Mi nieta de cuatro años me describía este lunes ––con la fuerte imagen que utilizo para titular este artículo, producto de la mente lógica y metafórica de una niña––, el mal olor que despide el Machángara, el río de Quito, convertido desde hace años en una cloaca infecta.

No debería ser así. La desaparecida Corporación Vida para Quito, con estudios realizados por la entonces llamada EMAAP, construyó interceptores a lo largo de las márgenes del río, desde su nacimiento en la quebrada Río Grande hasta El Trébol, para capturar las aguas servidas e impedir que estas caigan al río, separándolas de las aguas lluvias.

La idea es que estos interceptores lleven las aguas servidas de manera paralela al río, en canalización subterránea, y el río quede limpio. Solo faltó un mínimo tramo que quedó licitado al finalizar la alcaldía de Andrés Vallejo (información: quien esto escribe fue vicealcalde en ese período). Llegó Augusto Barrera y abandonó el proyecto, como tantos otros de las administraciones de Paco Moncayo y Andrés Vallejo, paralizando el desarrollo de la ciudad. Declaró desierta la licitación para ese último tramo faltante de interceptores. No solo eso, sino que liquidó la Corporación Vida para Quito (VpQ), en un proceso larguísimo, en que se emplearon decenas de funcionarios (lo que fue un contraste tragicómico pues VpQ solo tuvo 14 empleados).

Por cierto, el mismo tipo de proyecto, construir interceptores, se realizó en el río Monjas, que va desde Cotocollao hacia Pomasqui, otro río contaminado convertido en cloaca. Allí también quedaron abandonadas las obras.

Han pasado casi seis años de aquello. La administración Barrera optó por un enfoque radicalmente distinto: hacer estudios para una planta de tratamiento de aguas residuales, que se construirá en el futuro.

En efecto, y con el tortuguismo que caracterizó a esa administración, en octubre de 2013, es decir casi al final de su período, el Instituto Nacional de Preinversión (INP) suscribió con un consorcio (la asociación temporal Hazen and Sawyer-Pi Épsilon) un contrato para desarrollar los “estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos de la planta de tratamiento de aguas residuales Vindobona de Quito y parroquias anexas”, que se enmarca en esta visión distinta de la ahora llamada EPMAPS de la descontaminación de los ríos de la ciudad.

Estos estudios son por sí mismo lentos y carísimos: el plazo fue de 600 días, es decir que no estarán listos sino a mediados de este año, en caso de que se cumpla el cronograma, al costo de USD 10,2 millones.

Además se ha hecho una planta piloto, para simular el funcionamiento que tendrá la definitiva, a un costo de US$ 250.000, con las aguas de la descarga de El Batán (descarga, por cierto, canalizada por un túnel y una rápida por VpQ).

La idea que ahora tienen la EPMAPS y el INP es construir un túnel de 30 km de largo, desde La Tola hasta Vindobona, sitio en el que se construirá una segunda obra, una planta de tratamiento de aguas residuales, previéndose una tercera obra, una central hidroeléctrica. Téngase en cuenta que lo que está haciéndose son estudios de factibilidad y que solo una vez que se completen, se realizarán los diseños definitivos.

¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, que se ha abandonado el informe pragmático de VpQ, que era tener los interceptores y descontaminar de inmediato el Machángara en la parte que cruza por el centro y sur de Quito, y arrojar las aguas servidas río abajo, que de todas maneras las recibe, para mejorar la salud ambiental de esa gran zona de la ciudad sin dejar de realizar los estudios y construcción de cualquier solución definitiva.

Era una respuesta inmediata y práctica al problema más grave. Los estudios y construcción de cualquier otra obra han tomado ya años y tomarán muchos más, porque, y eso aún no lo he dicho, el proyecto que piensan la EPMAPS y el INP tendrá un costo mínimo de US$ 600 millones. ¿600 millones de dólares? Ni más ni menos, es decir lo que costó el nuevo aeropuerto de Quito (después de la “fabulosa” renegociación de Barrera, porque antes costaba US$ 413 millones). Solo es de imaginar lo que se demorará la ciudad en conseguir ese financiamiento, sobre todo en época de vacas flacas y necesitada de conseguir financiamiento adicional para el Metro, para el que los cálculos de la administración anterior y de la quebrada empresa Metro de Madrid se quedaron tan cortos.

Mientras tanto, la EPMAPS ha mantenido al Machángara contaminado durante los últimos seis años, cuando ya estaba en camino una solución y, si no cambia su enfoque, lo tendrá por otros tantos, pues según el plan con el INP, y si se consigue financiarla, la planta de tratamiento solo entrará a funcionar el año 2021.

No niego que este proyecto es fabuloso: se supone que descontaminará el Machángara, el San Pedro y el Guayllabamba, incluso la central hidroeléctrica generará alrededor de 30 MW lo que, sin duda, es un gran beneficio adicional. Pero son pajaritos volando, mientras que la ciudad podía haber tenido desde hace más de un lustro un Machángara descontaminado en la parte que cruza la ciudad.

El enfoque del alcalde Vallejo fue: hagamos primero los interceptores, mientras se deciden y construyen las plantas de tratamiento, que pueden ser grandes o pequeñas. El enfoque de Barrera fue: hagamos primero dos plantas inmensas, una al sur y una al norte, posición que cambió luego para hacer una sola planta mucho más gigantesca al norte con un túnel de conducción larguísimo. Ese gigantismo (aplicado también en lo del metro y en las vías al aeropuerto) es el que le impidió a Barrera hacer cosas prácticas y más pequeñas que den resultados inmediatos, lo que al parecer contagió a la EPMAPS.

Pero no está todo perdido, y el Municipio todavía podría hacer el proyecto de los interceptores, con muy poca inversión. El costo de la construcción de la parte que faltaba de los interceptores rondaba los USD 700.000, que la EPMAPS bien los puede poner. La empresa también deberá revisar y arreglar los interceptores abandonados por tantos años y hacer los empates y desvíos. Según parece el alcalde Mauricio Rodas ha conocido esta situación y va a retomar el proyecto. Si lo hace podría tener para fin del año una buena parte del Machángara descontaminada, aunque el proyecto fabuloso de 600 y más millones de dólares se siga haciendo, al mejor ritmo que se pueda. Lo uno no descarta lo otro.

Lo mismo sucede con el proyecto del río Monjas, en la zona cada vez más poblada de Cotocollao, Pusuquí, Pomasqui y San Antonio.

Es solo cuestión de pragmatismo. Es un tema de decisión del alcalde, un test de su liderazgo. Tal vez así el Machángara no “vuelva a vomitar” y los niños de Quito crezcan en un ambiente más saludable.