¿Candidez o malicia extrema? No caben términos intermedios para calificar la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Porque si alguien creyó en la posibilidad de seleccionar a siete seres inmaculados, imparciales, probos, equilibrados y maduros que asumieran una responsabilidad crucial para el funcionamiento de las instituciones de control, estaba más perdido que publicista en La Habana. Al contrario, si alguien tenía propósitos más perversos, acertó: de la descomposición del sistema político jamás podrían surgir seres virtuosos. Tenemos lo que producimos.

A diferencia de la Asamblea Nacional (otro organismo igualmente desprestigiado), el CPCCS es infinitamente más maleable. Manualito, como dirían en el barrio. Solo se necesita cooptar, convencer, corromper o amenazar a cuatro de sus miembros para asegurarse un poder ilimitado. En esas condiciones, los chanchullos resultan menos engorrosos.

Por lo general, quien mayores posibilidades tiene de controlar al CPCCS es el gobierno de turno. Durante nueve interminables años el correato contó con un consejo de bolsillo que le permitió meter la mano en todas las instancias de control y fiscalización del Estado. Hoy, luego del forcejeo inicial, el gobierno de Lasso terminó por subordinar al actual. También consiguió su propio consejo.

De gana se empeña el Primer Mandatario en negar su injerencia en las decisiones de ese organismo. Los hechos lo desmienten. La designación del Procurador General del Estado no puede ser sino la prueba más palmaria de este muñequeo desde el poder. ¿Podemos ser tan ingenuos para creer que en un supuesto conflicto entre el Estado y la banca –o, más específicamente, entre el Estado y el Banco de Guayaquil– el señor Juan Larrea Valencia va a optar por defender al primero, tal como corresponde a sus altas funciones? Y si mañana el Banco de Guayaquil decide adquirir el Banco del Pacífico, ¿tendrá este funcionario la convicción suficiente como para colocar en primer lugar el interés público y, eventualmente, bloquear el negocio?

El problema de este país es la persistencia de un obsceno patrimonialismo. Se sigue manejando los recursos públicos como un asunto personal. Por eso es tan difícil erradicar la corrupción. Porque funciona como un embudo: tiene que haber muchos perjudicados para que unos pocos se beneficien Mientras más nutrida sea una instancia de decisión, menos posibilidades tiene la corrupción de echar raíces. Por una simple ecuación: el reparto no seduce cuando hay demasiados involucrados.

En un Estado patrimonialista los poderes públicos operan como mediadores entre la riqueza social y los intereses privados: se extrae de las mayorías lo que se llevan unos pocos. En este esquema, si la Asamblea Nacional es la parte angosta del embudo de la sociedad, el CPCCS es la parte angosta del embudo del sistema político. La primera es un mal necesario al que toca corregir; el segundo es un bodrio al que toca eliminar.