La tarea de desaparecer al CPCCS no es fácil. Las tareas asignadas a este organismo son varias y no pueden quedar sin responsables. Según la Constitución, el CPCCS tiene el objeto principal de promover e incentivar el ejercicio de la participación ciudadana, el de establecer los mecanismos de “control social”, y designar determinadas autoridades (Art. 207 Constitución). Entre las autoridades que le corresponde designar están: el Procurador General del Estado, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo,  el Contralor General, los Consejeros del CNE y los del Consejo de la Judicatura, así como los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (Art. 208).

Entonces, una de las principales cuestiones a resolver con la desaparición del CPCCS es ¿Quién debe designar las autoridades en su lugar? En la actualidad, existen propuestas que han avanzado en su camino para eliminar a dicho organismo, anhelo de gran parte de la ciudadanía, a excepción de los sectores correístas que medraron a su antojo de esta institución y de ciertos oportunistas que han visto en él la oportunidad de reemplazar el poder de Correa con el suyo.

Hay tres propuestas que persiguen una reforma parcial de la Constitución, dos de éstas a través de iniciativa ciudadana y uno por iniciativa de la Asamblea Nacional. En la actualidad, las dos propuestas que son de iniciativa ciudadana avanzan en la recolección de firmas. La de iniciativa de la Asamblea Nacional hasta el momento no logra el respaldo de la mayoría en la Asamblea.

Entre las dos potenciales reformas parciales por iniciativa ciudadana existe una gran diferencia. Si bien las dos proponen eliminar al CPCCS, una de ellas plantea, entre otras cosas, el establecimiento de una reforma en la Función Legislativa con la finalidad de establecer la bicameralidad: una cámara baja, congreso de representantes o diputados;  y una cámara alta, o senado. En esta propuesta, es el Senado quien asumiría las funciones para designar las autoridades que por el momento mantiene el CPCCS. La propuesta tiene también otras reformas relativas a la Fiscalía y al Consejo Nacional de la Judicatura, pero aquí hablaremos de una parte pertinente a lo que tiene que ver con el Senado.
La otra propuesta de consulta popular, propone que las funciones de la Asamblea pasen a la actual Asamblea Nacional.

La primera propuesta mencionada está liderada por varios ex miembros del CPCCS Transitorio (Pablo Dávila), ex Presidentes (Gustavo Noboa y Rosalía Arteaga) y otros académicos y políticos (Enrique Ayala Mora, José Ayala Lasso, entre otros), éstos se han organizado bajo el nombre de ACTÚA. La segunda propuesta está liderada por un movimiento político quiteño denominado AHORA al que pertenece el legislador Fabricio Villamar. Aquí me concentraré principalmente en la propuesta de ACTÚA. 

Como ya mencioné ACTÚA propone la creación de un legislativo bicameral. Su Cámara Baja será el equivalente, por su forma de conformación, a la actual Asamblea Nacional, que en la actualidad está integrada por asambleístas electos de cada provincia.

El Senado, por su parte, estará conformado por 34 personas elegidas de listas nacionales, sus miembros no serán representantes por cada provincia. Es en este detalle que me quiero detener. Es que algo que podría parecer inicuo es, en la práctica, donde más debilidad tiene la propuesta. El Senado sería la institución que, dentro de sus competencias, tendría el último filtro legislativo, y estaría a su cargo la designación de los funcionarios que ahora designa el CPCCS, entre otras cosas. Esta conformación consolida el modelo bicentralista (Quito y Guayaquil), que ha generado tanta inequidad en el país, ya que en la práctica, salvo raras excepciones, los senadores serían electos, principalmente de las provincias donde más se concentra el electorado: Pichincha y Guayas; serían senadores personas que hayan realizado su carrera política en esas circunscripciones, y la visión “nacional” del país partirá principalmente del interés político de ese bicentralismo.

Ante mi inquietud sobre este tema, la respuesta de uno de los miembros de ACTÚA fue que la cámara baja garantizaba la representación de las “provincias” y por su parte el Senado en cambio buscará defender “el interés nacional”.

¿Qué es el interés nacional? ¿Acaso es el interés de las arcas fiscales que buscan llenarse para sostener la burocracia concentrada en pocas ciudades del país? ¿O acaso es el interés de recaudar dinero a través de los recursos que se extraen en los territorios de periferia, del petróleo y de lo que buscan sacar de la minería, para financiar la infraestructura de las ciudades bicentralistas? ¿Por qué no es el “interés nacional” un modelo de país que busque construir desde lo pequeño a lo grande, siendo las comunidades, cantones, y otras “provincias” los ladrillos de esta casa que llamamos país, y no el combustible que se quema y se deshecha para hacer andar los motores de dos ciudades principalmente?

El problema de fondo que discuto aquí no es reciente, tiene los años de la República. Tiene que ver con una propuesta que busca ahondar el problema del centralismo en el país. El pasado 18 de septiembre se celebró en Loja los 160 años de su Gobierno Federal. Hace 160 años Loja planteó y ejecutó una forma de gobierno  que en la práctica ayudó mantener la integridad territorial del Ecuador y proponía un verdadero gobierno descentralizado, tal como lo establece el actual Art. 1 de nuestra Constitución. El centralismo se lo ha discutido mucho desde el debate falaz Quito – Guayaquil, cuando las verdaderas víctimas del mismo son las personas que viven en las provincias y cantones lejos de esas dos ciudades.

Me parece que la iniciativa de los ilustres de ACTÚA chocó contra sus propias paredes mentales. No es cuestión de donde nacieron -Ayala y Arteaga son “de provincia”-  se trata de donde construyen y piensan el país, y ellos lo han pensado desde los sitios de siempre: la bicentralidad ecuatoriana.  Es  importante el ejercicio que han tenido de proponer esta salida, pero la conformación del Senado es un tema de fondo. Creo que ante esto solo queda apoyar la desaparición del CPCCS y que sus funciones pasen a la actual Asamblea Nacional, como lo propone la otra opción liderada por el Movimiento AHORA, o la propuesta que está trabada en la Asamblea Nacional. La bicameralidad, aunque pueda ser necesaria debería ser discutida con mayor profundidad y amplitud desde todo el territorio nacional.