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15 de Febrero del 2016
Ideas
Lectura: 5 minutos
15 de Febrero del 2016
Gabriel Hidalgo Andrade

Politólogo y abogado. Docente universitario.

¿Engaño de buena fe?
Los correístas ya no saben cómo esconder sus propios errores y los maquillan con tautologías como ésta. En el asunto no hay ninguna ciencia. Un error es todo lo falso, incorrecto o adulterado, pero al atribuirle a este caso cierta probidad difusa se logra exculpar de un plumazo a Aguiñaga de una falta que podría ser grave, cometida en contra de la administración de los recursos de todos.

El correísmo estrenó una nueva categoría en su jerga demagógica: el error de buena fe. Mientras la actual vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, fungía en el año 2010 como Ministra de Ambiente, enajenó bienes de propiedad de las Fuerzas Armadas. Hoy la venta es calificada por el régimen como sobrepreciada en 41 millones de dólares y a este acto llamaron como un “error de buena fe”.

Los correístas ya no saben cómo esconder sus propios errores y los maquillan con tautologías como ésta. En el asunto no hay ninguna ciencia. Un error es todo lo falso, incorrecto o adulterado, pero al atribuirle a este caso cierta probidad difusa se logra exculpar de un plumazo a Aguiñaga de una falta que podría ser grave, cometida en contra de la administración de los recursos de todos. Lo que se trata es de hacer creer, sin mediación judicial ni control político, que aquí no hubo fraude.

Se quiere atribuir un “error de buena fe objetiva” imputando a la persona errada una conducta que no busca el perjuicio de los demás. Entonces el régimen haría de juez y testigo. El presidente, su secretario jurídico o cualquiera de sus subalternos se sienten por encima de la ley y aseguran que el error que adjudicó el millonario débito que se pretende hacer a la seguridad militar está exento de dolo y que la exministra ambiental ignoraba la equivocación de sus propios actos. En otras palabras, insinúan que Aguiñaga obró sin voluntad o consentimiento.

Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia sacramentó el asunto. Aseguró que todo fue producto de “errores de buena fe, en aras de mantener una buena relación con la institución militar”. ¿En “aras de mantener”? ¿En honor, en favor o en interés de defender, apoyar o proteger una relación de correspondencia con una institucionalidad pública unitaria de la que él forma parte? ¿Cuál es la preferencia que antes tuvieron y que ahora no tienen las Fuerzas Armadas?

A renglón seguido Mera se contradijo. Aseguró que “en el sector público se pueden resolver internamente [estos problemas] porque es el mismo presupuesto del Estado el que existe y si tenemos una orden de devolución, la podemos disputar”. Si el presupuesto y el Estado es uno solo, ¿qué intenta insinuar?

El presidente Correa parece haber despertado en medio de un pantano de engaños. Como en otras ocasiones, aparece como la víctima de una trampa. En su discurso del día 10 de febrero, desde el balcón de Carondelet aseguró que no procurará reverencia a las Fuerzas Armadas que el neoliberalismo convirtió en un estado aparate con el que él se enfrenta. Ya no rendirán más pleitesía, dijo en sus palabras. Que ya no ofrecerá honores a ese estado paralelo y que disputará sus razones. Ya no habrá más correspondencia o buen trato. ¿Por qué?

En su última sabatina el presidente pidió a los soldados ecuatorianos “pensar en el bien común”, como si el supuesto error de buena fe cometido para favorecer el trato con los militares, ahora se tornara en un perjuicio sin que nadie, más que ellos mismos, dijeran qué es. Esto es un laberinto. ¿Lo que antes fue un acierto, ahora es un error? ¿Lo que antes era un bien, ahora es un mal? ¿Cómo se comete un error, que además es involuntario, para favorecer a algo o a alguien? ¿Ellos son, al mismo tiempo, engañados y engañadores?

En un escueto comunicado, la ex secretaria de la cartera ambiental, afirmó que actuó apegada a ley, lo que significa que conocía las consecuencias de sus propios actos. Por tanto, no puede haber “error” en una decisión adoptada con conocimiento de las leyes vigentes. Ella no se equivocó, ni de buena ni de mala fe.
Pero el correísmo es capaz de todo para salir bien librado. La única forma de demostrar que la entonces ministra obró inválidamente y que por tanto sus actos están viciados en su consentimiento es argumentando que Aguiñaga procedió bajo el defecto de invalidez producido por la falta consentimiento.
Lo que les queda es argumentar que la ex secretaria de estado actuó ignorando la ley, con falta de conocimiento o de raciocinio. Pero eso tiene un doble racero pues invalidaría los actos de Aguiñaga desde el 2010, como ministra, asambleísta y vicepresidenta legislativa. ¿Serían capaces de hacerle eso a una “compañera”? Sí.

@ghidalgoandrade

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