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6 de Agosto del 2018
Ideas
Lectura: 5 minutos
6 de Agosto del 2018
Hugo Cahueñas Muñoz

Abogado, catedrático de Derecho en la Universidad San Francisco de Quito. 

El reclutamiento de menores en la frontera
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Desde una perspectiva de transformación del conflicto y construcción de paz, las políticas públicas deben involucrar a las comunidades, para que estas lleguen a ser resilientes a estos procesos de violencia. Principalmente, los niños, niñas y adolescentes deben ser participantes activos de la transformación del conflicto hacia una paz positiva, permanente y justa.

Un adolescente ecuatoriano de 15 años falleció en un campamento de las FARC, por un bombardeo de las Fuerzas Armadas colombianas que ocurrió el 15 de noviembre de 2010. Frente a este hecho, el 11 de enero de 2011, la Asamblea Nacional del Ecuador resolvió condenar el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de cualquier fuerza regular o irregular nacional o extranjera. Además, la Asamblea Nacional exhortó a los Estados ecuatoriano y colombiano a que protegieran de manera prioritaria y garantizaran los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en la zona fronteriza.

Hace pocos días, se hizo pública la versión de uno de los miembros del Frente Oliver Sinisterra (encabezado por alias “Guacho”) ante la justicia colombiana, en donde se identifican dos respuestas directamente relacionadas con los hechos ocurridos en 2010. Por un lado, mencionó que existen menores de edad dentro de la organización, incluyendo una persona de 15 años. Por otro lado, señaló que dentro de la organización existen “varios reclutados de origen ecuatoriano”. Este testimonio coincide con otras fuentes que señalan que este tipo de grupos armados incluyen a personas menores de 18 años reclutadas tanto en territorio colombiano como ecuatoriano.

Ecuador y Colombia han firmado y ratificado el “Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados”. En virtud de este Protocolo, ambos Estados tienen la obligación de adoptar “todas las medidas posibles” para impedir el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados. Es decir, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de tomar todas las medidas posibles para protegerlos frente a los procesos de reclutamiento.

Como devela la versión del miembro del Frente Oliver Sinisterra, el riesgo de reclutamiento sigue latente. Distintos grupos armados organizados, carentes de estructura, principios y disciplina, están reclutando personas en Ecuador para sus actividades criminales. Se conoce que la ONU promueve proyectos bilaterales para prevenir la trata y el reclutamiento forzoso en zonas de frontera. La pregunta que surge es ¿qué está haciendo y qué planifica hacer el Estado ecuatoriano para proteger a este grupo de atención prioritaria? No basta que el Código Orgánico Integral Penal tipifique este delito. No basta con llenar de tanques de guerra las ciudades de frontera.

Son necesarias políticas públicas sostenibles, fundadas en investigaciones profundas, participativas, técnicas y multisectoriales. Se debe gestionar el riesgo y generar desarrollo mediante educación y empleo, con un enfoque de derechos humanos. Por ejemplo, se debe evaluar cómo mejorar la oferta educativa, tanto primaria y secundaria, como la educación técnica y superior. Al respecto, hoy se publicitan varias actividades que se están promoviendo en la frontera norte. Las mismas no deben ser coyunturales; deben ser sostenibles. Como se evidencia, esta problemática tiene larga data y se agudizó después de la firma del acuerdo de paz de 2016 debido a que en lugares estratégicos para el narcotráfico como el municipio de Tumaco, el Estado no ha logrado recuperar las áreas dejadas por las FARC, las cuales han sido copadas por distintos grupos armados que compiten por el control del negocio de la droga. También se deben fortalecer las economías locales y el comercio bilateral. Es decir se deben incentivar las actividades lícitas que existen en la zona fronteriza. Por ejemplo, la agricultura, la agroindustria, el turismo, la pesca y la acuacultura, deben fortalecerse mediante cooperación técnica y tecnológica, tanto nacional como internacional.

Desde una perspectiva de transformación del conflicto y construcción de paz, las políticas públicas deben involucrar a las comunidades, para que estas lleguen a ser resilientes a estos procesos de violencia. Principalmente, los niños, niñas y adolescentes deben ser participantes activos de la transformación del conflicto hacia una paz positiva, permanente y justa.. Si no se adoptan todas las medidas posibles, lamentablemente, los niños, niñas y adolescentes podría tomar parte en estos (no tan nuevos) escenarios de violencia armada.

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