Dicen que la palabra economía, viene del griego okonomos: la administración la casa. Pero no es necesario ser economista para saber que cuando en la casa merman los recursos, se deben readecuar ingresos y priorizar gastos. Por ejemplo: reducir las salidas a comer fuera y los gastos de recreación, vender el carro…, pero el jefe de familia que enfrenta esta situación, no deja de asignar recursos para la alimentación y tampoco, por ahorrar, saca a uno de sus hijos del colegio.
Sin embargo, el gobierno no piensa como el padre o madre del ejemplo.

Estas últimas semanas han sido decisivas para la educación ecuatoriana. La movilización estudiantil logró que no se quiten USD 145 millones del presupuesto asignado a la educación superior, pero en una carta que antecedió a la renuncia del ministro de educación Fander Falconí, se mostró que la educación pública primaria y secundaria superior, sí se vería afectada en términos presupuestarios. Así, la reducción en el gasto corriente sería de USD 198 millones, lo cual afectaría en particular a la Educación Intercultural Bilingüe e impediría renovar equipos, mobiliario  y maquinaria del bachillerato técnico. En inversión, la reducción sería de USD 221 millones, afectando en especial a la educación inicial y a la atención de niños y niñas con discapacidad.

Esa reducción hace dudar acerca del cumplimiento de las promesas que hiciera el gobierno en sus jornadas de diálogo con los pueblos y nacionalidades indígenas y acerca al plano de la demagogia, los ofrecimientos de potenciar la educación técnica, como talento humano para la empresa ¿Con que dinero se va a potenciar la educación de “emprendedores”, que ha sido materia de múltiples discursos del presidente? ¿Cómo se pondrá en marcha la propuesta que sustituya al bachillerato unificado?

Para justificar este atentado contra la educación de los sectores más pobres del país, el gobierno, suelto de huesos, dice que no hay plata en el Estado… y esgrime de nuevo el discurso de que su antecesor se llevó hasta los cubiertos, de una mesa que nunca estuvo servida. Ambos argumentos, han servido para justificar cambios legislativos que han beneficiado a los empresarios y para realizar medidas económicas que no han tenido efecto, como la eliminación al subsidio de la gasolina súper.

Mal de muchos, consuelo de tontos, y bajo esta premisa puede consolarse el gobierno diciendo que ellos no han sido los únicos. Decir que en el gobierno de Correa se hizo la nefasta ley de educación intercultural (LOEI) que homogenizó la educación dentro de un proyecto de Estado mestizo y con ello atentó el derecho colectivo de la educación de los pueblos indígenas. Puede decir que en ese gobierno se generaron las escuelas del milenio pensadas desde el escritorio y la visión desarrollista y de “progreso”, que significó el cierre de cientos de escuelas comunitarias. Y defenderse, replicando que los gobiernos precedentes, solo maquillaron la reforma curricular del año 1996, pero estuvieron prestos a seguir las políticas educativas dictadas por organismos internacionales. 

Bien puede argumentarse que desde que se volvió a la democracia (1979), el presupuesto asignado a la educación pública siempre fue pingüe, que con Mahuad, en el año 2000 apenas se destinó el 1.7% del PIB a la educación, o que con Febres Cordero creció la educación privada a ritmos acelerados y se hizo un negocio rentable, a costa de la educación pública. La reducción presupuestaria para la educación pública, que según el convencido verdeagüita exministro Falconí, motivó su renuncia, ha sido una constante en este hermoso país tropical. Pingües han sido los dineros destinados a la inversión educativa del Ecuador. Desde el gobierno de Febres Cordero (1984-88) a Palacio (2005- 2006),  es decir, durante 22 años se destinó un promedio de 2.7% del PIB a la educación. Cabe anotar que en el gobierno de Jaime Roldós, la educación tuvo su ingreso más alto: el 5.4% del PIB, en el año 81. Ese mismo año, el presidente Roldós murió en un misterioso accidente.

La crisis de la educación ecuatoriana es un retruécano y pasa, con diversas formas, de gobierno a gobierno. Ha sido motivo tanto de estudios académicos, como de congresos y rimbombantes eventos, en hoteles lujosos.  Pero los docentes siguen siendo maltratados, y su profesión desvalorizada. Hasta hace una década su bajo salario no era entregado a tiempo y desde hace una década tienen más carga laboral, evaluaciones constantes y no precisamente formativas, deben cumplir procesos administrativos y llenar matrices infinitas que coartan el tiempo real de trabajo con sus alumnos. Sobre todo, ellos y sus estudiantes son víctimas del disciplinamiento. Y las pruebas de matemáticas y de lenguaje aplicadas  a los estudiantes, ante los ojos espantados de los tecnócratas, tercamente, siguen dando resultados bajos.

Y parece que la educación de este país así seguirá por sécula seculorum, si la sociedad civil no interpela en serio a los gobiernos de turno para que la miren desde su real dimensión. Moreno, ufano, declara que este es un gobierno de empresarios, pero los buenos empresarios saben que una baja inversión da una baja ganancia, cuando no hay pérdida…

El presidente Moreno encargó el Ministerio de Educación a un ex juez de la Corte Constitucional, antecedente profesional que per se no dice nada, ni en bien ni en mal (una educadora, ministra del ramo, alguna vez llegó a su despacho a contar su descubrimiento: ¡hay escuelas que no tienen agua potable!). Sin duda el flamante ministro tiene en sus manos una tarea compleja, dado el recorte presupuestario, pero sobre todo debido a la voluntad política gubernamental. No se le puede pedir que haga milagros, se le desea suerte, aunque para mejorar la educación ecuatoriana se necesita más que eso.