La flexibilización de la tenencia y porte de armas en Ecuador levantó más críticas que aplausos. Pero no se trata de un dislate. Al contrario, esta decisión encaja con la expansión territorial de la extorsión y la emergencia del vigilantismo. La razón es simple: la flexibilización de la tenencia y porte de armas contribuye a la privatización de la seguridad.

La protección ciudadana es una tarea vertebradora de toda comunidad política; es un bien público sine qua non. En teoría, el Estado debe garantizarla y para eso necesita el monopolio del uso de la fuerza. En la práctica, no siempre ocurre así, porque el Estado carece de capacidades infraestructurales para lograrlo. Sin servicios básicos ni bienes públicos como la protección ciudadana, no hay soberanía posible. La legitimidad del Estado nace de ahí y la lealtad del ciudadano también.

Esta lógica de la gobernanza democrática es contraria a la del Estado neoliberal. Su modelo de seguridad consiste en convertir la protección ciudadana en mercancía y desregular todos los mercados, incluyendo el de las armas.

Así se produce un efecto tenaza. Por un lado, la extorsión se expande en el territorio a medida que el Estado renuncia a la gobernanza democrática. Por otro, el vigilantismo adquiere un cariz más violento aprovechando la disponibilidad de armas en el mercado (formal o informal).

El vigilantismo es una estrategia de resistencia a la victimización criminal. Ocurre cuando los pobladores de una comunidad usan o amenazan con usar violencia extra-legal para evitar ser víctimas de la extorsión u otras formas de violencia criminal. Se manifiesta de diversas formas. Las más comunes en América Latina han sido los “linchamientos” y las “autodefensas”.

Enzo Nussio y Giovinda Clayton (2022) han documentado más de 2.818 casos de linchamientos en América Latina, entre el 2010 y el 2019 https://bit.ly/40NYdRX. El fenómeno no es extraño en Ecuador. En febrero de este año, dos  personas incriminadas por los pobladores fueron linchadas e incineradas en Toacazo, provincia de Cotopaxi https://bit.ly/41367GA. Estudios realizados en México demuestran que las personas con menores niveles de confianza en la Policía y las cortes de justicia son más propensos al castigo colectivo de los malechores.

Mucho más grave es el fenómeno de las autodefensas porque se trata de un vigilantismo institucionalizado, sostenido y extremadamente violento al servicio de intereses económicos locales.

En Colombia, por ejemplo, fue la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio quien contrató en 1988 a mercenarios israelíes y británicos para entrenar un ejército privado para defenderse de los extorsionadores y cuatreros https://bit.ly/3zKfhwd. En 1997, Carlos Castaño, pistolero del Cartel de Medellín, fundó con su hermano, Vicente, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC pronto monopolizaron ciertas rutas del narcotráfico y trabajaron de la mano con el Ejército colombiano expandiendo la frontera minera y agroindustrial a bala https://bit.ly/3mjkjfY.  

Otro caso relevante son las autodenfesas de Michoacán (México) creadas en 2013, con el propósito de combatir y aniquilar al cartel de los Caballeros Templarios. Tras dos años de lucha lograron su propósito, pero sus nexos con grupos criminales y autoridades públicas corruptas convirtió a muchos de los líderes armados en pieza clave del esquema de gobernanza local. Aunque surgieron para “hacer lo que el gobierno no hacía” frente al crimen organizado, Michoacán sigue siendo cuna de decenas de organizaciones criminales https://bit.ly/41dooRJ.

En Ecuador no faltan voces que claman por la autodefensa y la justicia por mano propia. El Estado no asimila que la victimización criminal es un proceso material, social y político que produce estrategias reactivas de incalculables consecuencias. La economía política local y la captura criminal de la Policía presagian que el vigilantismo se radicalizará en ciertas zonas del país. Las decisiones del Gobierno y la Asamblea solo propician una sociedad anegada en sangre.