El dictamen de la Corte Constitucional a propósito del juicio político al presidente Lasso no estuvo exento de sorpresas. Nadie imaginó que los magistrados fragmentarían su decisión final, al extremo de reducir las causales únicamente a la figura de peculado. Haberlo hecho de esta manera solo contribuye a incrementar la percepción de que la petición presentada por la Asamblea Nacional siempre adoleció de graves falencias. No obstante, el proceso continúa, básicamente porque una parte de la demanda se ajusta a las normas constitucionales.

En el fondo, y tal como en reiteradas ocasiones lo han afirmado algunos asambleístas de la oposición, los argumentos jurídicos pasan a segundo plano. Si la disputa política es la que prevalece, entonces el desenlace tendrá que ser un asunto de correlación de fuerzas. Más bien dicho, de votos en la Asamblea Nacional.

Que los principales voceros del gobierno hayan admitido la legalidad del dictamen de la Corte Constitucional significa que aceptan el terreno político donde se resolverá la pelea. Dicho en términos militares, el campo de batalla está acordado. Y la palabra clave es la negociación con el legislativo; negociación en el sentido más extenso que tiene ese término en la política nacional. Es decir, desde acuerdos coyunturales hasta compra de votos, pasando por el reparto de cuotas burocráticas y fondos públicos.

Y la pregunta que seguramente se están formulando estos actores es si Guillermo Lasso todavía tiene condiciones para completar su mandato sin mayores convulsiones.

Si la respuesta es afirmativa, activarán todos los resortes imaginables para forzar un pacto espurio, pero efectivo, con las fuerzas de la oposición legislativa. La compra de votos y el reparto serán la tónica. Pero si la respuesta es negativa, Lasso no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir.

A primera vista, el gobierno busca jugarse su futuro fundamentalmente en la Asamblea Nacional. Para ello debe evitar que la oposición alcance el fatídico número 92. Si hurgamos un poco en la anodina cadena presidencial del jueves por la noche, se percibe una tenue disposición a la defensa. Y digo tenue porque ir a esa confrontación apertrechado únicamente de argumentos pudorosos, como los que el presidente exhibió en la cadena nacional a propósito del buen nombre de su familia, es una excelente estrategia para terminar lapidado. Basta ver la catadura de los asambleístas socialcorreístas para darse cuenta de que el principal ingrediente ausente en el juicio político es el pudor.

Sin embargo, habrá que ver que planifican los operadores políticos del gobierno. Es decir, aquellos que saben cómo se cuecen las habas. Al parecer, por ahora han definido un solo escenario: impedir la destitución a cualquier costo. Porque de la renuncia o de la muerte cruzada no han dicho ni pío. Ni lo piensan.