
PhD. Sociólogo. Catedratico universitario y autor de numerosos estudios políticos.
Con razón los directivos de la Federación Nacional de Abogados alertan sobre el desplazamiento de los problemas reales de la justicia por las escaramuzas entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Tras de ellas hay una disputa por el poder en la Función Judicial. Tal disputa oculta los problemas reales de la justicia que sí afectan a los ciudadanos que requieren de sus servicios y que han generado la poca o ninguna credibilidad en el desempeño de los jueces y órganos de esa Función.
En el ámbito político macro ocurre algo semejante. Marta Lagos, directora del Latinobarómetro desde su fundación en 1995, habla de una recesión democrática en América Latina y advierte que ella revela la incapacidad de los gobiernos para luchar contra los problemas. Más que una ignorancia cívica de los electores prima la ignorancia de los gobernantes que pecan por el no “reconocimiento de esta problemática”. Ellos también, igual que en el caso anterior, se enfrascan en disputas por el poder que ocultan los verdaderos problemas que afectan a la población.
“La desesperanza, en el fondo, es que no hay gobierno que pueda luchar contra los problemas. Y me parece que no hay un reconocimiento de esta problemática. Al votante latinoamericano de hoy no le interesa cómo se llama, quién es ni de dónde viene el presidente, con tal de que solucione el problema”
“Hemos fracasado culturalmente en difundir lo que es la democracia” -afirma.
Esa confusión entre autoritarismo y democracia no es un tema conceptual. Si bajo el autoritarismo se frena a la delincuencia como en El Salvador y, en países como el Ecuador, la justicia deja en libertad a los delincuentes detenidos por la policía, difícil que la democracia encuentre respaldo en una sociedad atemorizada por la violencia criminal.
En el Ecuador de hoy un candidato presidencial corrió el riesgo de identificar el problema, poniendo el dedo en la llaga, y se atrevió a combatirlo. Fernando Villavicencio enfrentó con valentía la corrupción que se amparó en el poder político que se instauró bajo el nombre de “revolución ciudadana”.
Villavicencio encarnó una sublevación, esta sí ciudadana, primero desde el periodismo de investigación, luego desde su curul parlamentaria y finalmente como candidato a la presidencia.
Bien podría afirmarse que libró algo más que una campaña electoral. Su campaña, en realidad, fue un detonante político. Su objetivo no fue solo ganar votos y crecer electoralmente, sino despertar la conciencia ciudadana sobre la degradación del sistema político que le da las espaldas a la realidad ecuatoriana de hoy. Ese sistema político es cómplice de la contaminación de la política por el narcotráfico que ha invadido distintas esferas de la sociedad.
Tras el asesinato de Fernando Villavicencio, la contienda electoral sigue su curso centrada en la disputa por el poder, pero no en el esclarecimiento de tan nefasto crimen ni de la responsabilidad conjunta de llevar adelante la lucha organizada y firme contra las mafias políticas y criminales que minan a la democracia a vista y paciencia de quienes deberían liderar, como lo hizo Fernando Villavicencio, tal lucha.
Esa es la tarea que el movimiento Construye asume como su legado.
En la confrontación contra el crimen organizado, el Estado se ha visto asediado por fuerzas políticas que privilegiaron la oposición conspirativa. El juicio político al presidente Lasso se produjo en medio del avance de los motines carcelarios, de las extorsiones llamadas “vacunas”. Eso hace pensar en la existencia de una alianza tácita. La muerte cruzada y las elecciones anticipadas se constituyeron en una cortina de humo para encubrir las acciones terroristas promovidas por el narcotráfico.
Sería muy grave que la segunda vuelta electoral le haga el juego a esta arremetida delincuencial y devenga en espectáculo mediático. En el debate del primero de octubre el tema central debe ser éste: ¿Cómo fortalecer al Estado para que esté en capacidad de recuperar el terreno ocupado por el crimen organizado, con la complicidad de una solapada maquinaria de corrupción incrustada en el propio Estado? Y ¿cómo lograr que el gobierno entrante asuma el compromiso de descubrir la nefasta trama que desembocó en el asesinato de un político que se jugó la vida por un ideal?
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