Más que una propuesta para reactivar la economía, el proyecto de Ley para la Creación de Oportunidades parece un ultimátum del gobierno a la Asamblea Nacional. Está diseñada para provocar la reacción adversa de la mayor parte de las fuerzas políticas. Es tan extensa como contradictoria, y tan diversa como imprecisa. No es casual que, ni bien la presentó el presidente Lasso, saltaron hasta sus frágiles aliados parlamentarios de la Izquierda Democrática y Pachakutik.

No hay nada sorpresivo en la coyuntura. Desde muchos sectores ya se había advertido que el oxígeno del plan de vacunación no duraría indefinidamente. Como en las películas de acción, una vez concluida la primera trifulca toca iniciar el conflicto para la siguiente escena. De otro modo, la gente se decepciona y pide que le devuelvan la taquilla.

El desempleo, la inseguridad y la corrupción –por citar solamente los problemas más obscenos– son tan descomunales que la ciudadanía espera iniciativas urgentes y efectivas. Tal como leen: urgentes y efectivas, porque, nos guste o no, en política la paciencia popular es una virtud extinguida.

En estos cuatro meses, Guillermo Lasso ha logrado avanzar con cierto éxito sobre la cuerda floja de la crisis. Pero su equilibrio entre medidas empresariales y discurso social se está agotando. Las sociedades prefieren caminar sobre terreno firme. Al menos para saber qué apoyan y a qué se oponen.

Y la mencionada ley da para todo; es más, da para que todos la apoyen y la cuestionen al mismo tiempo. Ese es el problema.

En estricto sentido, el término ultimátum alude a algo que está llegando a su fin. En este caso, estaríamos hablando de la paciencia del gobierno. En diplomacia, se entiende como el último aviso.

Más o menos como la última oportunidad antes de desenvainar las espadas. Sin embargo, la pregunta de rigor antes de echar mano de un ultimátum es si ambos contendientes están dispuestos a ir a la guerra. Porque una vez cumplido el plazo, ya no hay opción para el culipandeo.

No se percibe ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo la predisposición o los arrestos para ir a una confrontación radical. La muerte cruzada, por citar la opción más extrema, puede significar un costo irreparable para ambos bandos. Y mucho más para aquellos asambleístas que podrían quedarse sin pan ni pedazo. Tampoco el gobierno luce decidido. Al parecer, la figura de la muerte cruzada quedará como otro tigre de papel en nuestra alicaída Constitución.

Lo más probable, entonces, es que asistamos a un mes de intensas, subrepticias y peregrinas negociaciones antes de que se cumpla el plazo final. Las fuerzas políticas con representación parlamentaria están pensando en sus electores. La astucia del gobierno fue presentar un proyecto de ley donde, si se oponen, lo que ganan por un lado lo pierden por el otro. Por su parte, el gobierno buscará compensar su debilidad parlamentaria con el ultimátum. El problema es que, en medio de tanta incertidumbre, puede darse con la piedra en los dientes.