Quedó claro, para todos los ecuatorianos, que los que secuestran, los que agreden a los periodistas, los que aterrorizan a los ciudadanos, los que destruyen la propiedad pública y privada, los que devastan las ciudades, los que se toman las instituciones públicas, los que insultan a una persona con discapacidad llamándole “patojo de mierda”, los que incendian los medios de comunicación, los que se pintan la cara como si fueran a la guerra, los que vejan a la fuerza pública, los que saquean: los violentos, en suma, son los que mandan en el país.

Ante lo sucedido, es evidente que Ecuador descendió hasta tocar fondo en el pozo de la desinstitucionalización y la destrucción del Estado de derecho.

No creo que podamos decir, después de lo ocurrido con la rendición del Gobierno a las amenazas y al matonismo de los dirigentes indígenas, que vivimos en una democracia, pues estos, antes de negociar, escalaron de manera irresponsable la violencia, hasta bordear los límites de la anarquía y la disolución de la autoridad pública. No creo que podamos decir que vivimos bajo el imperio de la ley y que todos los ciudadanos de Ecuador somos iguales ante ella. Vivimos, ahora, en un régimen de desiguales.

Cuentan solo las demandas, las exigencias de un grupo, con capacidad de movilizar, incluso por la fuerza, a sus miembros. Los intereses y las demandas de los otros ciudadanos importan poco.

Si los violentos apedrean los autos y los buses del transporte público, y, por esto, la mayoría de ciudadanos no puede ir a sus trabajos, a comprar víveres o a una cita médica, no importa. Eso sí, hay que cuidarse de no ofender a quienes lanzan piedras, petardos y bombas molotov a la policía. A los que hablan de masacre para disfrazar sus actos de vandalismo tras la careta de la victimización.
Masacre.

Uno de los tantos males que generó el correísmo fue la adulteración del significado de las palabras. Masacre: asesinato en masa. Eso es lo que significa esta palabra, la que, por ignorancia o mala fe, utilizaron aquellos que no tuvieron ninguna consideración en quemar vivo a un policía. Los que no dicen que de los siete muertos que se reconocen hasta ahora, dos fueron víctimas de atropellamiento por autos particulares que intentaban, el primero al menos, escapar de los manifestantes que se habían tomado la carretera. Dos personas más murieron cuando, al escalar la puerta que dividía un puente urbano, huyendo de la policía, cayeron al vacío (dijeron, sin embargo, que los policías los habían empujado), otro de los manifestantes murió, según información oficial, por una caída.

Toda muerte es lamentable. Pero es antiético, y hasta macabro, usar la muerte de una persona, de varias personas, para conseguir determinados objetivos políticos. Llamar masacre a lo que no lo es, y, apoyados en la mentira, azuzar el odio, desembocó en el intento de asesinato del periodista Freddy Paredes y en agresiones a la población y a otros periodistas. Los ciudadanos están facultados por la ley a aprehender a una persona que ha cometido un delito flagrante. Los indígenas, efectivamente, detuvieron al agresor de Paredes. Le dijeron, palabras más, palabras menos, “estate tranquilo. Te estamos protegiendo”, y lo dejaron escapar. Los ecuatorianos sabemos, ahora, que está permitido y es rentable organizarse para ejercer la violencia y para disputar su ejercicio legítimo a la fuerza pública.

La distorsión, la falsificación de las palabras, su uso a conveniencia se mostró, también, en el “diálogo” entre el Gobierno y la dirigencia de la CONAIE. Ahí, el Presidente les agradeció haberse “desmarcado de los violentos” y fingió creer que ellos no tenían ninguna responsabilidad en la violencia generada en estos días. “No dialogaré con los correístas”, dijo el presidente, a los dirigentes indígenas que utilizaron, para referirse a él, el ofensivo mote acuñado por los correístas.

Esta, en los trece días de protesta y vandalismo que vivió el país, se mostró incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de controlar la violencia y a los violentos. Ni la Policía ni las Fuerzas Armadas fueron lo suficientemente profesionales para actuar como la situación de caos que imperaba en el país lo exigía. Aceptaron, además, lo que en ningún régimen democrático se acepta: la vejación y el secuestro de su personal. Lo que equivale a decir, la vejación y el secuestro de la autoridad pública. ¿Si los secuestrados no hubieran sido los comuneros indígenas, habrían actuado del mismo modo?

El secuestro es un delito. Y, sin embargo, tanto el secuestro a los miembros de las fuerzas del orden en diversos lugares del país como a los periodistas en las instalaciones de la Casa de la Cultura en Quito quedarán impunes. Quedarán impunes, por tanto, los dirigentes que indujeron y guiaron el secuestro.  Los que sometieron a los policías y comunicadores a un espectáculo denigrante que recuerda las autoacusaciones del estalinismo y el castrismo. Quedarán impunes los secuestradores y destruida la confianza social en la justicia.

¿Con qué cara vamos a enjuiciar y condenar a los corruptos si dejamos en la impunidad a los secuestradores? Los corruptos, al menos, trataron de esconder su crimen. Los secuestradores, en cambio, se ufanaron de él y exigieron a los medios de comunicación que lo difundieran a todo el país.

El crimen como espectáculo. Y de ahí a la política como espectáculo. La farsa, el teatro, la tragicomedia del “diálogo por la paz” no fue más que un modo de exhibir y posicionar públicamente a los dirigentes de la CONAIE y de mostrar a la ciudadanía ecuatoriana que el movimiento indígena es, otra vez, el único actor político del país, el único interlocutor del gobierno, y que las decisiones trascendentales que, en adelante, este quiera tomar deberán, previamente, ser aprobadas por él.

Con lo sucedido, la idea de representatividad, de democracia representativa se derrumba. Ya no son las personas que fueron legalmente elegidas para tomar decisiones en nombre de la población, de todos los ciudadanos, las que al final las toman. Hay, ahora, un nuevo actor: la CONAIE, cuyos dirigentes (o, más bien, Pablo Dávalos) -que no son representantes del pueblo ecuatoriano, porque el pueblo no los ha elegido- se han arrogado la potestad de decidir en su nombre.

Sabemos, ahora, a qué atenernos. Ni democracia ni Estado de derecho. Sabemos, ahora, que, en una próxima oportunidad, cuando los indígenas quieran tomarse la Asamblea o el Palacio de Gobierno o secuestrar a algún periodista, las Fuerzas Armadas y la Policía deberán hacerles una calle de honor. No sea que por liberar a algún secuestrado por su propia voluntad se quebrante la paz.