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25 de Enero del 2023
Ideas
Lectura: 5 minutos
25 de Enero del 2023
Iván Flores Poveda

Periodista. Hombre libre. Feliz padre de tres.

Los extraditables ecuatorianos
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En un país que tolera el crimen, un potencial escenario positivo para la extradición abriría un vasto tarifario de sangre, si es que el Estado no instala alternativas institucionales, productivas y culturales a ese clima de tolerancia y hasta cooperación con la delincuencia organizada.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso infla un globo que pudiera reventar en la cara de todo el país en un par de años. Lo hace al sobredimensionar las expectativas en torno a la pregunta de la consulta popular sobre extradición. En un país que tolera el crimen, un potencial escenario positivo abriría un vasto tarifario de sangre, si es que el Estado no instala alternativas institucionales, productivas y culturales a ese clima de tolerancia y hasta cooperación con la delincuencia organizada.

La extradición es una herramienta afirmativa. Amplios sectores indican que votarán Sí en la pregunta relativa (Ipsos: 68%, Clima Social: 69%, Cedatos: 71,9%). De hecho, yo también votaré Sí. ¿Que la extradición no resuelve el problema de fondo? Obvio. ¿Que si Ecuador logra extraditar a los nuevos Géralds, Noreros, Sánchez-Farfanes o Portocarreros vendrán otros novísimos capos? Por supuesto. Las dolorosas experiencias de Colombia y México dan cuenta de que los procesos de extradición suscitan sangrientas olas expansivas y una reestructuración de las organizaciones hasta convertirlas en invisibles.

Sin embargo, la extradición es la herramienta que permitirá al Estado poner el cascabel a los capos que multiplican los asesinatos en Ecuador para inundar de toneladas de cocaína a EE.UU. Holanda, Bélgica o cualquier país que los requiera. Y uno de los temores esenciales de estos criminales es su traslado a jurisdicciones donde no se conoce de magistrados con actuaciones similares a las de los jueces ecuatorianos Emerson Curipallo, Juan Carlos Terán o los que beatificaron a las mafias balcánicas.

En un país que tolera el crimen, un potencial escenario positivo para la extradición abriría un vasto tarifario de sangre, si es que el Estado no instala alternativas institucionales, productivas y culturales a ese clima de tolerancia y hasta cooperación con la delincuencia organizada

Si los ecuatorianos votan masivamente por el Sí, se activará otro tortuoso episodio de tensión entre Ejecutivo y Legislativo, en torno a la conceptualización y debate de una ley orgánica de extradición. A la par, el Gobierno asumirá la tarea maratónica de actualizar al menos 16 convenios bilaterales.

En este ínterin, pudieran ocurrir dos escenarios. El menos deseable: un año de bombazos y muertes selectivas (jueces, legisladores, ministros…) que inmovilicen al gobierno de turno y al Estado en su conjunto. Y quizá el más probable: narcodemocracia pura y discreta, con plata y sin tanto plomo. En esta línea, las seccionales del 5 de febrero de 2023 serán un termómetro fatal, en un país en que el mismo Estado, a partir de la tolerancia a malos funcionarios, abre espacios grises para la coordinación y colaboración con organizaciones mafiosas.

El escenario de una narcodemocracia, con plata y sin tanto plomo, supondrá la puesta en marcha de una chequera infinita para comprar políticos, uniformados, jueces, activistas, empresarios, periodistas, deportistas, actores, influencers y demás voces que movilicen opiniones y sensibilidades, no solo para tumbar socialmente la extradición, sino también para exigir la revisión legislativa de la incipiente normativa con que el Estado protege a la sociedad de la delincuencia organizada.

De hecho, hay líderes sociales que piensan que la existencia de capos ecuatorianos responde únicamente a “fantasías ideológicas” del gobierno de Lasso, la derecha, y los medios mercantilistas y que, por ende, la extradición es una trampa y una renuncia a la soberanía… El bombazo atómico de la escalada del narcotráfico, sin embargo, no se tapa con catecismos de insurgencia popular.

En la Colombia de los 90, por ejemplo, el cartel de Cali mantenía “en nómina” a guerrilleros, activistas y periodistas para construir un encuadre discursivo para lograr el perdón estatal a los extraditables. Pese a ello, Guillermo Rodríguez Orejuela murió el año pasado en una cárcel de Carolina del Norte y su hermano, Miguel, paga condena en una prisión de Carolina del Sur.

En la Colombia de 2023, en cambio, el presidente Gustavo Petro propone un interesante debate: que la extradición proceda cuando los capos se nieguen a colaborar con el Estado para desmovilizar sus estructuras delincuenciales y parar sus negocios ilícitos.

De vuelta al país, ojalá nunca se cumpla el escenario de la narcodemocracia a punta de plata y sin tanto plomo. Ojalá en 2025 no tengamos a un Ernesto Samper ecuatoriano sentado en Carondelet. Si ese es el horizonte, los ecuatorianos quedaremos en el centro de fuegos cruzados entre mafias de Estado y una pléyade de capos perfumados e invisibles, al menos por los próximos 20 años.

[PANAL DE IDEAS]

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