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3 de Septiembre del 2019
Ideas
Lectura: 6 minutos
3 de Septiembre del 2019
Hugo Cahueñas Muñoz

Abogado, catedrático de Derecho en la Universidad San Francisco de Quito. 

Las FARC a las armas y los militares ecuatorianos a las calles
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El anuncio del presidente Moreno de una gran cruzada, sumado al pronunciamiento de la alcaldesa de Guayaquil quien se refirió a “una guerra a la delincuencia”, y el empleo de las fuerzas armadas en las calles, generan múltiples preocupaciones por los riesgos a los derechos de los ciudadanos.

El jueves 29 de agosto, Iván Márquez, ex jefe negociador de las FARC, anunció que un grupo de guerrilleros abandonaba el acuerdo de paz y que retomaba la lucha armada. El mismo día, el presidente del Ecuador, Lenin Moreno, anunciaba que las fuerzas armadas ecuatorianas se sumaban a la “Gran Cruzada por la Seguridad Nacional a fin de combatir la delincuencia en el país y de garantizar el bienestar de los ciudadanos”.

El presidente anunció que el Gobierno Nacional no escatimará esfuerzos en apoyar a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para ejecutar operativos para enfrentar a “enemigos peligrosos como la delincuencia organizada, el narcotráfico, la corrupción, la violencia, la piratería”. En el mismo espacio el presidente Moreno se solidarizó con el Gobierno y el pueblo colombianos por el anuncio de las FARC y manifestó que las fuerzas militares y fuerzas policiales estarían atentas a lo que podría derivar de esta decisión. La pregunta que surge es ¿Ecuador está preparado para este escenario? Pues la respuesta es “no”. Una vez más la política de seguridad del Estado ecuatoriano se muestra solamente reactiva.

El retorno de las FARC a las armas debería ser un tema prioritario en la agenda de seguridad del Ecuador. Un escenario posible es que las FARC retomen el control de las zonas de cultivo de coca y de los negocios ilícitos que operan en las zonas fronterizas con el Ecuador. Este escenario no estaría libre de enfrentamientos con los grupos delincuenciales que actualmente controlan estos sectores. Es más, se corre el riesgo de que estos grupos busquen reubicar sus actividades en territorio ecuatoriano, como ya se ha evidenciado en algunos casos.

Otro escenario posible es que las FARC se reorganicen junto al ELN en la frontera colombo-venezolana. En este caso, los actuales grupos armados y delincuenciales seguirían teniendo el control de los cultivos y negocios ilícitos frente al territorio ecuatoriano. Con el agravante de que las fuerzas de seguridad colombiana concentren sus esfuerzos hacia la otra frontera; por lo que, una vez más, la seguridad en la frontera norte estaría abandonada por parte del gobierno colombiano.

El retorno de las FARC a las armas debería ser un tema prioritario en la agenda de seguridad del Ecuador. Pero al parecer la prioridad política es sacar a los militares a las calles. 

Esto incrementaría exponencialmente los riesgos para el territorio ecuatoriano, por lo cual es necesario un fortalecimiento de las fuerzas armadas en las zonas fronterizas, tanto en el número de efectivos como en el equipamiento operativo, el cual debe incluir medios tecnológicos y tareas de inteligencias para enfrentar las amenazas híbridas que se presentan en el sector, que comprenden los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, sicariato, trata de personas, minería ilegal, entre otros, que además incluyen a diferentes actores como los carteles mexicanos.

Frente a estos graves riesgos y escenarios concretos donde el Estado ecuatoriano no ha cumplido con su obligación de proteger la vida y la integridad de los ciudadanos, es fundamental la presencia de las fuerzas armadas, quienes tienen el mandato de defender la soberanía y la integridad territorial, incluidas las fronteras. Sin embargo, el anuncio de la presidencia va en la vía diametralmente opuesta porque involucra a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna y específicamente urbana, cuando la Constitución señala que “la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”.

En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Zambrano Vélez contra Ecuador,  enfatizó “en el extremo cuidado que los Estados deben observar al utilizar las  Fuerzas Armadas como elemento de control de la protesta social, disturbios  internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común”, puesto que “el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al  enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.

El anuncio del presidente Moreno de una gran cruzada, sumado al pronunciamiento de la alcaldesa de Guayaquil, quien se refirió a “una guerra a la delincuencia”, y el empleo de las fuerzas armadas en las calles, generan múltiples preocupaciones por los riesgos a los derechos de los ciudadanos y por el riesgo de abandonar la seguridad externa, incluidas las fronteras y el espacio marítimo, que se han mostrado muy vulnerables. Se debe trabajar en una política de seguridad clara, que incorpore los riesgos externos e internos. No es posible que al son de las encuentras y las necesidades, las autoridades ecuatorianas actúen de forma reactiva y se empleen a las fuerzas armadas en el patrullaje en las calles, en control de los centros de privación de libertad, en las aduanas, en el sector petrolero o para apagar “otros” incendios.

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