"Por eso les matan". Eso pasó gritando el policía motorizado a una de las jóvenes que marchaban en rechazo de la violencia sistémica contra las mujeres que, en el Ecuador, se ha visibilizado de la peor manera en los recientes y sonados casos de Diana y Martha. El comentario del policía fue su primera respuesta ante los intentos de la joven que, junto con otras, procuraba cerrar brevemente la intersección de las avenidas Atahualpa y Amazonas, el día domingo 20 de enero, a eso de las 5:45 de la tarde.

Mientras tanto, se acercaba a la intersección el grupo final de esa marcha dominical que había nacido como plantón. Este grupo estaba compuesto por mujeres y hombres de distintas edades, niñas y niños, con sus madres y tías, mujeres con bebés en brazos o en cochecitos, infantes en hombros de sus padres, personas con yeso, haciendo el recorrido en muletas, personas de la tercera edad, gente con sus mascotas y ciclistas desmontados que acompañaban con sus bicicletas.

Como encabezando este grupo final iban varias activistas, en su mayoría mujeres que, bastante organizadas, cerraban momentáneamente a su paso los distintos cruces de calles que rodeaban el parque La Carolina. Ante cada cierre, los jóvenes aclaraban a los conductores, a los transeúntes, a todos y a nadie en particular “disculpen las molestias, es que nos están matando.”

Cuando una de ellas escuchó el comentario del policía empezó a perseguir la moto gritando; en ese momento, varios policías se abalanzaron hacia la joven y sus compañeras olvidaron la tarea de cerrar el paso, corriendo a ayudar a su amiga. A cierta distancia, se veía como la policía procuraba separar a estas mujeres y, aparentemente un poco, alejaban a una de ellas, seguramente a la que persiguió la moto.

Quienes veníamos atrás, con nuestras hijas, hijos y bebés en cochecitos, por un minuto imaginamos que se la llevarían detenida y por pura solidaridad, siendo consecuentes con nuestra presencia en ese evento, corrimos al lugar sosteniendo en alto nuestros carteles y gritando que la suelten, sin saber todavía que había pasado. Los policías no se llevaron a nadie durante la marcha, pero es imposible no preguntarnos ¿qué hubiera pasado con esa joven mujer si acaso el policía motorizado que le gritó “por eso les matan” se la llevaba detenida ese día?

Los desprecios y las humillaciones, como ese “por eso les matan” que en tal contexto también podía ser interpretado como amenaza, son formas groseras pero aún invisibles de violencia de género. Invisibilizar las muertas, desconocer casos de violencia de género como tales y justificar las muertes de mujeres culpando a las víctimas, son formas cotidianas de ejercer contra nosotras lo que Nancy Fraser denomina “violencia simbólica.” Desconocer la naturaleza de la violencia de género, su incidencia, sus orígenes y efectos individuales y sociales es también un ejercicio de “violencia simbólica.”

Y es doblemente violencia y es doblemente simbólica cuando se la hace desde una posición de autoridad: la del policía que al día siguiente día de un femicidio acontecido frente a la mirada expectante de la policía se atreve a gritar “por eso les matan” a las marchantes que se manifiestan precisamente contra esa violencia; o la de un gobierno que luego de reducir el presupuesto para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, se pronuncia frente al femicidio tomando medidas migratorias que inmediatamente dan paso a una violencia xenófoba, igualmente brutal.

La violencia de género no tiene nacionalidad, tiene género; en virtud de ellas se agrede y mata a la mujer por ser mujer. La que tiene nacionalidad es la violencia xenófoba, y su nacionalidad cambia según cambie el enunciante del discurso discriminatorio y los perpetradores de las acciones brutales. Es violencia xenófoba la que se ejerce en países del norte global contra migrantes ecuatorianos y latinoamericanos; esa que toma la forma de insultos, de golpes, de intimidaciones, en el metro, en restaurantes, en las calles.

Y también es violencia xenófoba la que se ejerce en Ecuador, hoy en día, contra las personas de nacionalidad, acento, ascendencia o apariencia venezolana; esa que hace que una joven venezolana tema ir a clases, que un joven venezolano busque excusas para no salir de su casa, que una mujer venezolana embarazada colapse tras la persecución sin sentido de una turba enardecida, que un padre venezolano llore junto a su hija porque los incendiarios les quemaron lo poco que tenían, que en Ecuador madres y padres hayan sido obligados a huir por segunda vez con sus hijos en brazos y sus escasas pertenencias en fundas, de un modo que se parece mucho a su primera huida; es violencia xenófoba que una niña de tres años sostenga un cartel que dice soy venezolana y no soy una asesina.  

Interpretar la violencia de género como una consecuencia de la emergencia migratoria de venezolanos y venezolanas en Ecuador tiene un doble efecto. Por un lado, enardece un falso nacionalismo que, rayando en conductas fascistas, lleva a hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas a festejar la quema en la hoguera de todas las pertenencias de otros hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas que tuvieron que huir de su país de origen. Por otro lado, evita que el Estado asuma su responsabilidad respecto de esa violencia de género, sistémica y estructural que se reproduce y fortalece a diario en gestos, actitudes, expresiones y actos.

Al Estado ecuatoriano corresponde generar una política pública urgente para prevenir y erradicar la violencia de género en el país. Una política que atraviese el sistema educativo, en el cual se reproducen día a día patrones de comportamiento patriarcales, estereotipos de género y se normaliza y naturaliza la violencia bajo discursos como: “si el compañerito es malo contigo es porque le gustas”; el de salud, en el que no se denuncian casos de esa violencia sexual embaraza niñas, aunque sí se reporta a las autoridades a aquellas niñas violadas que abortan; el de justicia, que confunde tipos penales, se olvida de realizar pericias o usa lenguaje inadecuado en los informes periciales, dejando libres a violadores, abusadores y acosadores; el de justicia, en el que la tentativa de femicidio se juzga como “lesiones” para que los violentadores reciban dos meses de prisión luego de azotar la cabeza de sus exnovias contra el retrete; el policial, para que no mueran más mujeres con boletas de auxilio en la mano o luego de haber llamado al 911, o para que las autoridades no se nieguen a receptar denuncias, o para que no lleguen una hora más tarde de los reportes del incidente de violencia; el policial, para que una mujer embarazada no sea asesinada ante sus ojos la noche previa, y al día siguiente se pronuncien en una marcha que denuncia esta violencia sistémica con un indignante y vergonzoso “por eso les matan.”

Esa política pública de prevención y erradicación de la violencia de género en el Ecuador debe ser un compromiso político, transversal y multisectorial, que finalmente nos permita cambiar esa narrativa de miedo en inseguridad que subyace nuestras propias vidas y que actualmente hace que el mensaje de texto más enviado por las mujeres a nuestras madres, padres, parejas, hermanos, amigas, sea “llegué bien.”

Hasta que esa política pública exista, o más bien, para que esa política pública exista —entendiendo que la lucha contra la violencia de género es, ante todo, un compromiso social de todas las personas y de todas las edades— el domingo 20 de enero y el lunes 21 de enero de 2019 marchamos desde la Tribuna de Los Shyris en Quito, mientras se realizaban eventos similares en muchas otras ciudades ecuatorianas.

En distintos puntos del territorio nacional, nos juntamos para manifestar nuestro repudio frente a los actos de violencia ejercidos contra Martha, contra Diana, contra Evelyn, contra Verónica, contra Karina, contra Angie, contra Valentina, contra Vanessa, contra Eliana, contra Gaby, contra Daniela, contra Emilia, contra Nancy, contra Julia, contra Marina, contra María José, contra Celeste, contra Rosa, contra Josefa, contra Sofía, contra Claudia, contra Sole, contra Elena, contra Diana, contra Lorena Mariana, contra Neiva, contra Fernanda, contra Sarasty, contra Karla, contra Doris, contra María, contra Margarita, contra Yudelkys, contra Lázara, contra Yudeisy, y contra todas aquellas víctimas de la violencia de género cuyos nombres resuenan en las memorias de sus familiares, y por todas aquellas sobrevivientes de la violencia de género que no siempre reconocen lo valientes que han sido, que son día tras día.

Por ellas, el 20 y 21 de enero marchamos las Carlas, las Verónicas, las Gabrielas, los Camilos, las Ximenas, las Toas, las Maites, las Lorenas, las María Josés, los Edgar, los Nachitos, las Irinas, los Carlos, las Amarantas, las Danielas, los Diegos, las Lías, los Martines, los Juanes, las Agathas, las Milas, las Elenas, los Andreses, las Fernandas, las Anas, las Vanessas, las Melissas, los Esteban, las Amparos, las Geraldinas, las Belén, las Priscilas, los Jorges, las Dianas, las Camilas, los Alejos, las Cristinas, las Pamelas, los Gerardos, las Silvias, las Virginias, los Robertos, las Silvanas, los Danilos, las Marías, las Vivianas, las Ivette, los César, las Paus, los Paúles, las Valerias, las Patricias, las Manuelas, las Emilias, las Alejandras, los Daríos, las Alexandras, las Albes, las Karlas, los Josés y muchos más, y muchas más, decenas de miles más.

Marchamos por ellas, por nosotras, por nuestras madres, hermanas, compañeras, amigas, y algunas también marchamos por nuestras hijas, y junto a ellas marchamos por todas. 

*Las imágenes usadas en este artículo, capturadas durante la marcha del 21 de Enero de 2019 en Quito, fueron cortesía de Ivette Celi.