El Ecuador regresó con fuerza al maniqueísmo político de las etapas más nocivas del correato. Vivimos una etapa de violencia que no recuerdo hayamos tenido en los últimos 25 años, el saldo: 8 muertos, centenas de heridos y miles de detenidos.

Los bandos andan mezclados. Algunos que antes criticaban a Lenin por sus derroches en Ginebra o el supuesto fraude en la elección presidencial, ahora componen su equipo y viceversa.

Esta forma del debate político se vigorizó partir del 02 de octubre, después que el Presidente anunció sus medidas económicas. Las protestas iniciales fueron enfrentadas con el libreto de que “Los transportistas son una mafia y no debemos ceder ante ellos”. En menos de 48 horas hicieron lo obvio para combatir la “mafia” del transporte: subir las tarifas y pasajes, endosar el ajuste a todos los demás ecuatorianos. Sin embargo, ya se había anunciado la movilización de otros sectores: indígenas, trabajadores y estudiantes.

Para entonces ya era claro que se activaban la alianza entre el Gobierno de Lenin Moreno, las Cámaras de la Producción de Quito y Guayaquil, varios movimientos y partidos políticos (CREO por ejemplo) y medios tradicionales escritos y de TV. Quienes no se unían a la narrativa oficial eran atacados de populistas (recuerden la reacción al PSC), o “atrasa pueblos” (la izquierda tradicional y movimiento indígena). A partir de aquí se acabaron los espacios para los matices políticos. Todos empezaron a hablar para los suyos logrando profundizar las brechas que nos dividen.

Desde el viernes 04 de octubre el discurso oficial era claro: las medidas son las correctas, quienes se oponen son correistas o le hacen el juego a Correa. Para esto utilizaron al aparato comunicacional del Gobierno, que es el mismo del correato, los troles en Twitter (otra estrategia heredada) y a voceros de sus aliados.

Ahora también sabemos que Rafael Correa preparaba, paralelamente, una arremetida contra la institucionalidad democrática, y activó a sus huestes quienes procuraron generar el caos y azuzaron a parte de la población descontenta para cometer actos de violencia, o directamente la aplicaron ellos mismos.

Sin embargo, no escuché a ningún analista hablar sobre el manejo político de estas medidas (Creo que las más fuertes desde el feriado bancario). Manejo que hizo posible que las intenciones desestabilizadoras del correismo estén a punto de triunfar. Fue, a mi parecer, una de sus principales basas.

Desde quienes apoyaban al Gobierno y sus aliados, nadie se cuestionó, por ejemplo, que las medidas económicas se tomen a pocos días de la anunciada marcha indígena a favor de su territorio, el agua y en contra del extractivismo. Hace por lo menos dos meses la CONAIE convocó a esa movilización. El 28 de Agosto en Loja, por ejemplo, en la marcha en defensa del Agua que se realizó en esa ciudad, Yaku Perez invitó al pueblo de Loja a esta jornada de movilizaciones que se realizaría entre el 09 y 12 de octubre. Entonces, si usted se preguntaba ¿Cómo se organizaron en tan pocos días para marchar a Quito los indígenas? La respuesta, en gran parte, es que la movilización se venía organizando desde hace meses atrás con otro propósito, y que el anunció del gobierno solo potenció la marcha indígena. El Movimiento Indígena no sabia, hace dos meses, que en estos días el gobierno anunciaría sus medidas, el gobierno si sabía cuando se preparaba a tomar las medidas que habría una movilización indígena.

En el actual debate no se cuestiona la falta de diálogo con el Movimiento Indígena durante el último año, algo que ayudó a radicalizar la posición de sus líderes. El 06 de mayo de 2019, el Vicepresidente Sonnenholzner inauguró la segunda etapa del diálogo nacional, sin embargo, fue incapaz de sentarse a dialogar con los indígenas, en parte porque la CONAIE consideró que el proceso de diálogo inaugurado por Lenin en 2017 no había tenido ningún resultado, ya que el Gobierno era contrario a discutir su agenda extractivista.

En estos días de crisis Otto expresó que no es por prepotencia que no se sentaban a dialogar, sino porque estaban en lo correcto. Sin embargo, durante los últimos meses Otto menospreció a la CONAIE cuando anunciaba que en Ecuador “Donde hay minerales habrá minería”, o cuando el Ministro de Hidrocarburos expresaba que “la minería va porque va”. Paralelamente, el gobierno lanzó una campaña de desprestigio en contra de lo líderes indígenas y ambientalistas cuando los catalogaba de defensores de la minería ilegal por oponerse a la política minera del gobierno (Estigmatizándolos y radicalizándolos más). Recordemos también el lobby, denunciado en Cuenca, del Ministerio de Gobierno y sus operadores para evitar la consulta que promovía el Prefecto del Azuay, o el lobby realizado ante la Corte Constitucional para impedir un dictamen favorable para esa consulta.

Esta torpeza política del Gobierno antes de las medidas se multiplicó luego de haberlas tomado. Su única estrategia fue profundizar la polarización y reprimir las movilizaciones.

La polarización de estos días también se ensañó contra ciertos ambientalistas, entre estos los YASunidos. El 04 de octubre el Colectivo YASunidos publicó un comunicado a través de Twitter y Facebook. El texto de su tweet decía: “Ante la reforma económica disfrazada de "verde" del Presidente @Lenin, como movimiento ecologista, ¡nos sumamos a las movilizaciones en contra de este gobierno extractivista y sus medidas neoliberales!” Esto bastó para que el gobierno y los aliados carguen contra la credibilidad del Colectivo. La publicación contenía un comunicado, que reconocía la necesidad ambiental de se eliminen los subsidios a los combustibles fósiles y en su parte medular expresaba: “Coincidimos en la urgente necesidad de una transición a un país post petrolero, pero ésta debe ser mediante un proceso planificado que tome en cuenta todas las necesidades de la población”. Sin embargo para los nuevos “guerreros digitales” de las cámaras y el gobierno, esto fue calificado como “traición” o incoherencia. Jamás analizaron que otras organizaciones ambientales como el CEDENMA o ahora último la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA) también se han expresado de manera similar.

La verdad es que poco le importa al Gobierno o sus nuevos aliados la incoherencia, cierta o no, de los ambientalistas. Su indignación es selectiva. Por ejemplo, nadie de estos críticos se pronunció sobre el ahora Secretario anti Corrupción del Gobierno, que antes era un férreo defensor del agua y ahora impulsa los esfuerzos gubernamentales por reactivar los proyectos Río Blanco o Loma Larga.

Indigna que la medida de quitar los subsidios se la presente como parte de una política ambientalmente responsable del Gobierno, porque esa política no existe. El día domingo 15 de octubre en Ecuavisa, el Ministro de Ambiente se declaró un ignorante del Yasuní, y anunció un posible etnocidio, al decir que pretende contactar a los pueblos indígenas aislados. El silencio ha primado sobre estos gravísimos anuncios. El Presidente acaba de nombrar a un Ingeniero en Minas como Secretario del Agua.

Los ataques dirigidos a minar la credibilidad de ambientalistas no son nuevos y recientes, han sido una constante los últimos 13 años. Los más recientes fueron a propósito del discurso de la niña Greta Thunberg en la última Cumbre del Clima en la ONU, y provenían de los mismos que ahora levantaron sus voces contra YASunidos. Algunos analistas incluso han expresado su simpatía por el negacionismo al Cambio Climático.

Al Gobierno lo que le interesa es afectar la credibilidad de los grupos que se oponen a las políticas extractivistas que benefician a ellos y a sus amigos.

Así, el manejo político del Gobierno fue un fracaso, antes y durante el conflicto; esto, sumado a la vileza de un grupo criminal que quiere volver a asaltar al Estado y al malestar de varios grupos populares, nos llevó a las puertas de un nuevo rompimiento democrático.

Es verdad que los movimientos ambientalistas deben evitar atrincherarse en fundamentalismos de antaño; concuerdo con que el movimiento indígena no aprovechó las circunstancias para poner sobre el tapete la discusión sus reivindicaciones históricas, en lugar de concentrarse en el debate de la derogatoria de un decreto y en mantener un subsidio nocivo. 

Condeno la jornada de violencia, pero si el Gobierno actuara en beneficio del país, habría aprovechado estos dos años para realmente dialogar, y no montar un circo cuyo resultado tétrico lo estamos pagando ahora con una sociedad dividida y enfrentada.