La semana pasada el Gobierno nacional declaró a la minería ilícita como amenaza a la seguridad del Estado. Así lo informó Diego Ordóñez, tras la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el pasado 26 de enero. Además, señaló que Fuerzas Armadas y Policía Nacional “respaldarían a las concesiones mineras legalmente establecidas”.

 ¿Por qué se tomó esta decisión y cuáles son sus implicaciones? Para contestar esta pregunta hay que tomar en cuenta los nudos críticos existentes.

Primero, las concesiones mineras realizadas sin consulta previa, libre e informada a las comunidades aledañas. La Constitución de la República y los convenios internacionales sobre derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas garantizan este derecho. La Corte Constitución ya dispuso que el Ejecutivo presente un proyecto de Ley orgánica para regular este derecho, pero ni el gobierno de Moreno ni el de Lasso han cumplido. Por lo tanto, la conflictividad socio-ambiental crece.

Segundo, la expansión de la “minería ilícita”. Según el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA la comercialización ilícita del oro es la más crítica. En su informe del 2021, con datos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), se identifican las vulnerabilidades del Ecuador en esta materia.

Las vulnerabilidades tienen que ver con falta de capacidades profesionales, técnicas y tecnológicas en áreas muy especializadas. Muy poco se relacionan con la función policial y nada tiene que ver con las tareas de defensa que les compenten a las Fuerzas Armadas. En la minería ilícita germina una gobernanza criminal fuertemente arraigada en las entidades públicas y las empresas privadas vinculadas a la cadena de sumistros de la industria minera, así como la banca privada.

Tercero, presión internacional sobre el gobierno ecuatoriano para garantizar las inversiones de las empresas extrajeras en el sector minero. Dos proyectos están en ejecución: Mirador (mina de cobre) y Fruta del Norte (mina de oro) en la provincia de Zamora Chinchipe. De los 24 proyectos restantes, en fase de desarrollo, la mitad están relativamente paralizados por la conflictividad socio-ambiental con la que deben lidiar. Por lo tanto, las embajadas de Canadá, China, Reino Unido y EE.UU. han presionado al Gobierno para que garantice sus inversiones actuales y futuras.

En este contexto, la decisión anunciada por el Secretario de Seguridad Pública, el jueves pasado, es inofensiva contra la minería ilícita. Sin una estrategia de amplio espectro que privilegie el control del circuito económico y financiero es improbable que la comercialización ilícita de oro sea mitigada. Pero, en cambio, esta decisión es una clara señal del Gobierno nacional para satisfacer los intereses privados de las empresas extranjeras en el sector minero.

La declaratoria de la minería ilegal como amenaza a la seguridad del Estado es un subterfugio para confrontar militarmente a los campesinos, pueblos y nacionalidades indígenas que obstaculizan los proyectos mineros. Desde la perspectiva de las élites que impulsan este modelo extractivista, dentro y fuera del país, la violencia política ha sido el único instrumento para neutralizar y diezmar a las comunidades afectadas. Para ello se valen de los militares, estructuras paramilitares y grupos criminales.

La intención de militarizar las concesiones mineras se hizo pública en diciembre del año pasado. La idea del Gobierno era declarar a las concesiones mineras como Áreas Reservas de Seguridad mediante Decreto Ejecutivo, convirtiendo a las zonas mineras en teatro de operaciones militares.

Pero ya no hace falta. ¿Por qué razón? Porque el 3 de enero de este año la Asamblea Nacional aprobó con 117 votos de todas las bancadas la “Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral”. Cuerpo legal que en su artículo 25 dispone lo siguiente:

“Las instituciones del Estado que tengan bajo su responsabilidad procesos de negociación, concesión de bienes y servicios estratégicos, zonas de seguridad, áreas reservadas de seguridad del Estado, incluirán en todos los contratos o convenios, claúsulas especiales de seguridad estipuladas por el ente rector de la defensa nacional [Ministerio de Defensa] y el ente rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público [Ministerio del Interior], especialmente aquellas relacionadas con puertos, aeropuertos, zonas de frontera, servicios marítimos, servicios relacionados con servicios diplomáticos, o que estén relacionados con los centros de privación de libertad o con el control aduanero. En ningún caso se podrá concesionar estos bienes, áreas o servicios y sectores estratégicos, poniendo en riesgo la seguridad nacional, ciudadana, orden público y protección interna”.

Aunque falta la sanción del Presidente, si esta norma legal entra en vigor el riesgo social y político es enorme. Dos escenarios son posibles en el corto plazo: Primero, la conflictividad socio-ambiental en torno a la minería desborda en protestas sociales masivas en las calles y plazas del país. Segundo, el Gobierno logra imponer su política minera aplacando la resistencia campesina a través de la represión y el asesinato selectivo de líderes sociales y activistas ambientales.

Para viabilizar el segundo escenario, el Gobierno nacional necesita ganar la consulta popular, concretar la llegada de la tecnología de cyberespionaje desde Israel y abrir el catastro minero para nuevas inversiones. Si lo consigue hay altas probabilidades de que logre expandir la frontera minera y, por añadidura, la hidrocarburífera.

Pero no sería la primera vez que las Fuerzas Armadas estén al servicio de intereses foráneos. En septiembre de 2005, la Corporación de Construcción de Servicios S.A. (CORPCYS) –constituida en el 2001 y que era parte del halding DINE de las FFAA– suscribió un convenio con la brigada de Aviación del Ejército “Paquisha” No. 15, para prestar servicio aéreo a empresas petroleras privadas. La brigada puso al servicio de la empresa militar 17 aeronaves, tanqueros de combustible, vehículos aeroportuarios y logísticos, así como las propias instalaciones del Ejército. Esto lo denunció la Comisión de Control Cívico de la Corrupción en agosto de 2006, pero quedó en la impunidad.

A todo esto hay que añadir el rol del gobierno de los EE.UU. Tanto en la “Estrategia de Seguridad Nacional” (2022) como en la Estrategia del Teatro de Operaciones del Comando Sur (2017-2027) se identifica a la minería ilícita del oro como una de las amenazas a la seguridad nacional de los EE.UU. Y no les falta razón, pues buena parte del comercio ilícito del oro en los países andinos se realiza en la jurisdiscción de ese país.

El modelo extractivista amenaza la seguridad climática y alimentaria de un país megadiverso y multiétnico. Solo la ceguera estratégica del alto mando militar puede no ver lo evidente.