El reciente asesinato de Fernando Villavicencio, figura prominente en la política ecuatoriana y acucioso denunciante de actos de corrupción, ha sacudido las bases de nuestra democracia. Su trágico final no es solo el deceso de un individuo, sino el resultado tangible del discurso político de odio que, como veneno, ha corroído el tejido democrático de muchas naciones. La figura de Villavicencio, más allá de las discrepancias políticas, simboliza la valentía de enfrentar sistemas corruptos y de alzar la voz contra las injusticias. Es imperativo recordar que en una democracia sana el disenso y la crítica deben ser vistos no como amenazas, sino como pilares fundamentales del sistema.

El discurso político de odio es una herramienta que, lamentablemente, ha ganado espacio en las últimas décadas. Sus raíces se hunden en el miedo, la inseguridad y la manipulación. A través de él, se busca deshumanizar al oponente, relegándolo a categorías que justifican su marginación e, incluso, su eliminación. Alexis de Tocqueville advirtió en su tiempo, que las democracias no están exentas de caer en la tiranía, especialmente si permiten que el odio y el miedo se apoderen del discurso público.

El discurso del odio no es solo una serie de palabras desagradables; es una herramienta estratégica cargada de poder y significado. Como Robert Dahl afirmó, “La democracia ha sido discutida, criticada y atacada, y aún así sobrevive”. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el discurso del odio comienza a corroer sus pilares fundamentales? Primero, el discurso del odio fortalece la cohesión intragrupal. Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, destacó la importancia de la creación del otro como un mecanismo de control y poder. Al identificar y demonizar a un grupo externo, se solidifica la identidad y unidad de un grupo interno. El mensaje es sencillo pero poderoso: “Estamos unidos porque tenemos un enemigo en común”. A nivel intergrupal, el propósito del discurso del odio es deshumanizar y marginalizar.  Arendt señala que al despojar a una persona o grupo de su humanidad, se justifica cualquier acto en su contra. Esta táctica simplista de “nosotros contra ellos” ha sido empleada a lo largo de la historia para justificar desde políticas excluyentes hasta actos de violencia masiva.

En el caso de Villavicencio, su constante denuncia contra la corrupción le granjeó no solo seguidores, sino también detractores. Sin embargo, ninguna diferencia política o ideológica puede justificar el recurso al odio y mucho menos a la violencia. Como señaló John Locke, el gobierno se legitima a través del consentimiento de los gobernados y debe proteger los derechos de vida, libertad y propiedad. Cuando la vida de un crítico del sistema corrupto es brutalmente arrebatada, se socavan estos mismos principios.

Es esencial que, como sociedad, rechacemos enérgicamente el discurso de odio y sus consecuencias. La pérdida de Villavicencio es un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentamos cuando la retórica de la animosidad se normaliza. Las democracias son frágiles, y su fortaleza reside en la capacidad de proteger las voces de todos sus ciudadanos, incluso, y especialmente, de aquellos que se atreven a cuestionar. Como académico, profesor de derecho, su abogado defensor y sobre todo su amigo, insto a la sociedad ecuatoriana a reflexionar sobre este trágico evento. Es el momento de reafirmar nuestro compromiso con un debate público saludable, basado en el respeto y la comprensión mutua. En honor a Fernando Villavicencio, debemos trabajar juntos para construir un Ecuador en el que el discurso de odio no tenga cabida y donde la democracia florezca en su máxima expresión.