El tiempo es a la política, lo que el espacio a la geografía. Para entender ciertos sucesos es fundamental determinar el timing político. Es decir, inscribirlos en la partitura que da ritmo a los acontecimientos y cadencia al desplazamiento de los actores. Desde esta perspectiva, la intervención del Estado en ciertos pabellones de la Penitenciaría del Litoral adquiere un sentido distinto al que pretenden posicionar los generales que gobiernan con Guillermo Lasso.

Entre el 1 y el 6 de noviembre fuimos testigos de una ola de violencia criminal insólita. En un cortísimo lapso se produjeron explosiones de artefactos en gasolineras, coches bomba, ataques letales a Unidades de Policía Comunitaria y amenazas de terrorismo a través de videos difundidos en redes sociales, teniendo por teatro de operaciones a las ciudades de Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo. Esta serie de actos violentos fue una reacción ante la decisión de reorganizar la Penitenciaría del Litoral mediante el traslado y rotación de presos. Decisión que se implementó desde el 1 de noviembre.

Mientras el gobierno posiciona la idea triunfal de que están “neutralizando al crimen organizado” y “retomando el control de las cárceles”, una mirada atenta de lo sucedido deja más dudas que certezas.

Si el gobierno busca recuperar credibilidad debe dar una respuesta inequívoca a estas tres preguntas: ¿Quién tomó la decisión de intervenir en la Penitenciaría? ¿Por qué no se anticipó la ola de violencia criminal desatada como reacción a la reorganización de la Penitenciaría? ¿Por qué se decidió intervenir desde el 1 de noviembre y no antes o después?

Es notorio que el presidente Lasso no tomó la decisión de reorganizar la Penitenciaría. Caso contrario, no habría anunciado su viaje a Orlando, EE.UU, por vacaciones, el 31 de octubre, retractándose al día siguiente ante la inminente crisis de seguridad. Al presidente le informaron de la situación en la mañana del martes 1 de noviembre, no antes.

Esto dice mucho sobre el proceso de toma de decisiones en materia de seguridad. Por un lado, evidencia el ínfimo liderazgo del presidente y el nulo control civil sobre policías y militares. Por otro, confirma que el flujo de información hacia la presidencia es escaso e intermitente. Esto deja sin piso el mensaje que apuntala el gobierno con las fotografías del despacho presidencial. ¡El presidente no preside! 

La decisión de reorganizar la Penitenciaría no fue cuestión de un día. Su elaboración tardó mucho más. No solo por las necesarias coordinaciones que una operación de esta envergadura implica; sino también por los insumos de inteligencia que se requieren para evaluar y mitigar los riesgos. Sin embargo, la violenta reacción desatada dentro y fuera de las cárceles confirman las graves deficiencias del sistema de inteligencia del Estado. Falló ampliamente la estimación estratégica de riesgos, mientras las pandillas articuladas al crimen organizado mostraron gran despliegue táctico.

La intervención en la Penitenciaría fue el 1 de noviembre porque era la única forma de reflotar ante la gravísima crisis reputacional de la Policía. Tras el asesinato de Bernal y las contradictorias vocerías sobre la situación en Esmeraldas, el desprestigio institucional se volvió un lastre inmanejable para el gobierno. La acción concertada fue posible porque el director de la SNAI sigue siendo un oficial de policía en servicio pasivo, así como el ministro del Interior. Ningún otro factor varió tanto en las últimas semanas para atribuirle peso causal en esta decisión. La intervención tampoco podía ser después, porque el calendario mundialista de fútbol y las festividades de diciembre conspiraban contra esa alternativa.

Ahora, el “narcoterrorismo” es el justificativo perfecto para concretar los negocios de la seguridad con Israel, y el gobierno tiene suficiente oxígeno hasta que en el Capitolio se apruebe la Ley de Asociación Ecuador-EE.UU.

Basta ver cómo la exigencia ciudadana de una reforma policial ha sido eclipsada por el relato de la “heroicidad”, para saber que manejar bien el timing político de la seguridad genera réditos.

El embajador Michael Fitzpatrick ya lo demostró cuando habló de “narcogenerales” sin dar nombres, pero en el momento oportuno. Al menos en esto la asesoría de EEUU si funciona.