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6 de Octubre del 2015
Ideas
Lectura: 7 minutos
6 de Octubre del 2015
Patricio Moncayo

PhD. Sociólogo. Catedratico universitario y autor de numerosos estudios políticos.

El secuestro de la democracia
El diálogo sobre la equidad y la justicia social pretendía justamente hacer aparecer a los manifestantes como voceros de los intereses de los ricos que reaccionaron frente a los proyectos de herencia y de plusvalía. Este debate dejó en segundo plano los temas de la democracia, de los derechos humanos, de la equidad política.

La persistencia del gobierno de recordar y celebrar el 30-S, responde a su necesidad de construir un relato acerca del “golpe de estado” que aun sigue siendo objeto de investigación después de cinco años de producido el hecho.

En su reconstrucción intervinieron desde el presidente de la República hasta su entorno más cercano. Se contó con peritos internacionales para garantizar “objetividad”. Hace cinco años en el Regimiento Quito “se vivía una jornada de protesta que provocó la llegada del presidente Correa al cuartel y su salida en muletas, hacia el Hospital de la Policía, ubicado al lado norte”, dice la nota periodística de El Comercio, de 4 de septiembre del 2015.

No hay, pues, certeza de que se tratase de un golpe, ni blando ni duro. No obstante, en el discurso oficial no cabe la menor duda de que hubo una conspiración para derrocar al presidente. El presidente fungió de víctima y de héroe. Y ese discurso dio lugar a represalias de todo tipo contra policías, militares, periodistas, sin que hasta el día de hoy se haya podido comprobar la existencia de “golpistas”. Los artífices de ese presunto golpe se los ubica en las filas de la oposición, del gutierrismo, de la derecha, de la partidocracia, del neoliberalismo. Todo esto no ha pasado de ser pura fantasía, y quienes acabaron en la cárcel fueron miembros de la policía, muchos de los cuales han reivindicado su inocencia.   

En materia de secuestros el perpetrado contra Febres Cordero con el “taurazo” deja corto al del presidente Correa. En Visión 360 se reconstruye con objetividad lo que significó el “viernes negro”. La vida del presidente Febres Cordero, sin duda, corrió peligro. Su decisión de ceder a las demandas de sus captores obedeció al objetivo de evitar derramamiento de sangre. Los comandos de Taura, sin duda, pagaron los platos rotos y luego fueron amnistiados por el presidente Borja y la Asamblea de Montecristi.  Es de destacar la sensatez de la clase política de la época; ni el vicepresidente Blasco Peñaherrera ni el presidente del Congreso, Andrés Vallejo, se prestaron para desestabilizar el régimen democrático.  

No es casual que a los cinco años de producido el 30-S, el gobierno vuelva a recordarlo, como si quisiera perpetuarlo en la memoria como una advertencia a los “golpistas” de junio y agosto que cometieron el delito de salir a las calles, como ayer los “forajidos”. La diferencia con los forajidos justamente está en que éstos, Correa incluido, sí perseguían el derrocamiento de Gutiérrez, mientras que en la movilización contra Correa no había ese objetivo. El “fuera Correa fuera” era la expresión de un deseo pero no, de un plan premeditado. El propósito, más bien, era exigir rectificaciones al gobierno.

Correa no es el único presidente que ha suscitado reacciones colectivas contra los gobernantes que incumplieron o abusaron de su mandato. Y no por ello la democracia sufrió un descalabro; el régimen constitucional sobrevivió. ¿Cuál es, entonces, el temor del presidente Correa? ¿Su poder personal o la desestabilización de la democracia? Si en el peor escenario Correa cayera, ello no implicaría el fin de la democracia, como no lo fue, con el derrocamiento de tres presidentes en los 90 y a comienzos del siglo XXI. Pero, en todo caso, no era esto lo que estaba en juego en las movilizaciones ciudadanas de hace dos meses. En realidad, nadie estaba ni está pensando en un golpe de estado.

El presidente respondió con dos estrategias: la represión y el diálogo. El caso de Manuela Picq muestra hasta dónde llegó la primera. La cancelación y negación de la visa a la que tenía derecho la politóloga franco-brasileña implica la conculcación de un derecho civil por la discrecionalidad del poder político.  Se trata, afirma Manuela, de una estrategia utilizada por los gobiernos autoritarios de izquierda para obligar a los ciudadanos a “defenderse del Estado como personas” en lugar de “pensar en el Estado” como colectivo deliberante, con el derecho de una sociedad a participar y ser escuchada.

En cuanto al diálogo, el presidente no lo planteó desde la política, o sea, conectando la movilización social con el diálogo; éste más bien fue pensado como un recurso para aislar la protesta y descalificar a los actores sociales que la promovieron.  El diálogo sobre la equidad y la justicia social pretendía justamente hacer aparecer a los manifestantes como voceros de los intereses de los ricos que reaccionaron frente a los proyectos de herencia y de plusvalía. Este debate dejó en segundo plano los temas de la democracia, de los derechos humanos, de la equidad política.

Y en realidad este es el tema central de la coyuntura actual. La pospolítica, como sostiene el politólogo Matthieu le Quang, en un artículo de prensa, “circunscribe al ser humano a su estado de homo economicus”. No lo reconoce en su calidad de sujeto de derechos en los demás campos de la existencia social, en los cuales el político es sustantivo en un régimen democrático.

Conviene, por tanto, entender por qué un hombre llamado de izquierda subordinó la política a la economía, y colocó a la libertad como subproducto de la igualdad. Según sostiene la politóloga Manuela Picq, “no es coincidencia que en los países donde triunfó el bolivarianismo no hubo dictaduras militares fuertes y que en ellos, por tanto, se crea que es algo bueno para la estabilidad de un país tener un buen dictador”. Su afirmación, en una entrevista con Marlon Puertas, revela agudeza sociológica e histórica.

Al respecto Ortega y Gasset, al caracterizar a los gobernantes que se  sienten representantes de las masas, da a entender que terminan siendo dominados por ellas. Se trata de “situaciones de gobierno” en las que mandan las circunstancias más que los proyectos políticos y sociales. “Cuando ese poder público intenta justificarse, no alude para nada al futuro, sino, al contrario, se recluye en el presente”. De ahí que pese a haber tenido grandes posibilidades y recursos “no construya nada”.

Y hoy ya es tarde cuando esos recursos faltan. En este caso son las circunstancias las que dominan. Son las urgencias y no las importancias las que gobiernan. La distancia entre el proyecto y la realidad se vuelve cada vez mayor y ello impide que el mito siga marcando la ruta.

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