Lo más grotesco que podía imaginarse fue concebido por la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, y por quienes le asesoran, para supuestamente solucionar la situación de Julián Assange, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres desde hace más de cinco años: nombrar diplomático del Ecuador y pretender que el Reino Unido le extienda los privilegios y las inmunidades diplomáticas al hacker o quizá cracker australiano Julian Assange (la diferencia de las dos palabras está en que un hacker es, como lo define el diccionario de María Moliner, una “persona con sólidos conocimientos informáticos capaz de introducirse sin autorización en sistemas ajenos para manipularlos, obtener información, etc., o simplemente por diversión”, mientras que un cracker, es el que, además de ser capaz de entrar en sistemas ajenos, lo hace con fines delictivos, como señala el diccionario de Oxford y lo recuerda la Fundación del Español Urgente).

Si Espinosa hubiera consultado su genial idea con cualquiera de los embajadores de carrera, estoy seguro de que la habrían disuadido de semejante tontería. Le habrían dicho que el Reino Unido jamás se iba a aguantar la humillación de que Assange, prófugo de la justicia británica, fuese acreditado como diplomático en ese país. “A otro perro con ese hueso”, es lo que, en palabras más finas, pero igualmente contundentes, ha respondido el Foreign Office.

Pero no solo que Espinosa no consultó a ningún diplomático racional sino que aprovechó que el embajador titular en Gran Bretaña, Carlos Abad Ortiz, había pedido licencia por calamidad doméstica (vino a Quito por la penosa muerte de su hermano, el sociólogo Gonzalo Abad, con quien el Ecuador tiene una inmensa deuda como pilar de las ciencias sociales al haber sido el propulsor de la Escuela de Sociología de la Universidad Central, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y de muchas otras iniciativas).

Pero no solo eso, sino que, según me dijeron fuentes conocedoras del tema, la Cancillería obligó a la segunda de a bordo a tomar vacaciones, para dejar como encargado de negocios al cónsul general del Ecuador en Londres, Fidel Narváez, el mismo que en 2013 otorgó el salvoconducto al exagente de la CIA acusado de espionaje, Edward Snowden (y a quien no le ha pasado nada por aquel desaguisado, que en su momento fue negado por la Secretaria de Gestión de la Política Betty Tola). Narváez, conocido también por ser el contacto con Assange, fue quien entregó esta vez la nota verbal con la vergonzosa metida de pata que fue contestada de manera fulminante, en 24 horas, por el Foreign Office.

El gobierno británico dijo en un comunicado el jueves que la concesión de la nacionalidad ecuatoriana a Assange “no cambia de manera alguna el estatus legal de Julian Assange” en Gran Bretaña. Eso demuestra el ejercicio de futilidad, el ridículo juego con algo de lo que nos preciamos todos en nuestro país, nuestra nacionalidad.

“Julian Assange rompió las condiciones de su fianza emitidas en 2012 y escogió entrar a la embajada ecuatoriana por su propia voluntad”, añadió el comunicado. Y le recordó a Moreno, Espinosa y demás: “El gobierno del Ecuador sabe que la manera de resolver esta situación es que Julian Assange deje la embajada y enfrente a la justicia. Nadie debería pretender que darle la Ciudadanía ecuatoriana [a Assange] es la ruta para resolver este tan prolongado asunto”.

Assange, que, recordemos, enfureció al Gobierno de EEUU cuando la organización que dirige reveló miles de documentos obtenidos en 2010 por un analista de inteligencia estadounidense en Irán (el soldado Manning, hoy conocido como Chelsea Manning), se asiló en la embajada ecuatoriana en agosto de 2012 para evitar ser extraditado a Suecia, que lo buscaba para que respondiera por acusaciones de acoso sexual. Suecia parece haber dejado el caso, pero Assange sigue en la Embajada porque ahora será apresado apenas ponga un pie en la calle por ser un fugitivo de la justicia al haber violado las condiciones de su libertad condicional.

Espinosa creyó, además, que su jugarreta no se iba a conocer y negó como rumores las noticias que se filtraron y, muy olímpicamente, dijo que no se iba a referir a ellos, pero a las 24 horas debió reconocer su monumental gaffe, aunque tratando de minimizarla.

Fue el diario El Universo el primero en publicar que Assange tenía cédula ecuatoriana y no cédula de extranjero sino de connacional, Espinosa se saltó la ley pues expidió un “protocolo” que simplifica causas y requisitos para la naturalización de personas en el exterior (Acuerdo 140 del 27 de diciembre de 2017), que, por la jerarquía de las normas jurídicas, jamás puede ser válido pues modifica la ley orgánica de Movilidad Humana. Se trata de una norma “ad hoc”, dictada para una sola persona, Julian Assange, pues rige “para los extranjeros en situación de protección internacional otorgada por el Ecuador”, y el único, que se sepa, en tal situación es el fundador de Wikileaks.

La absurda naturalización a Assange, que supuestamente la había pedido en septiembre fue el 12 de diciembre. Todos los que alguna vez nos hemos interesado para que se conceda la nacionalidad a algún extranjero que ha residido por décadas el Ecuador haciendo el bien, como por ejemplo sacerdotes o religiosas extranjeros, sabemos lo exquisito que se pone el ministerio de Gobierno (ahora del Interior) y la cantidad de tiempo y trámites que se pide para tramitar su otorgamiento, y ahora resulta que un asilado político, con serios cuestionamientos legales en varios países, la obtiene como una añagaza que jamás tuvo posibilidades de resultar.

En todo esto no hay solo ingenuidad, hay ilegalidades, desprecio a la ley, al menos en dos ministerios: el de Relaciones Exteriores y el del Interior, del que depende el Registro Civil (¿cómo se justifica la mentira palmaria de que Assange reside en Pichincha y vive en Chaupicruz?, ¿qué confianza se puede en el sistema de registro de datos vitales del Ecuador tener si, a ojos del mundo, se lo falsifica tan alegremente?).

El empeño de los gobiernos de Alianza País para mantener a Assange ha sido grotesco. Es conocido que la oficina de la embajada se adecuó desde semanas antes de que “inesperadamente” asomara Assange (por ejemplo, se quitaron los archivadores que ocupaban la parte de la ducha del baño para habilitarlo de nuevo y ese día, muy curiosamente, aunque la embajada se cierra a la una, la puerta estuvo abierta a las cinco de la tarde). Ha tenido que soportar el Ecuador, y el personal de la embajada, continuo malestar y embarazo por convivir en un espacio reducidísimo con un malcriado, que llegó a pasearse en calzoncillos por entre los escritorios y que organizó un desfile de modas, además de su interferencia en las elecciones de EEUU, facilitando la diseminación de correos y documentos hackeados al Comité Central del Partico Demócrata y a la campaña de Hillary Clinton, colección documental que los investigadores estadounidenses aseguran que fue obtenida por crackers rusos y simplemente distribuida por Wikileaks. Se le ha aguantado todo lo que ha dicho sobre el Ecuador. Solo muy tarde, el presidente Moreno le advirtió, después de que estuviera muy activo en el proceso independentista de Cataluña, de que no debía interferir ni pronunciarse sobre la política interna de otros países, porque eso viola su condición de asilado.

La esperpéntica acción última se junta con tantos otros errores de la Cancillería, y sigue a la insultante carta de Guillaume Long que, tras gozar de sueldos y privilegios por seis meses, bota su renuncia de la manera más ofensiva no contra el presidente Moreno sino contra el país que tanto le dio (cargos públicos y la propia Cancillería), olvidando su condición de extranjero ideologizado.

María Fernanda Espinosa se ha convertido en una de las peores enemigas del propio gobierno de Moreno. Este no la puede sostener más ni a ella ni a los asesores en la Cancillería que cometen error tras error y nos ponen en vergüenza ante la comunidad internacional.