La ciudad es un animal vivo, eso es innegable, y como tal, uno de los signos de su salud es el crecimiento sostenido de su población. Ahora bien, continuando con la analogía, dicho crecimiento puede ser armonioso, dotado de servicios y espacios de calidad, con una estética agradable y mecanismos funcionales adecuados (saludable); o bien puede ser desordenado, carente de servicios, con proliferación de tugurios y con el consiguiente aumento de los fenómenos sociales que van de la mano con esta problemática (delincuencia, invasiones de tierras, ausencia de criterios técnicos para el desarrollo, etc.)

No voy a enfocarme en la gentrificación y sus dilemas éticos —ya que estoy convencido de que las urbes manejarán su plusvalía y crecimiento siempre de acuerdo a criterios que poco tienen que ver con el concepto de ciudad ideal que, como urbanistas, perseguimos en nuestros sueños más audaces— si no más bien en los elementos controlables desde las entidades administrativas, que son las que tienen la posibilidad de generar un mejor desarrollo del hábitat.

En los últimos años la ciudad de Quito se ha dado de cara con la imposición de un crecimiento urbano enmarcado en el concepto del “quiero y puedo", impuesto por intereses económicos que han dejado de lado el bien común. Más allá de las propuestas formales–estéticas, que pueden o no ser del agrado de todo el mundo (a veces hay conceptos tan elevados en el universo del diseño, que escapan de la comprensión de los simples mortales), el crecimiento vertical se ha adelantado en lustros al manejo y creación de ordenanzas que permitan un equilibrio entre estas manifestaciones formales y el entorno del ciudadano de a pie que, en última instancia, es el elemento fundamental del mosaico que constituye una ciudad.

Las ordenanzas son la herramienta fundamental que dispone la administración metropolitana para generar un crecimiento inteligente y humano de la “jungla de cemento". Una vez aceptado que la ciudad es un ente en crecimiento constante —y que está en manos de sus personeros principales el propiciarle un desarrollo saludable— son las ordenanzas las pautas que facilitan este suceso. Pero ¿qué se puede hacer cuando una urbe experimenta un “estirón” (aupado por un desmesurado interés financiero) que escapa a las regulaciones establecidas o que hace que dichas regulaciones sean, por decir lo menos, inadecuadas, obsoletas y caducas para regular dicho fenómeno?

Pongo el caso de la construcción de un edificio que tiene más de 100 metros de altura desarrollada sobre el nivel natural del terreno, pero que pese a esta situación aún se encuentra sujeto a la zonificación que corresponde a su sector, esto es: 5 metros de retiro frontal y 3 metros de retiros laterales (no considero el retiro posterior ya que la estructura en mención abarca toda la cuadra, con 2 frentes a vías paralelas). Paradójicamente en las mismas ordenanzas, que establecen un retiro inmutable para las construcciones, sin importar su altura, se regula la iluminación de las mismas por patios interiores (pozos de luz) de una manera mucho más rígida, ya que se exige que estos tengan, en edificaciones mayores a 3 pisos, un lado equivalente a la tercera parte de la altura total de la edificación, con un lado menor no inferior a 6 metros. (Art. 74, Ord. 3457, Normas de arquitectura y urbanismo para el D.M. de Quito).

Ante este sinsentido cabe la pregunta: ¿Qué hacer frente la incoherencia que esto significa? Primero lo primero: realizar una reestructuración de todo el Plan de uso y ocupación de suelo (PUOS): es imposible pensar que una normativa diseñada para regular una ciudad pequeña, cuya esencia básica no ha cambiado desde mediados del siglo XX pueda servir para regular una metrópoli que ya bordea los tres millones de habitantes. Sí, el desarrollo vertical es fundamental para el crecimiento ordenado, aumenta la densidad sin sacrificar la extensión, concentra dotación de servicios y reduce el impacto del crecimiento sobre los valles que siguen (y deben seguir) siendo un recurso urbano valioso para mejorar la calidad de vida, pero este desarrollo no puede darse supeditado únicamente al valor del terreno, este crecimiento tiene la obligación de ir de la mano con la dotación de un espacio público de calidad.

Ahora existe la posibilidad de la famosa “compra de pisos", que lo único que consigue es ahondar más el problema, privilegiando el poder económico por sobre la faceta humana de la ciudad. Esa herramienta debe ser implementada de forma cuidadosa y por sobre todo ética, para que no seamos en poco tiempo una ciudad con un núcleo plagado de rascacielos a los que no les llega el sol, ya que, aunque esos edificios se coticen con los precios más altos del mercado, siguen constituyendo la forma más hipócrita de tugurización.

Como conclusión, urge una revisión exhaustiva, coherente y técnica de las ordenanzas que regulan el crecimiento de nuestra ciudad. Urge revisar cada proyecto de forma independiente, más aún cuando dicho proyecto va a constituirse en un hito urbano y, por sobre todas, las cosas urge tener una administración municipal que incorpore a verdaderos urbanistas, amantes de su bien hacer y que limpien de forma ética el tapete para que podamos aplicar a un crecimiento inevitable, pero sano, que no olvide lo mencionado en las primeras líneas de esta nota: la ciudad se debe al ser humano.

@espigaarquitectos