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16 de Abril del 2018
Ideas
Lectura: 9 minutos
16 de Abril del 2018
Luis Córdova-Alarcón

Es profesor agregado de la Universidad Central del Ecuador, experto en Derecho Internacional y Ciencia Política. 

Elementos para una estrategia de contención al narcotráfico
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El asesinato de Javier, Paúl y Efraín es consecuencia de un secuestro político. Por esto ha generado alarma social y provocado la reacción del Estado. Pero este fatal suceso destapa una realidad que se mantenía latente, a la vez que abre una ventana de oportunidad para que el gobierno asuma con seriedad una estrategia multidimensional. De no hacerlo, pone en riesgo la gobernabilidad del propio Estado y, por qué no decirlo, de la región.

El secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio en la frontera colombo-ecuatoriana ha consternado a la opinión pública. La investigación de lo ocurrido en este cruento suceso debe seguir su propio curso, estableciéndose responsabilidades por acción u omisión a todo nivel. Pero es importante no confundir el árbol con el bosque. El narco-capital sigue una lógica reticular —es decir, «que tiene forma de red»— que, como muchas de las amenazas contemporáneas, no puede enfrentarse con métodos convencionales. Hace falta una estrategia política multidimensional.

La mayor amenaza del narco-capital y el crimen organizado transnacional que lo alimenta es el socavamiento de la gobernabilidad de los Estados. A esta conclusión llegó Juan Gabriel Tokatlian en un trabajo publicado en 2017 bajo el título Qué hacer con las drogas: una mirada progresista sobre un tema habitualmente abordado desde el oportunismo político y los intereses creados. Además de mostrar las profundas brechas entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos bajo la política de «mano dura» en la «lucha contra las drogas» en América Latina, Tokatlian da muchas luces para entender a qué se enfrenta la región y cómo debería actuarse.

Una primera constatación que interesa recalcar tiene que ver con la relación entre el Estado y los narcotraficantes. En especial, las experiencias de Colombia y México muestran que prevale una oscilación entre modus vivendi y modus pugnandi. Esta dinámica de confrontación y connivencia explica por qué a cada período de acomodamiento parcial y distención le sigue otro de riguroso enfrentamiento que suele presentarse como “triunfo inminente” del Estado. Esta idea también la comparte Auyero y Sobering (2018)  en un trabajo por publicarse bajo el título de The Ambivalent State (El Estado ambivalente), donde analizan las relaciones clandestinas entre miembros de las fuerzas de seguridad y grupos de traficantes en el conurbano de Buenos Aires (Argentina).

En la coyuntura actual, lo que más llama la atención es la forma en que Tokatlian describe la evolución del crimen organizado. Stier y Richards (1987) destacaron la existencia de tres etapas. Una fase inicial “predatoria” en la que el control del territorio es fundamental: los grupos criminales deben manejar uno o varios bienes ilícitos en un espacio físico seguro; deben afianzar las rutas para transportarlos; deben tener acceso a mercados donde hacerlos circular, y deben proveerse de ámbitos de protección personal. Dominar el territorio es esencial para defender el negocio ilegal, eliminar competidores, obtener influencia sociopolítica y garantizar la supervivencia física. En ese camino aparecen diversas formas de violencia, al principio esporádicas y después constantes. Por una parte está la rivalidad entre grupos criminales, que no parece interesarles mucho ni al Estado ni a la sociedad, como si prevaleciera cierta lógica de “que se maten entre ellos”.

Por otra parte, está la cooptación forzada, la amenaza o la ejecución directa de algunos actores que, en los ámbitos municipales o provincial, tienen cierto poder: intermediarios, jueces, policías. Esta práctica inquieta, pero no alarma demasiado; la lógica prevaleciente, tanto institucional como social, es “no hacer muchas olas”. Por último está el atentado contra algún funcionario público o líder político. Es entonces cuando surge el imperativo de “hacer algo”. Todo lo anterior muestra un notable avance del monopolio privado de la fuerza, que pone en evidencia el debilitamiento del Estado. Sin embargo, no se trata de Estados inermes. Con capacidades estatales básicas se puede hacer frente al desafío y evitar que transite hacia la etapa posterior. Robustecer la justicia, mejorar la inteligencia y readecuar la policía son tareas apremiantes. Someter a reformas periódicas los cuerpos de seguridad es asimismo crucial. Contar con información y estadísticas bien elaboradas es indispensable para elaborar u diagnóstico realista. Apuntar al desmantelamiento material (finanzas y tecnología) de los grupos criminales es un objetivo primordial».

«Pero si nada de eso ocurre, no debería sorprender que se avance hacia la segunda etapa, la “parasitaria”. A esa altura la influencia política y económica de la criminalidad aumenta de manera notoria. Esta fase no sólo muestra la mayor inserción del crimen organizado, sino también tres dinámicas preocupantes: su legitimidad, proliferación y democratización. Por legitimación se entiende el creciente nivel de aceptación y reconocimiento de esta criminalidad por parte de la sociedad. En el caso del narcotráfico, sus dineros son aceptados por amplias franjas sociales, sus fastuosos modos de vida no se cuestionan y su visibilidad en ámbitos típicos de las élites no despierta rechazo. Por proliferación se entiende la diversificación de sus inversiones, en particular en emprendimientos legales, tanto en el campo como en las ciudades. Y por democratización se entiende la multiplicación de emporios criminales, desde grandes carteles hasta cartelitos y desde organizaciones jerárquicas clásicas de estilo mafioso hasta estructuras reticulares más sofisticadas.

Así, el Estado debe responder por un asunto de gran envergadura. Y necesita, con urgencia, una estrategia integral de contención del crimen organizado. Pero ¿tiene la voluntad, los recursos, la capacidad para hacerlo? Si los tuviera, debería contar con una sociedad dispuesta a deslegitimar el avance de la ilegalidad, procurar un alto grado de cooperación internacional ante un fenómeno que se ha tornado transnacional y desplegar una política de largo lazo sin esperar milagros».

«Si esto no ocurre lo más probable es que se ingrese en el estadio final: el “simbiótico”. En esta fase de afianzamiento–según Tokatlian– el sistema político y económico se vuelve tan dependiente del “parásito” (del crimen organizado) como este de aquel. La frontera entre lo lícito y lo ilícito, entre lo legítimo y lo ilegítimo, se torna opaca y el Estado de Derecho se diluye. En esta etapa tiende a ocurrir lo que se denomina pax mafiosa. El país no es capturado por el crimen organizado de manera total, pero en muchas regiones y provincias la simbiosis permite la consolidación de una nueva clase social con aptitud y decisión de establecer un orden ante la desorientación de las élites dirigentes y la fragilidad estatal. No se trata de un modelo de ocupación del Estado central, sino de un tipo de pax en la que una clase social maximiza su poder en los claroscuros de la intersección entre el Estado, la sociedad y el mercado. Llegada esta última fase, es poco probable esperar su reversión mediante un conjunto virtuoso de políticas públicas».  

«En la evolución que trazamos, el crimen organizado de la primera y la tercera fase no es el mismo. En el estado “predatorio” hay pandillas e incipientes grupos criminales de tipo empresarial. En el estadio “parasitario”, modalidades diversas de crimen organizado cada vez más entrelazado internacionalmente. En el estadio “simbiótico” despunta una clase social consolidada cuyo soporte original estuvo en los negocios ilícitos, pero que tiene ahora nexos profundos y decisivos con la economía legal y el sistema político».

Esta larga pero necesaria cita nos conduce a una inquietante pregunta: ¿en qué etapa se encuentra Ecuador? Para responderla, no caben discursos autocomplacientes sobre la omnipotencia del Estado en la «lucha contra el narcotráfico», como si fuera un “enemigo” que ataca desde la exterioridad. Hay que empezar por reconocer que el narco-capital y el crimen organizado incuba ciertas formas de poder político en el seno de la estatalidad, creando un «orden crimilegal» (Schultze-Kraft 2016), esto es, «donde instituciones y organizaciones “legales” coexisten e interactúan con las “ilegales” y “criminales”».

Algo de esto viene configurándose en la frontera colombo-ecuatoriana desde hace años. El asesinato de Javier, Paúl y Efraín es consecuencia de un secuestro político. Por esto ha generado alarma social y provocado la reacción del Estado. Pero este fatal suceso destapa una realidad que se mantenía latente, a la vez que abre una ventana de oportunidad para que el gobierno asuma con seriedad una estrategia multidimensional. De no hacerlo, pone en riesgo la gobernabilidad del propio estado y, por qué no decirlo, de la región.

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