Hay que leer el último Barómetro de la Corrupción Ecuador 2022 para entender la magnitud del problema. Las cifras son desalentadoras. La mayor parte de la población está convencida de que la corrupción se ha tomado del sector público. Los partidos políticos y los asambleístas se llevan la medalla de oro. Y los banqueros no se quedan atrás.

En esta situación, el principal drama del país es que la ciudadanía está obligada a escoger autoridades a pesar de la desconfianza ética que le generan. La mayoría de los votantes supone que los candidatos son corruptos, o que van a una función pública a enriquecerse y a favorecer a parientes y amigos. La única consolación frente a este siniestro panorama es que aquellos que ganen al menos hagan obra. No importa que roben.

Este ánimo general refleja una peligrosa combinación de indolencia e impotencia. La gente intenta no amargarse la vida por una práctica que ha terminado por naturalizarse, pese a que –según el Barómetro– le perjudica en sus actividades cotidianas. Por otra parte, la mayoría de las personas consultadas no cree en la capacidad del Estado para combatir este flagelo. Tampoco existe claridad sobre cómo la ciudadanía podría involucrarse activa y eficazmente en la lucha contra la corrupción. En síntesis, no ven una salida posible.

La idea de los amarres, compadrazgos y acuerdos espurios entre funcionarios y autoridades prima en la percepción ciudadana. Por eso persiste una desconfianza generalizada respecto de las acciones que se toman desde la formalidad institucional. Por ejemplo, respecto de las comisiones que se originan en la Asamblea Nacional para investigar los escándalos de corrupción. ¿Cómo –se preguntan los ecuatorianos– pueden desenmarañar estos embrollos los mismos que son parte de la telaraña de la corrupción?

Es lo que sucede a propósito del caso denominado El gran padrino. A medida que sale a la luz más información, se confirma que las ramificaciones de este esquema ilegal de manejo de las empresas públicas alcanzan a investigadores e investigados por igual. Es decir, a las lassistas, nebotsistas y correístas. Los vínculos entre estos tres grupos políticos, además de otras actividades ilícitas que ya empiezan a ventilarse públicamente, han sido más frecuentes de lo que se sospechaba. Ni siquiera el simulacro de las pesquisas anunciadas por la comisión ad-hoc creada en la Asamblea Nacional es suficiente para tapar las evidencias. Al final, las disputas entre los involucrados terminarán resolviéndose en los escondrijos de los negocios privados.

Algo similar ocurre con la venta fraudulenta del Hotel Quito. ¿Cuántas de las autoridades que se elegirán el 5 de febrero están dispuestas a fiscalizar un enredo del que forman parte coidearios, amigos y hasta familiares de algunos candidatos y candidatas a concejales y alcaldes de la ciudad capital? Y aquí cabe una pregunta aún más desoladora: ¿le preocupa al electorado capitalino esta conjunción entre intereses particulares y recursos públicos?