¿Qué significa que la Asamblea Nacional, una institución con el 94% de rechazo ciudadano, quiera destituir al presidente Lasso, un mandatario con el 90% de rechazo ciudadano? ¿O que los más conocidos dirigentes políticos del país ostenten un rechazo ciudadano que oscila entre el 65 y el 80%? ¿O que nueve de cada diez ecuatorianos no confíen en la administración de justicia?

En resumen, significa que el sistema político está colapsado. Es decir, que cualquier medida que tomen estos actores o instituciones carecen de aceptación popular, ese ingrediente insustituible que confiere legitimidad a las decisiones políticas. Decidan lo que decidan, los resultados serán impugnados por la gente.

¿Qué significa que un nutrido grupo de asambleístas y asesores, quienes según la Constitución están encargados de legislar, no puedan redactar un simple alegato jurídico para un juicio político? Pues que el sistema en su conjunto ha colapsado. Porque en este episodio no acudimos a lo que un respetable jurisconsulto acaba de calificar en forma brillante como un caso de analfabetismo constitucional, sino a un caso de analfabetismo y punto. El hecho ilustra, entre otros aspectos, el desplome del sistema educativo nacional.

Y esto ocurre en un país que había iniciado lo que pomposamente se denomina proceso de modernización. Se suponía que taras como la improvisación, el aislamiento o la informalidad iban siendo poco a poco desechadas, y que el Ecuador acogía una serie de referentes que nos conectaban con el mundo. Sobre todo, con los fenómenos más avanzados de la ciencia y la tecnología. Puras fantasías. Mientras la fibra óptica se extiende por todo el territorio nacional, los indicadores de desarrollo educativo son catastróficos. Lo confirman los asambleístas y asesores de marras.

En realidad, estamos frente a las brutales distorsiones que provoca el capitalismo en sociedades dependientes. Acogemos hábitos como el consumo desenfrenado, pero desechamos otros que son fundamentales para la institucionalidad democrática, como el respeto a la ley o la transparencia. Mientras la creciente clase media de las últimas décadas compre teléfonos celulares en lugar de libros, el país no tiene futuro. Tiene únicamente el patético presente de los políticos corruptos e ignorantes que toman decisiones a nombre de todos.

La clase política está tan desfasada de un proyecto de país que ni siquiera afronta la mayor amenaza que padecemos: el narcotráfico y el crimen organizado. Somos el principal exportador de cocaína del mundo; Guayaquil es una de las ciudades más violentas y peligrosas del planeta. No obstante, nuestros políticos están enfrascados en una disputa bizantina cuyo desenlace no alterará en nada la dura realidad.

El Clan del Golfo, el cártel narco más poderoso de Colombia, acaba de torpedear el plan de paz total propuesto por el presidente Petro. Una demostración de poder que puede definir el futuro político de ese país. Un espejo en el cual el Ecuador debería verse a futuro. Pero aquí seguimos discutiendo si los impresentables errores de los y las asambleístas del correísmo se subsanan, se corrigen o se complementan.