Pese a su inmensa gravedad, el Covid 19 no es el peor de los males que nos aquejan. El primer puesto lo ocupa, desde hace mucho tiempo, la corrupción. Por desgracia, cada vez que se la nombra se piensa únicamente en dinero robado. Cuando también hay que dar importancia al robo infame de las seguridades, de los principios, de la ética y el futuro del país. 

El hecho de elegir asambleístas y presidente constituye uno de los acontecimientos más significativos de la democracia. Hasta se podría decir que es su alma y aquello que la perfecciona. Ningún país que se llame democrático podría sostenerse de mansera adecuada en una política que no asegura que los procesos electorales no serán manipulados por ningún poder extraño y menos todavía por regímenes políticos e ideológicos extraños.

Nada, pues, que ni remotamente se asemeje a lo que acontece en países política e ideológicamente esclavizados. Hay que decirlo: nada de Cuba, Nicaragua o Venezuela, países en los que las elecciones constituyen una pérfida charada. 

¿Hasta qué punto es democrático que aparezca una docena y media de candidatos a la presidencia de la República? Si bien, jurídicamente lo es, deja de serlo desde las perspectivas del bien común y del desarrollo social y político del país. Los ejercicios políticos necesitan fortaleza que desaparece en la batahola de candidatos.

¿Cómo es posible que se conviertan en candidatos ciudadanos que viven al margen de la ley, que han sido atrapados con las manos en la masa y sobre los cuales pesa el castigo social de verlos claramente como malhechores?

¿Cómo es posible que la justicia lave cuerpos y almas de grandes delincuentes para permitirles ingresar en la contienda electoral? ¿Qué justicia es aquella que tan fácil y alegremente se convierte en cómplice y encubridora de los peores delincuentes que posee el país?

En el tiempo más crítico de la pandemia, cuando el país entero se hallaba al borde de ser víctima fatal del mal, unos ciudadanos fueron encontrados realizando turbios e ilegales negocios con medicamentos de imperiosa necesidad. Ellos, que deberían estar en la cárcel, son candidatos. ¡Ellos podrían representarnos ante el orden, el bien y la justicia!

Mientas en los hospitales no había suficientes medicamentos, ellos los acumulaban y los vendían con pingües y perversas ganancias. Algunos fueron a parar en las cárceles. Otros, por su edad o por su capacidad de comprar conciencias, recibieron arresto domiciliario. Y de estos, algunos están ahora en campaña electoral con la sublime pretensión de ser elegidos, unos como asambleístas y otros incluso como presidente.

“Estos, Favio, ay dolor, que ves ahora/ campos de soledad, mustios collados / fueron un tiempo / Itálica famosa”. Por cierto, hubo, hay y habrá corruptos incrustados en el poder político, en la justicia, en la policía. Pero nunca en la dimensión, desfachatez y cinismo de ahora. Nunca de manera tan perversamente descarada.

Ahora salen de la cárcel para burlar a la justicia con el ardid de la candidatura. Nunca han sido candidatos a la presidencia o a la legislatura ciudadanos que por sus fechorías criminales andan con un grillete para evitar que huyan del país. Nunca antes, pero ahora sí. Y lo dejamos pasar como si nada.

El cinismo pertenece a los ciudadanos. Pero las leyes pertenecen al país. A ese país que ha perdido la capacidad de sonrojase y avergonzarse de sí mismo. A estos delincuentes, convertirse en candidatos constituye una estrategia ciertamente perversa pues está destinada a que la posibilidad de un triunfo (quizás comprado a buen precio) borre sus infamias.

¡Cómo se ve ahora en toda su perversa dimensión lo sembrado y lo enseñado a lo largo de la década del correato en la que ser honesto y cierto en la política y la justicia constituyó una excepción muy mal visa por el sistema!

Ojalá de verdad nos doliesen estas realidades crueles que no dejan de poner en entredicho cualquier discurso de honorabilidad. ¿Qué podría esperarse de un país si fuese gobernado por canallas, más canallas que todos los habidos hasta ahora?