Luego del paso de Juan Pablo Pozo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pensábamos que sería difícil que alguien más nos pueda generar un nivel tan elevado de desconfianza al frente de la Función Electoral,como la que inspiraba el cortesano de Rafael Correa. Nos equivocamos. Diana Atamaint lo superó. La actual presidenta del CNE hizo todo lo necesario para perder la confianza ciudadana al frente de una elección, de dirigirla y llevarla a buen término. Ningún ciudadano honesto y medianamente informado, me atrevo a escribir, podría confiar en ella, en sus resultados electorales.

Tanta es la desconfianza que nos genera, junto al grupo de consejeros con los cuales comulga en el pleno que, de existir la probabilidad de contratar al Jesucristo celestial como asesor electoral y ella lo hiciese, hasta del hijo de Dios empezaríamos a desconfiar. Asumiríamos que bajó de los cielos para meter mano en las urnas y hacer ganar al candidato preferido de su flamante jefa, aun pierda con los votos. Para bienestar de nuestra fe lo expuesto es un ejemplo extremo e imposible. Lo celestial no opta por tales bajezas. Gracias a Dios.

Volviendo a lo terrenal: la desconfianza del país hacia Atamaint, luego del cuestionado proceso electoral de 2019, en vez de atenuarse enmendando errores y rectificando lo que sea de rectificar, no desmayó. Ella nunca lo permitió. Tanto es el daño causado a la confianza en el CNE que ahora todos damos por cierto lo poco que cuenta ganar en las urnas para alcanzar una dignidad de elección popular. Para la gente gana quien amarra el fraude, quienes ponen sus vocales a contar los votos o el que se impone en el pleno del CNE. Para muestra, basta con revisar la forma en que algunas alcaldías y la prefectura de Los Ríos fueron entregadas.

Con una sentencia del TCE por afectar derechos políticos de candidatos, con entrega de delegaciones electorales a corruptos confesos tipo Luis Loyo, con aprobación de partidos políticos a beneficio de asambleístas envueltos en presuntas pillerías como Daniel Mendoza, con eso y más, ahora Diana Atamaint enfrenta una posible destitución, por no hacer lo que la decencia pública manda: anular actos deshonestos que dieron vida a movimientos políticos. Por no eliminarlos como obliga la honestidad. Esperemos que con todo esto, sea la Contraloría, como un último resquicio, la que devuelva algo de confianza a la Función Electoral, separando del CNE al tridente del fraude.