Guadalupe Llori no fue de mi agrado. No porque sea mujer, ni indígena; sino porque su gestión fue deplorable y no estuvo a la altura del cargo que ostentó en la Asamblea Nacional, al igual que muchos legisladores que no merecen estar sentados en sus curules. Para la oposición, Llori fue la piedra en el zapato que les impidió llegar a la conducción de la Asamblea y avanzar en su confrontación hacia el régimen. Para el gobierno fue una aliada que intentaba medir los tiempos para enfriar el apetito golpista de algunos asambleístas, incluidos sus compañeros de partido.

Cabe preguntarnos. ¿El problema realmente era que Llori sea la Presidencia de la Asamblea Nacional? Pese a sus múltiples falencias, el problema del Legislativo nunca fue Llori. Ella está dentro del nivel promedio de asambleístas con indicios de corrupción, poco elocuentes con la honestidad, aunque audaces a la hora de referirse a ella. El problema real para la oposición siempre fue la toma del poder y el control del Legislativo. Ese es el ansiado manjar que Lasso no dio a degustar a sus ex aliados socialcristianos y a los aliados de estos, los correístas, antes del 24 de mayo de 2021.  

Independientemente de ello una cosa es cierta, el golpe institucional que fraguaron y ejecutaron social-correístas (PSC/UNES), el ala radical de Pachakutik afín a Leonidas Iza y los ex legisladores de la Izquierda Democrática para tumbar a Llori, no solucionará la crisis de institucionalidad y el estado de descomposición de la Función Legislativa. Al contrario, la crisis se agudizará más y en ella se ratificarán algunas conductas, por ejemplo, en lo que respecta al tratamiento de los proyectos de ley que envíe el gobierno, los cuales probablemente ni siquiera se debatan; o el llamado a los ministros de Estado para que comparezcan ante un Parlamento en donde los ajustes de cuentas (juicios políticos) empezarán a operar como leitmotiv. Que no sorprenda a nadie que la próxima cabeza en rodar en la Asamblea Nacional producto del acuerdo social-correísmo (PSC/UNES), PK rebelde y ex ID sea la de Yessenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Función Legislativa, sobre quien pesa una denuncia por incumplimiento de funciones aprobada por el Consejo de Administración Legislativa CAL. El modus operandi para el juzgamiento será el mismo: conformar una Comisión Ad Hoc multipartidista (de oposición) para muy probablemente removerla de su función.

¿Qué viene ahora? El avance firme de la oposición por captar espacios en el CAL y las dos Vicepresidencias de la Asamblea. ¿Hasta dónde llegará esta "recomposición legislativa"? ¿Se removerá a los presidentes de las comisiones legislativas permanentes? ¿Qué ocurrirá con los procesos de fiscalización?

Pero esto no queda ahí. Existen procesos de juicio político pendientes en el Legislativo contra los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y contra los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE). En el caso de los últimos posiblemente los juicios no se activen, no solo por el blindaje que adquieren en el proceso electoral, sino porque la mayoría de consejeros de esta institución están estrechamente ligados a los partidos de oposición en la Asamblea, y no de ahora. El acuerdo social-correísta opera desde 2018 en el CNE con total éxito. ¿Cómo influirá esto en las elecciones seccionales 2023 y de consejeros del CPCCS?

En lo que respecta al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Asistiremos a una nueva metida de mano al órgano operativo de la Función de Transparencia? Dos cartas se podrían jugar el destino de esta institución. La primera el juicio político para remover a sus autoridades y allanar el camino para captar los organismos de control, a través de los concursos de méritos y oposición. La segunda, dejar que los tentáculos de la oposición legislativa operen en el CNE, entidad encargada de organizar las elecciones de vocales del CPCCS y quien días atrás convocó a la inscripción de candidaturas para vocales de esa entidad.

Con este escenario complejo, el presidente Lasso debe sumar un nuevo objetivo a los expuestos el pasado 24 de mayo en su informe a la nación, pues el 2022 no solo será el año de la “inversión social” –como mencionó el mandatario–, sino también marcará el inicio de una férrea defensa por mantenerse en el poder.