El tráfico de armas, municiones y explosivos es la otra de cara de la violencia criminal; son fenómenos inseparables. Pero a medida que se deterioran las capacidades del Estado para proveer protección a la sociedad y se multiplica la extorsión, la demanda de armas pequeñas y ligeras también crece desde la sociedad civil. Esta es la amenaza más peligrosa para el Ecuador por las vulnerabilidades que tiene el Estado. La lenta reacción del gobierno y sus aparatos de seguridad solo incrementan el coste de oportunidad para revertir la situación. 

La mayor vulnerabilidad reside en la infiltración del crimen organizado en la Policía y las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, se sabe que entre el 2020 y el 2022 fueron robadas 246 armas de las UPC y destacamentos policiales https://bit.ly/3UCx0im. Es frecuente que los crímenes se cometan con armas y municiones producidos por la Empresa Pública “Santa Bárbara”, a cargo de las Fuerzas Armadas https://bit.ly/3raC8wM. Incluso granadas de dotación militar han sido encontradas en múltiples operativos en barrios periféricos de Guayaquil.

A esto se suman los flujos desde el extranjero. En la frontera sur hay más de cien pasos clandestinos en las provincias de El Oro y Loja que sirven para este y otros propósitos https://bit.ly/3LMiZe6. En abril de este año dos ecuatorianos fueron detenidos en Colombia acusados de ser proveedores de armas https://bit.ly/3LRi3oD. Pero el dato más revelador es el ingreso de armas a través de los puertos y utilizando el servicio de courier proveniente desde Miami, EE.UU. https://bit.ly/3BQ0wsx.

También hay vulnerabilidades en el almacenamiento de armas y pertrechos bélicos por parte de FF.AA. Ecuador es el país con más explosiones de polvorines de toda Sudamérica en los últimos 30 años. Y en más de una ocasión se denunció que fueron provocados para ocultar el tráfico de armas. En el año 2010 se elaboró un plan para reubicar los polvorines, pero el proyecto sigue inconcluso. Además, hasta la fecha Ecuador no se adhiere al Tratado sobre el Comercio de Armas, vigente desde el 2014; y la cancillería no se da por enterada.

Como si fuera poco, hay lagunas legales en torno al uso de armas no letales y armas autónomas no tripuladas. Solo las empresas de seguridad pueden importar armas traumáticas que disparan municiones de goma. Pero el uso de este tipo de armas para cometer delitos en el país no es infrecuente https://bit.ly/3ReADYQ. Por otro lado, el uso de drones no está regulado en debida forma, ni existe capacidad de monitoreo para controlarlo. 

En estas circunstancias, la intención del gobierno de armar más y mejor a la Policía y las FFAA es una mala idea. Hacerlo provocaría un mayor abastecimiento indirecto a los grupos criminales, aumentando el peligro para la sociedad. Recuérdese que América Latina es la región con más armas per cápita del planeta; y que en su mayoría ingresan legalmente. Los países que más importan armas son los más violentos de la región y Ecuador sigue esa ruta como un caballo porfiado. 

De todos los actores inmiscuidos, las Fuerzas Armadas cargan con la mayor responsabilidad, pero su influencia política en los gobiernos de turno les ha blindado ante las críticas. Ojalá pronto alguien les pida cuentas al respecto; caso contrario, el próximo día de la bandera se multiplicarán los crespones negros por la cantidad de muertos que se avecinan.