La democracia triunfó frente al autoritarismo el pasado 11 de abril. Sí, la democracia. No una etiqueta ideológica. Tampoco la figura exclusiva de un candidato, sino el afán de los ciudadanos por evitar que las hostilidades políticas continúen destruyendo los mínimos de tolerancia mutua entre adversarios y el deseo de evitar a toda costa que la delincuencia organizada representada por el correísmo convierta al Estado en un aparato de aniquilación política que mire a sus detractores como una amenaza existencial, tal como ocurrió en el gobierno de Rafael Correa y su década perdida.

Dicho de otra manera, el 11 de abril los ecuatorianos con madurez política y sentido de país votaron contra el miedo y la persecución, contra el odio y la miseria, pero sobre todo contra la corrupción; al evitar que la democracia se corrompa desde sus entrañas y se degenere aún más.

El triunfo de Guillermo Lasso debe marcar el inicio para la descorreización del Estado. No faltarán aquellos que apuesten por mantener la polarización extrema en el país para justificar su anacrónica presencia dentro y fuera de las calles: los mal llamados “progresistas” (una banda criminal de carácter transnacional tutelada por el Socialismo del Siglo XXI) y la izquierda patrimonialista y sectaria de este país. La receta será la misma sin distinción alguna entre quienes la suscriban: inyectar altas dosis de resentimiento, baja autoestima colectiva y odio entre ecuatorianos en base a una retórica maniquea y tendiente a la revictimización, cuyo resultado podría ser fatal para la democracia si vuelve a ganar terreno en el escenario político electoral, cualquier anhelo o sentimiento autoritario en los ciudadanos.

Para evitar esto, la tarea de la sociedad civil y política, pero sobre todo del nuevo gobernante, será la de reconstruir la nación y promover la buena política en un ambiente de pluralidad, con nuevos y renovados actores, donde las voces de los diversos converjan en objetivos comunes, el respeto a los derechos humanos, las libertades, la equidad y la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Los llamados a la reconciliación nacional luego de una década de odio y la derrota electoral del correísmo son oportunos para el momento histórico que vive el Ecuador, pero estos no deben ser entendidos por el gobierno entrante como sinónimos de impunidad y olvido.

El pacto social que demanda la nación para superar cualquier tipo de polarización debe ser entre honestos y bajo esa premisa incluyente. Por ningún concepto la reconciliación puede ser sacrificada en nombre de la gobernabilidad, más aún cuando esta representa al pasado corrupto que perdió en las urnas.

Para evitar la polarización y la conflictividad social, el nuevo gobierno tiene la tarea de armonizar sus propuestas y planes de trabajo con las demandas de los distintos sectores de la población en un ambiente de tolerancia y respeto. Mientras que los ciudadanos deberán evaluar cada paso en la gestión del nuevo gobierno para evitar que los errores del pasado se reediten.