protegía a este consejero de la cada vez más represiva maquinaria gubernamental de la que no han podido salir airosos ni siquiera los asambleístas opositores. Por supuesto esta situación no podía durar demasiado, y tarde o temprano las posiciones de este líder político le pasarían factura.

En efecto, hace pocos días, David Rosero fue puesto tras las rejas, y luego condicionado a presentarse ante las autoridades judiciales cada quince días en espera de su sentencia. La causa directa fue su decidida acción de protesta frente a la decisión del gobierno de hacerse con los fondos de cesantía del magisterio nacional, o más bien dicho de traspasar esos fondos bajo la administración del BIESS. Pero podría existir una causa más profunda para el encarcelamiento de Rosero y está tal vez sería explicada desde factores políticos. En efecto el consejero ha denunciado que su encarcelamiento se trató de un acto de persecución política. Juzgue el informado lector si las razones que señala Rosero tienen razón de ser. Yo tengo mi propia opinión, pero las cosas que son obvias no necesitan expresarse pues redundar es de mal gusto.

El proceso que se sigue ahora mismo sobre David Rosero (quien podría enfrentar una pena de entre uno a tres años)  nos enseña algunas lecciones sobre el carácter de la revolución ciudadana: en primer lugar el poco respeto que el gobierno tiene, tuvo y piensa tener por esa sui generis función de estado inventada en Montecristi, llamada Transparencia y Control Social; esta solo merecía consideración mientras fuera útil al correismo, pero no se tolerará absolutamente ningún acto de rebeldía a sus consejeros críticos.   En segundo lugar resulta escandaloso el silencio del mismo CPCCS, quien debería haber puesto el grito en el cielo para defender a uno de sus miembros; en efecto, su silencio no  ha hecho más que demostrar su sometimiento a la rama Ejecutiva y  a sus políticas represivas. En tercer lugar, a estas alturas ya debería haber quedado claro que tratar de estatizar la participación ciudadana fue un error, y es una pena que los movimientos sociales y la sociedad civil organizada no se hayan percatado de ello a tiempo. Así pues el  carácter cuestionable de un CPCCS ha sido desnudado cuando a uno de sus consejeros críticos le ha llegado el turno de  saborear por si mismo el peso de la represión gubernamental. En cuarto lugar, la detención y procesamiento de David Rosero nos ha ofrecido un claro panorama de lo que nos podría pasar a nosotros. Piénsalo un momento, querido lector, si el gobierno de la revolución ciudadana no tuvo ningún empacho en encarcelar y amedrentar judicialmente a uno de los representantes la quinta función del estado (que teóricamente está a nivel del Ejecutivo o del Legislativo) imagínate lo que te va a pasar a ti si algún día te sales del guión impuesto por este modelo disciplinario y se te ocurre reclamar por tus derechos cuando los veas pisoteados.

[PANAL DE IDEAS]

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